Con estas legislaciones, los gobiernos de las Comunidades Autónomas se adhieren a la corriente ideológica defendida por los lobbies del feminismo radical y LGBTI, cuya tesis rechaza el sexo biológico como patrón diferenciador y sostiene que el binomio natural hombre-mujer es sólo una convención social y cultural que debe ser sustituida por la libre elección de género.
Este nuevo dogma, que cuando menos carece de base científica y ni siquiera goza de un mayoritario respaldo social, convierte a los gobiernos autonómicos en promotores de un modelo de pensamiento que sólo comparte un sector de la ciudadanía. La exigible neutralidad institucional, tan invocada en otros campos (por ejemplo en la defensa de la laicidad del Estado) se convierte aquí en papel mojado.
El proselitismo de las instituciones de todos en favor de las leyes de identidad de género es especialmente grave cuando afecta a la educación. Su impacto en los menores y en sus familias se sintetiza en estos cinco puntos:
1. Acaban con el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y creencias. 2. Liquidan la libertad de enseñanza. 3. Desorientan a los niños al imponerles la “diversidad sexual”. 4. Discriminan a la familia natural e imponen modelos familiares a padres, maestros y centros de enseñanza. 5. Privilegian con dinero público el adoctrinamiento sexual y entregan la educación de los niños a las organizaciones LGTB.
Cabe recordar que en 2009, y a cuenta de otro intento de adoctrinamiento, el de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el Tribunal Supremo dictó sentencia y declaró sobre este tipo de leyes:
No autorizan a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.
Además, se pronunció a favor de dejar abierta la posibilidad de solicitar que las leyes se anulen:
1. Si éstas invadieran el derecho de los padres a decidir la enseñanza que deben recibir sus hijos en materia religiosa o moral. 2. A nivel autonómico, las acciones de los grupos de presión feministas y LGTBI persiguen, en última instancia, la creación de una ley estatal (las autonómicas son el primer paso) inatacable desde cualquier otra instancia de pensamiento, ética, moral o religiosa; la adquisición de derechos exclusivos; y la imposición final a todos los ciudadanos de su modelo ideológico, cuya implantación supone la destrucción de la familia universal.
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