LA VERDAD SOBRE LA LEY LGBTI
“Los cursillos de educación sexual en las aulas
bordean la corrupción de menores = infanticidio”
La ley de imposición de la ideología de género aprobada por unanimidad de todos los partidos representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) se presenta como una norma protectora para algunas personas, pero en realidad se trata de una norma coercitiva para todos los ciudadanos y asfixiante para quienes discrepen de ella. Así lo sintetiza este vídeo de La Contra TV basándose en el propio articulado de la ley. Pincha aquí para ampliar la información.
El 14 de julio de 2016, la Asamblea de Madrid aprobó una ley de imposición de la ideología de género bajo la denominación Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid.
La norma fue impulsada por el PP y enmendada por la oposición, para ser finalmente aprobada por unanimidad de los cuatro grupos presentes en la cámara: PSOE, Ciudadanos y Podemos, además del partido gobernante y mayoritario.
La normativa madrileña se suma a otras diez aprobadas por sendas comunidades autónomas (la Comunidad Valenciana está actualmente tramitando la suya), todas en el mismo sentido aunque con distinto grado de carácter coactivo contra quienes disientan de la ideología de género. La impulsada, aprobada y aplicada por el gobierno del PP en Madrid figura entre las más duras: "Genera una profunda inseguridad jurídica y representa una eventual amenaza para las libertades indigna de un Estado de Derecho" según el informe elaborado por Benigno Blanco.
De hecho, la ley ya se ha invocado para intentar censurar el ejercicio profesional de la coach Elena Lorenzo, y para tratar de sancionar al colegio católico Juan Pablo II de Alcorcón a causa del contenido, discrepante con la ley, de una carta de su director: un caso en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha implicado personalmente ante los medios de comunicación.
En España la Clinton tiene una seguidora y admiradora. Se trata de Cristina Cifuentes, que ha hecho aprobar una Ley en el parlamento de la Comunidad de Madrid sobre ideología de género, en la que trata de imponer esa seudoeducación anticristiana y anti sentido común en toda la comunidad educativa. Su objetivo de suprimir el concierto económico a aquellos centros que no impartan la ideología de género, aparte de otras múltiples violaciones de los derechos humanos, como el impedir a un homosexual que intente llegar a la heterosexualidad: significaría una actitud totalitaria y el comienzo de una persecución religiosa.
Dos datos: si uno lee la encíclica Mit brennender Sorge de Pío XI en 1937 se da cuenta de que, en educación, nazis y laicistas defienden lo mismo, pues las críticas de Pío XI son válidas hoy para nuestros laicistas. Por su parte San Pablo en la Carta a los Romanos nos dice: “Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a su naturaleza; de igual modo los hombres, abandonando las relaciones naturales con la mujer, se abrasaron en sus deseos, unos de otros, cometiendo la infamia de las relaciones de hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el pago merecido por su extravío. Y como no juzgaron conveniente prestar reconocimiento a Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene” (Rom 1,26-28). Y es que el no creer en Dios, acaba conduciendo a los individuos y a las naciones a la decadencia y a la degeneración moral.
"Nunca tan pocos obligaron tanto a tantos", sintetizó Gonzalo Altozano.
La exposición de motivos de una y otra norma apunta a la no discriminación de un colectivo: el LGBTI. Sin embargo, la lectura desapasionada de su articulado pone de relieve que el propósito de las leyes es otro: la imposición de una dictadura del pensamiento.
“Enhorabuena, ha sido niño”. O:
“Enhorabuena, ha sido niña”. Durante años, esta ha sido la manera con que los médicos felicitaban a las mujeres que acababan de ser madres. Sin embargo, la frase está hoy en vías de extinción, al borde del desuso. Y no porque las ciencias hayan adelantado tanto que el sexo del bebé se sepa desde meses antes del parto. Sino porque lo que hasta hacía poco se entendía como una fórmula de cortesía, a partir de ahora puede interpretarse como la expresión de un prejuicio o, más grave todavía, de una ofensa. Prejuicio u ofensa, en cualquier caso, que podrían acarrear al médico que fuera el pago de una multa; o la inhabilitación para ejercer su profesión; o el repudio social; o su entrada en la cárcel; o todo esto junto.
Un problema para cada solución
Nada de lo anterior es el resultado de una de esas novelas distópicas que imaginan sociedades de pesadilla donde las personas viven alienadas, como 1984 o Un mundo feliz. O sea, que no se trata de poner a funcionar la imaginación. Ni tampoco de viajar a otro planeta o a un futuro lejano. De hecho, no hace falta moverse del sofá. Basta con buscar en el mapa uno de esos sitios donde los políticos encuentran un problema para cada solución. O sea, casi cualquier punto del planeta. Madrid, sin ir más lejos. El Madrid del año en curso. Madrid, 2016.
Policía del pensamiento
En fecha tan reciente como los pasados meses de agosto y marzo, la Asamblea de Madrid aprobó dos leyes en materia LGBTI, es decir, en materia de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales. La exposición de motivos de una y otra norma apunta a la no discriminación de un colectivo: el LGBTI. Sin embargo, la lectura desapasionada de su articulado pone de relieve que el propósito de las leyes es otro: la imposición de una dictadura del pensamiento, con su policía y todo; dictadura camuflada bajo el nombre de ideología de género.
El nuevo orden de cosas
En el mundo que recrea la ideología de género, nadie nace hombre o mujer. Los genitales del bebé, de hecho, no suponen una evidencia biológica, en todo caso un arraigado prejuicio. Por eso el médico que felicita a la mamá queda fuera del nuevo orden de cosas. Porque se hace eco de un prejuicio y, con el prejuicio, de una ofensa. Y es que en la realidad que reinventa la ideología de género, cada cual determina su propio sexo, libremente, las veces que desee, y sin necesidad de informes de ningún tipo u operaciones quirúrgicas; basta con una declaración de la voluntad en el Registro Civil.
A mandar, Sire
El problema, sin embargo, no es cuando alguien se cree Napoleón. El problema es cuando al resto se le obliga a dar a quien tal cosa sostenga el tratamiento de Sire. Algo similar ocurre con las leyes de ideología de género en vigor en Madrid, en el sentido de que la sola voluntad de una persona obliga al resto; leyes, a propósito, elaboradas al dictado de la minoría LGBTI. Porque, a pesar de ser disposiciones que afectan a todos los madrileños, reguladoras de aspectos muy sensibles, sobre los que no hay unanimidad, a pesar de todo esto, en fin, de ningunos otros actores sociales se ha recabado la opinión.
Las nuevas tablas de la ley
Así, la propia Asamblea de Madrid reconoció en un escrito de mayo de 2016 que en el proceso de elaboración de las normas no se consultó con expertos de ningún tipo, ni siquiera científicos. Lo cual hubiera sido aconsejable, pues la nueva normativa incluye en la cartera de servicios médicos básicos los muy discutidos métodos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad o las intervenciones quirúrgicas de carácter irreversible en menores. Lo grave es que al no tenerse en cuenta las opiniones médicas desfavorables, la ideología de género adquiere naturaleza de dogma, de verdad revelada, de tablas de la ley. De esta manera, la legislación LGBTI aprobada no solo prohíbe el desacuerdo, también la indiferencia, obligando a todos a la adhesión inquebrantable. Y desde la cuna a la tumba.
A, B, C, D… L, G, B, T, I…
Porque, a partir de ahora, la ideología de género estará presente en la educación de los 0 hasta los 18 años, y eso para empezar. Estará presente en las aulas no como asignatura, sino como idea fuerza, como principio informador. Así, no es exagerado imaginar que las letras del abecedario podrán aprenderse con las siglas LGBTI y de los distintos, posibles e infinitos géneros que cada día se inventan; o que los anticuados problemas de matemáticas y física, por ejemplo, no se resolverán a menos que incluyan en su formulación a un andrógino y a una drag queen, lo que servirá de paso para ilustrar los nuevos modelos de familia; o que la historia no será ya la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos sucesivamente, sino que habrá de estudiarse como la lucha de siglos de un único colectivo, el LGBTI.
De obligada conmemoración
Pero, ojo, que lo que puede sonar a broma está a punto de ser una realidad. Como lo es desde ya la obligatoriedad de conmemorar en las aulas las dos fechas claves del movimiento LGBTI: el 17 de mayo y el 18 de junio. Y todo lo anterior sin importar que el colegio de que se trate sea de titularidad pública o privada. Ni tampoco el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Lo único para lo que se requiere la autorización de los progenitores es cuando el menor quiere someterse a un tratamiento de transexualidad; autorización que, en caso de ser negativa, siempre podrá ser revocada.
Al infierno con La Divina Comedia
Por otro lado, en los campus universitarios se va a fomentar el estudio de la cuestión LGBTI, siempre que las conclusiones a las que lleguen las investigaciones no pongan en duda los presupuestos de la ideología de género. Algo similar sucede con las bibliotecas públicas, obligadas a disponer de un fondo documental sobre el asunto, cuyos títulos, eso sí, no podrán contradecir la llamada diversidad sexual. ¿Significa eso la restauración del índice de libros prohibidos? ¿Arderá en una pira, entre muchísimos otros clásicos de la literatura, La Divina Comedia? ¿Veremos salir de las iglesias esposados a los curas los domingos en que la lectura no sea del agrado del lobby?
Un único discurso
Lo que sí vamos a ver y por ley es ondear la bandera del arcoiris en la Asamblea de Madrid y en la sede de su Gobierno los días 17 de mayo y 18 de junio. Los ayuntamientos y el resto de edificios públicos, en cambio, tienen libertad para izar o no la enseña… de momento. A los que no les queda sino adaptar sus libros de estilo y líneas editoriales al credo LGBTI es a los medios de comunicación de titularidad pública y a aquellos otros privados receptores de ayudas, fondos y subvenciones; o sea, la práctica totalidad. Por su parte, las empresas que quieran contratar con la Administración, además de solvencia técnica, no solo han estar libres de toda sospecha discriminatoria, sino acreditar también buenas prácticas LGBTI. Los partidos políticos, en fin, pueden mantener diferentes discursos sobre cualquier asunto, salvo uno: la ideología de género.
Supuestos de laboratorio
Así se denominan las situaciones disparatadas a las que puede dar lugar la aplicación de una ley cualquiera. Suele tratarse, ahora bien, de efectos no previstos durante la elaboración de la norma y que rara vez suceden. Pues bien, las leyes de género recién aprobadas no solo tienen como resultado un sinfín de casos así, sino que ellas mismas son un enorme supuesto de laboratorio.
El mundo al revés
Tan es así que el propio articulado posibilita el absurdo. Por ejemplo, si el matrimonio formado por un hombre y una mujer acude al Registro Civil, y cada uno solicita sobre el papel el cambio de sexo, y al llegar a casa protagonizan un episodio de violencia, el Estado ofrecerá toda su protección a quien figure como mujer, con independencia de si nació hombre.
Colegiales con uniforme de colegialas
En otras ocasiones, las leyes LGBTI de la Comunidad de Madrid no solo prevén lo imprevisible, sino que directamente lo regulan. Tal es el caso del niño que se siente niña -o viceversa- y elige vestir el uniforme de sus compañeras. Los profesores no solo no podrán impedírselo, sino que estarán obligados a llamar a quien sea con el nombre con que desee ser llamado. Y algo parecido con los funcionarios de la Administración. A este respecto, se recomienda que, en caso de duda, se dirijan a los administrados por el apellido, conjurando así la posibilidad de una multa. Porque junto a la llamada discriminación por error, se regula también un sistema de sanciones, de los 3.000 a los 45.000 euros.
¿Y el PP, qué opina de todo esto?
En este sentido, una de las conductas más duramente perseguidas y castigadas es la de aquellos que traten de ayudar a quien quiera ser heterosexual. Es irrelevante que la persona haya acudido sin coacciones y por su propia iniciativa al despacho parroquial, la consulta del médico o el lugar de que se trate. La cosa está terminantemente prohibida y punto. Lo que significa que en el gran tablero de la ideología de género uno puede caer en cualquier casilla salvo la de la heterosexualidad. Con que si lo que se pretendía con leyes así era la reparación de una injusticia histórica, se ha incurrido en una todavía mayor. Desde luego, nunca tan pocos obligaron tanto a tantos. ¿Y el PP? ¿Qué opina de todo esto? ¡Ah, leñe! Que me dijo usted que el PP ha sido el principal promotor de la cosa.
Pide al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
que intervenga en defensa de la libertad
y los derechos de los padres.
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