El paro petrolero en Venezuela de 2002-2003, llamado también Paro Nacional o Huelga General, consistió en una huelga o paralización de actividades laborales y económicas de carácter general e indefinido contra el RÉGIMEN TOTALITARIO DICTATORIAL de Hugo Chávez, promovido principalmente por la organización gremial Fedecámaras, y secundado por la directiva y trabajadores de la nómina mayor de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), los partidos de oposición aglutinados en la coalición Coordinadora Democrática, el sindicato Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV), diversas organizaciones como Súmate e incluso medios de comunicación privados de prensa, radio y televisión. Uno de los motivos se inicia al pasar por encima de la meritocracia de la empresa cuando en febrero de 2002 Hugo Chávez designa una nueva directiva dirigida por el economista de izquierda Gastón Parra Luzardo en reemplazo del General Guaicaipuro Lameda. En abril de 2002, en medios de televisión Hugo Chávez despidió a siete altos funcionarios y amenazó con despedirlos a todos.1 Posteriormente tendrían lugar los sucesos del 11 de abril de ese año que culminaron con el breve derrocamiento de Chávez, que duró menos de 48 horas. El paro se extendió desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003, siendo una de las huelgas generales de mayor duración de la historia. Según los seguidores del gobierno, este paro no fue una huelga, en su precisa y correcta concepción jurídica, sino una medida de protesta política.
Antecedentes
En noviembre de 2000, la Asamblea Nacional —en la cual los partidos que apoyan al presidente Chávez tenían una mayoría calificada superior al 66%2— otorgó poderes especiales al jefe de Estado que le permitieron gobernar por decreto, además de presentar y aprobar un paquete de leyes acorde con su programa político y la nueva Constitución, constituida en diciembre de 1999, por referendo popular.
Varios meses después, a mediados de 2001, el Ejecutivo logró la aprobación de 49 leyes a través de la Ley Habilitante dada por el parlamento.3 Entre las leyes más polémicas se encontraban la Ley Orgánica de Hidrocarburos4 que incrementaba al 30% la tributación de las transnacionales en las actividades de extracción petrolífera, y fijaba en el 51% la participación mínima del Estado en sociedades mixtas, la Ley de Pesca5 que imponía fuertes restricciones a la pesca de arrastre y comercial en beneficio de los pescadores artesanales y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario6 que permitía expropiar latifundios y beneficiaba a los campesinos que buscaban cultivar pequeñas extensiones de tierra.
Las leyes generaron un fuerte rechazo por parte del sector empresarial y la clase media. Estos consideraron antidemocrática la actitud del gobierno de Chávez, y anticonstitucional dicho paquete legislativo. Por esta razón, la patronal Fedecámaras convocó un paro nacional de 12 horas para el día 10 de diciembre de 2001, acción que fue respaldada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) el principal sindicato obrero del país. A partir de ese momento, muchos dirigentes de la oposición pidieron la renuncia de Chávez, petición siempre rechazada por él.
Igualmente, varios aliados del presidente Chávez, como Luis Miquilena y algunos de sus seguidores, retiraron el apoyo al presidente Chávez y paulatinamente se pasaron a la oposición. Posteriormente se conoció que la principal razón de su retiro fue la negativa del presidente Chávez a dar marcha atrás a dichas leyes.
Control de PDVSA
Otra de las razones del paro fue la lucha por el control de la petrolera estatal Pdvsa, una industria vital para Venezuela como quinto mayor productor de petróleo a nivel mundial. El presidente Chávez argumentaba que la misma era una "caja negra",7 que sus directivos se negaban a dar mayores informes sobre lo que ocurría dentro de la organización, y que la gerencia media no aceptaba instrucciones para cambiar las políticas de funcionamiento de la empresa. Dicha gerencia apostaba por mantener el control sobre las decisiones de la compañía, entre ellas las de vender grandes cantidades de crudo a bajos precios, lo que iba en choque directo con las políticas del Presidente Chávez de fortalecer la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y mantenerse dentro de las cuotas de producción asignadas en la organización petrolera. Chávez argumentaba además que quería revisar las cuentas de Pdvsa para entender el porqué de sus altos gastos, y entonces re-orientar a la petrolera para incrementar su labor social; los gerentes medios afirmaban que el gobierno intentaba politizar la empresa y acabar con la meritocracia, o ascenso por méritos, (lo cual efectivamente sucedió y sigue sucediendo). El rendimiento de la estatal petrolera se deterioró rápidamente luego que el gobierno tomo control de la misma, hasta llegar a niveles de inseguridad inauditos, lo que genera múltiples incendios, explosiones y accidentes laborales constantemente.
Como el presidente Chávez no aceptó las exigencias de los empresarios, sindicatos y partidos de oposición en retirar el paquete legislativo y dejar de imponer a militares con desconocimiento absoluta del manejo de la estatal petrolera, estos convocaron a un primer paro de 24 horas el 9 de diciembre de 2001, y luego a un segundo paro el 9 de abril de 2002 que se convirtió en indefinido.8
Este paro fue apoyado por los empleados de la nómina mayor y menor de PDVSA, quienes dejaron de trabajar y rechazaron la nueva junta directiva que Chávez había designado en la industria, constituida por personas ajenas a la industria, sin conocimiento de los procesos que en ella operaban. En respuesta, Chávez despidió a través de los medios de comunicación a la plana mayor y a más de diecisiete mil (17.000) empleados de la nómina menor: obreros, secretarias, operadores de plantas, capataces, supervisores de mandos medios, etc; lo que provocó que la oposición radicalizara sus acciones de protesta al tercer día. El 11 de abril, mientras continuaba el paro, líderes de la oposición decidieron desviar la marcha que tenían prevista originalmente desde Parque del Este a Pdvsa-Chuao, para dirigirse hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, provocando un enfrentamiento entre afectos al gobierno que se encontraban en el lugar, y alentando el golpe de estado, que derrocó a Chávez por dos días. Sectores contrarios al gobierno insisten que Chávez renunció al poder tal como fue comunicado en cadena nacional por su ministro de defensa.
Después del golpe y del retorno del presidente Chávez al poder, la inestabilidad no cesó. A pesar que Chávez aceptó iniciar conversaciones con la oposición, de que se establecieron mesas de diálogo entre ambas partes con la mediación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el mismo presidente Chávez levantó la mesa de diálogo por considerar "que no se podía negociar con golpistas" y semanas después se reiniciaron las protestas opositoras.
Más 15 mil empleados de la industria estatal petrolera que participaron en el paro fueron desincorporados de la nómina, a pesar de los pedidos y exigencias constante de la oposición para su reenganche, sin que hasta la actualidad de le haya hecho pago alguno de sus haberes o ahorros que mantienen en la industria. De esa manera, el gobierno logró ganar la lucha por el control de Pdvsa. La estatal pasó a ser un ente bajo el control y la tutela del Ministerio de Energía y Petróleo, y fue completamente reestructurada.
Sus sedes ubicadas en Caracas (donde trabajaban la mayoría de los gerentes y nomina mayor desincorporados) fueron consideradas excesivas; la sede de Los Chaguaramos fue cedida a la Universidad Bolivariana de Venezuela y la sede de Chuao, emblemática para la oposición, fue cedida a la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA). La sede de La Campiña fue parcialmente cedida al Ministerio de Energía y Petróleo (como estaba previsto en los planes de construcción de El Complejo desde la década del '70); otras sedes en el interior también fueron cedidas a entes educativos públicos.
La reestructuración de Pdvsa le permitió apoyar y financiar directamente varias misiones educativas y sociales que el gobierno llevaba adelante, entre ellas la "Misión Sucre", que brinda educación superior a los jóvenes que no pudieron ingresar a las universidades. Igualmente, la petrolera se aperturó más para incluir a cooperativas y PYMEs entre las empresas a las cuales contrataba para sus servicios, y está preparándose para iniciar la migración de sus sistemas hacia Software Libre, según lo acordado en un decreto presidencial reciente. Con las consecuencias del deterioro y mal funcionamiento de la empresa, todo ello por desviar el presupuesto que correspondía a mantenimiento de la misma, a las misiones y apoyos a grupos afectos al gobierno, lo que ha generado consecuencias nefastas a la industria y a las poblaciones adyacentes a su entorno, prueba de ello la explosión ocurrida en agosto de 2012 en el Complejo refinador Paraguaná y corroborado por la entrega de memoria y cuentas del entonces Ministro de Energía y Petróleo ante la Asamblea Nacional, donde se evidencia la falta de ocurrencia de 6 mantenimientos mayores que debieron efectuarse ese año a dicho complejo Refinador.
Según el gobierno las ganancias que el Estado recibe de Pdvsa se incrementaron como resultado de la reestructuración, en un principio la oposición alega bajas ganancias, por la supuesta inoperancia de los nuevos trabajadores, lo cual parece confirmar las quejas sobre los manejos que hacía la meritocracia petrolera. Sin embargo, estas ganancias también son criticadas por la oposición, quienes afirman que el país no ha mejorado a pesar de las enormes entradas monetarias. PDVSA comenzó paradójicamente a acumular deuda y tanto su producción como su estado financiero real se desconocen pues el gobierno se niega a hacer públicas las cifras contables e impide cualquier intento de auditoría independiente convirtiéndola en una verdadera caja negra, término con el que Chávez insistía en calificar a la estatal petrolera que antes del paro se encontraba entre las empresas líderes en el sector petroleoquímico mundial.
Una vez estaba claro que el presidente Chávez no iba a renunciar, el paro pasó a tener otros objetivos que tampoco se cumplieron: el referéndum no vinculante exigido por la oposición para consultar la permanencia de Chávez en el poder no se realizó por no estar en la Constitución. Finalmente se realizó un Referéndum en el 2004 que ganó el presidente Chávez. Las leyes aprobadas en 2001 por habilitante no fueron anuladas. La lucha de los trabajadores petroleros oposicionistas se quebró cuando todos los que se unieron al paro fueron despedidos.
- «Crisis en Venezuela: cómo se produjo la dramática caída de PDVSA, la joya de la corona del país latinoamericano». BBC News. 5 de febrero de 2019.
- ↑ «Wayback Machine». web.archive.org. 18 de julio de 2010. Archivado desde el original el 18 de julio de 2010. Consultado el 23 de noviembre de 2017.
- ↑ Aprobación de la AN Archivado el 9 de agosto de 2017 en Wayback Machine.
- ↑ «Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en 2001». Archivado desde el original el 17 de agosto de 2006. Consultado el 27 de julio de 2006.
- ↑ «Ley de Pesca aprobada en 2001». Archivado desde el original el 17 de agosto de 2006. Consultado el 27 de julio de 2006.
- ↑ «Ley de tierra aprobada en 2001». Archivado desde el original el 17 de agosto de 2006. Consultado el 27 de julio de 2006.
- ↑ «Discurso donde el Presidente Chávez hace referencia a la "caja negra"». Archivado desde el original el 17 de agosto de 2006. Consultado el 27 de julio de 2006.
- ↑ «Huelga Indefinida a favor de PDVSA (Ni un paso atrás)». Efemérides Venezolanas, 2000-2017. 9 de abril de 2002. Archivado desde Cronología del llamado a huelga del 9 de abril de 2002 el original el 29 de junio de 2012. Consultado el 27 de diciembre de 2017. «Para este martes 9 de abril fue convocado un paro nacional de actividades por 24 horas. La iniciativa fue tomada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, en respaldo a los trabajadores de la nómina mayor de PDVSA, quienes radicalizaron sus acciones desde el pasado 4 de abril y la destitución de siete gerentes de la empresa por parte de la junta directiva de la estatal y el gobierno.».
Las protestas en Venezuela de 2004 fueron una serie de protestas antigubernamentales llevadas a cabo en el marco del proyecto del referéndum revocatorio de Venezuela de 2004.
Antecedentes
El gobierno de Hugo Chávez atravesaba por una fuerte crisis política desde el año 2002, situación que provocó el golpe de Estado en Venezuela de 2002, la rebelión de los militares de Plaza Altamira y la paro general en Venezuela de 2002-2003.
El Firmazo y Reafirmazo
En enero decenas de miles de opositores y partidarios del presidente Hugo Chávez marcharon en Caracas en protestas rivales sobre si Chávez debería someterse a un referéndum revocatorio. En febrero de 2003 la Coordinadora Democrática inicio la recolección de firmas para activar la revocatoria del mandato al gobierno de Chávez, lo que denominaron como El Firmazo, recolectando 3,2 millones de firmas, sin embargo el Consejo Nacional Electoral consideró que las firmas recogidas a través de El Firmazo no eran válidas debido a que fueron recogidas prematuramente. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2003 Súmate recolectó 3.448.747 de nuevas firmas bajo un evento denominado como el Reafirmazo.
La Lista Tascón
La Lista Tascón fue una publicación en Internet de las firmas recolectadas entre los años 2003 y 2004 para la destitución del presidente de Venezuela, Hugo Chávez mediante un referéndum revocatorio, que culminó en contra de los firmantes. Antes y luego del referéndum hubo denuncias del uso de la lista por parte del gobierno y sus simpatizantes para discriminar a los opositores. El nombre se debe al diputado Luis Tascón, quien fuera designado por el presidente Chávez para divulgar dicha lista como parte del proceso ad hoc de verificación de las firmas.
Se inició un movimiento de recolección de firmas a mediados de 2003. El 17 de octubre de 2003, el presidente Chávez dijo en Aló Presidente que «los que firmen contra Chávez estarán firmando contra la patria, contra el futuro», y agregó que quien firme a favor del referendo revocatorio «quedará registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido, su firma, su número de cédula y su huella digital».
Tascón posteriormente publicó en su sitio web una base de datos de más de 2 400 000 venezolanos que habían apoyado la petición, junto a su número de cédula de identidad. Tascón dijo que la publicó con el objetivo de que los que aparecieran en ella, pero que no hubiesen firmado, pudieran realizar una queja en el CNE.
El 20 de abril de 2004 el CNE publicó oficialmente la lista de los firmantes y crearon un sitio web donde los firmantes podían determinar el estado de su adhesión: aceptada, rechazada o por verificar. El gobierno afirmó que algunas organizaciones privadas la estaban usando para discriminar en favor de los peticionarios, sin embargo fueron varios ministerios y dependencias públicas quienes despidieron a cientos de trabajadores que participaron en el proceso de recolección de firmas y que fueron considerados como un acto de terrorismo.
En cuanto la lista fue publicada, Chávez, en una transmisión por Venezolana de Televisión, alentó el uso del sitio web para verificar el uso ilícito de las cédulas de identidad. Roger Capella, ministro de salud, declaró que "quienes hayan firmado contra el presidente Chávez" serán despedidos "porque se trata de un acto de terrorismo". Hubo descontento público, en especial de Súmate, debido a reportes de despidos de puestos públicos, rechazos laborales y marginación de algunos servicios públicos en contra las personas aparecidas en la lista.
En julio de 2004, el acceso a la base de datos fue concedido exclusivamente a los "Batallones Bolivarianos de Internet" (BBI), una red bajo la tutela del Comando Maisanta, quienes tras registrarse en el sitio de Tascón podían obtener acceso a la lista. Uno de los requisitos indispensables para ser validado era no haber firmado para la petición del referendo.
Protestas
El Consejo Nacional Electoral procedió a la revisión casi un mes después de la fecha en la que las firmas fueron presentadas el 13 de enero de 2004. A finales de febrero de 2004 el Consejo Nacional Electoral no iba a aceptar como válidas suficientes firmas para celebrar el referéndum, situación criticada por la Organización de los Estados Americanos y el Centro Carter. Esto inicio una ola de protestas.
El 27 de febrero la periodista de Últimas Noticias Berenice Gómez fue golpeada y amenazada en medio de una manifestación, al igual que el camarógrafo de Televen Frank Molina a quien, además le arrebataron sus equipos. Su compañero Carlos Montenegro recibió un impacto de bala.
El 28 de febrero, en el marco de la 12.ª Cumbre del G-15 manifestantes de la oposición intentaron llegar a la sede de la cumbre, para entregar un documento de protesta contra el gobierno de Hugo Chávez, pero fueron dispersados por la Guardia Nacional Bolivariana con gases lacrimógenos y estallaron disparos. El gobierno suspendió las transmisiones en vivo de los disturbios. Los hechos saldaron con 2 personas muertas y 39 heridas, 15 con heridas de bala. El alcalde de Caracas Alfredo Peña condenó los hechos. Los fallecidos fueron Alberto Aumbret de 65 años y Juan Carlos Lugo de 25 años, quienes presentaron heridas de bala en el tórax y en el cuello respectivamente.
Las protestas continuaron por los siguientes días, registrándose un uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad del estado, lo que fue justificado por el gobierno. El 1 de marzo la Guardia Nacional Bolivariana detuvo al maestro de la Orquesta Sinfónica Venezuela Carlos Eduardo Izcaray Pinto, a pesar de solo estar de testigo en una manifestación, fue torturado y amenazado de muerte. Ese mismo día, Cosme Biella es asesinado por agentes de seguridad y trasladado a un hospital, donde declararon falsamente que había sido víctima de un ladrón armado.
El 2 de marzo William Morales Álvarez de 23 fue asesinado de un disparo en la espalda durante la disolución de una protesta en las cercanías de su casa en Caracas. El 5 de marzo la dirigente de Acción Democrática Eva Carrizo es asesinada por Ramsor Bracho, miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, durante una manifestación en Machiques, estado Zulia. Las manifestaciones iniciadas el 27 de febrero hasta el 5 de marzo saldaron con 14 muertos, 200 heridos y 500 arrestados. Los manifestantes envolvieron sus rostros con banderas venezolanas para protegerse de los gases lacrimógenos. También se denunciaron torturas contra los manifestantes detenidos y algunos fueron enviados a prisiones comunes como la Cárcel de Santa Ana del Táchira.
El disidente cubano Roberto Alonso coordinó tácticas de barricadas durante las manifestaciones, por lo que fue perseguido por el gobierno. El ministro de defensa Jorge García Carneiro suspendió el libre porte de armas. La Coordinadora Democrática denunció que el gobierno de Hugo Chávez incurrió en "la violación masiva de derechos humanos". La violencia ocasiono el cierre temporal de algunos negocios y escuelas. Tales hechos provocaron la renuncia embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Milos Alcalay.
El 7 de marzo se concentro una manifestación de 500.000 personas. Para el 13 de mayo al menos 3 periodistas habían sido arrestados por dar cobertura a las protestas. También se denunció la desaparición forzada de 7 manifestantes. Jesús Torrealba, vocero de la Coordinadora Democrática señaló que las protestas han dejado 1758 heridos a nivel nacional.
Tras una nueva revalidación de firmas finalmente se aprueba el inicio de la campaña para el referéndum revocatorio el 4 de junio. Durante ese día hubo disturbios progubernamentales durante las cuales Rómulo José Frías Carpio murió debido a un impacto de bala en la región cervical, además hubo otro herido de bala. El 27 de julio los periodistas Juan Carlos Aguirre y Alejandro Marcano fueron atacados por la Guardia Nacional Bolivariana mientras cubrían una protesta violenta en Caracas.
Tras el referéndum
El 15 de agosto se llevó a cabo el referéndum revocatorio de Venezuela de 2004, en el cual Hugo Chávez fue declarado ganador con el 59,1% de los votos. Sin embargo, la oposición no aceptó los resultados, argumentando fraude electoral. Maritza Ron Diez fue asesinada y varias personas resultaron heridas de bala durante al ser atacados por círculos bolivarianos una manifestación convocada por la oposición en la Plaza Altamira de Caracas para protestar por lo que consideran un "fraude" Se reportaron un total de 12 heridos, entre ellos el diputado de Solidaridad Ernesto Alvarenga quien recibió un impacto en el tórax.
El Centro Carter desestimó las acusaciones de fraude. Human Rights Watch instó al gobierno a solucionar la crisis política y enjuiciara los responsables de las muertes en las protestas.
Las protestas en Venezuela de 2007 fueron una serie de protestas llevadas a cabo por diversos motivos, entre los más relevantes el cierre de RCTV y el referéndum constitucional propuesto por el presidente Hugo Chávez.
Primeras manifestaciones
El 9 de enero de 2007, manifestaciones en Catia La Mar que solicitaban la destitución del gobernador Antonio Rodríguez San Juan terminaron 4 personas detenidas. A mediados de enero después de que un funcionario policial hiriera a 2 estudiantes, inician protestas en la Escuela Técnica Industrial Rubén González, que dejan 2 estudiantes heridos y 13 detenidos, y 5 funcionarios lesionados. El 2 de febrero una protesta de mineros del estado Bolívar deja 10 detenidos. El 7 de febrero 16 estudiantes deben ser atendidos por presentar principio de asfixia a causa de los gases lacrimógenos lanzados durante una manifestación en Caracas en donde funcionarios policiales también resultaron heridos. El día 14 la policía del estado dispersa la protesta en la Villa Olímpica de Naguanagua, estado Carabobo, lanzando gases lacrimógenos y perdigones, resultando 6 atletas heridos y 4 intoxicados.
Cierre de RCTV
En diciembre de 2006, el presidente Hugo Chávez anunció su intención de cerrar Radio Caracas Televisión (RCTV), el último canal de televisión crítico del país, lo que provocó miles de manifestaciones en todo el país. Estudiantes universitarios y escolares se reunieron en todo el país y organizaron talleres sobre principios de derechos humanos; el cierre previsto "violó dos derechos humanos: la libertad de expresión y la libertad de pensamiento". El 27 de mayo de 2007 un enfrentamiento en Caracas deja 11 policías heridos y 15 manifestantes fueron detenidos.
El 28 de mayo de 2007, el gobierno venezolano no renovó la licencia de transmisión de RCTV. En los días previos a la decisión, estudiantes de diferentes universidades del país ya habían comenzado a reunirse en sus campus para protestar. Creían que sin RCTV, la gente se quedaría sin una fuente objetiva de información, ya que todos los demás canales privados habían hecho tratados con el gobierno sobre qué transmitir. El día que se hizo el anuncio, las protestas estudiantiles fueron disueltas violentamente por la Guardia Nacional Bolivariana utilizando gases lacrimógenos y disparos de rifle de fogueo, mientras que algunos estudiantes que protestaban incluso fueron atacados con munición real por Chavistas. Disturbios de Caracas resultaron tres manifestantes heridos y un policía, ese mismo día 4 personas fueron heridas de bala en Valencia.
Las protestas en Venezuela de 2014 fueron una serie de protestas a nivel nacional y después a nivel internacional en contra del primer gobierno de Nicolás Maduro y las políticas económicas adoptadas por su gobierno en el país, que tenía la inflación más alta del mundo para ese momento, y que atravesaba una escasez crónica de productos básicos, sumado al descontento ante la vulneración de los derechos civiles («suspensión de garantías»), altos niveles de violencia delictiva (206 592 venezolanos asesinados durante el periodo de gobierno de la revolución bolivariana hasta 2013) y vinculación de Cuba en la política de Venezuela. Terminaron con un saldo de 43 fallecidos, más de 486 heridos y 1854 detenidos, según un informe de la Fiscalía General de la República y 33 casos de tortura, según el Foro Penal Venezolano.
Comenzaron en la ciudad de Mérida el 5 de enero tras la muerte del bachiller Héctor Moreno de la Universidad de los Andes-Mérida, para luego intensificarse el 4 de febrero en San Cristóbal estado Táchira tras el intento de violación de una estudiante de la ULA-Táchira y estallar el 12 de febrero en la capital, Caracas, y el resto del país, como consecuencia de la delincuencia, alta inflación y escasez de productos básicos. El 12 de febrero de 2014, la ciudad de Caracas se sumó a las protestas convocadas por los líderes de la oposición venezolana Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López y organizadas en conjunto con movimientos estudiantiles.
El Ejecutivo afirmó que no se suspenderían garantías y que en Venezuela se vivía el pleno ejercicio de las libertades civiles constitucionales.
Se registraron actos vandálicos contra bienes públicos en medio de las manifestaciones, que el gobierno venezolano atribuyó a opositores, así como la existencia de bandas armadas motorizadas o «colectivos», formadas por simpatizantes del gobierno, que atacaron a los manifestantes de la oposición y que habrían causado varias muertes y agresiones.
La cobertura de medios estuvo polarizada y atravesada por el retiro temporal de los permisos de funcionamiento y señal dentro de Venezuela del canal colombiano NTN24 y el canal estadounidense CNN en Español, (decisión retractada por el gobierno el 22 de febrero, un bloqueo adicional de la señal en Internet, que terminó en la emisión de nuevas credenciales para los periodistas de la cadena estadounidense) y las denuncias de Twitter acerca del bloqueo de mensajes en Venezuela, señalamientos rechazadas por la operadora estatal.
Las protestas en Venezuela de 2017 fueron una ola de protestas a nivel nacional e internacional en contra del presidente Nicolás Maduro originada por la crisis institucional de Venezuela y otros eventos relacionados con la conflictividad política de ese país en los meses precedentes, principalmente posteriores a las elecciones parlamentarias de 2015 que terminaron con un saldo de 163 muertos, 2977 heridos y 1351 detenidos, según el Foro Penal Venezolano.
Después de la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente que asumió las competencias de la Asamblea Nacional, que fue considerada por elTribunal Supremo de Justicia en desacato, y extendiera los poderes del presidente Nicolás Maduro, se originó una nueva oleada de protestas y una crisis constitucional en Venezuela por la «ruptura del hilo constitucional». Al momento de darse las sentencias, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos de la región, fue mayoritariamente negativa, llegando a ser calificadas dichas acciones como un «autogolpe de Estado» que buscaba desempoderar a la Asamblea Nacional, lo que suscitó protestas en Caracas y otras ciudades del país.
En Venezuela, el índice inflacionario correspondiente a este periodo ―según estimaciones privadas― habría sobrepasado el 500 %.Mientras que para inicios del año 2017, en los últimos tres años de gobierno de Nicolás Maduro, la delincuencia era elevada, de hecho, en el país habían sido asesinadas 81 334 personas, sumando así 287 926 muertes violentas en todo el país en las últimas dos décadas. El 27 de abril de 2017 el gobierno de Nicolás Maduro ordena el retiro de Venezuela de la OEA, y las relaciones diplomáticas de Venezuela con los demás países cayeron a un punto crítico.
La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dictaminó en un informe que «los manifestantes fueron víctimas de vulneraciones y abusos de derechos humanos» y «la mayor parte de la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana» con «responsabilidad también de los colectivos o milicias armadas aliadas del gobierno», denunciando que las fuerzas gubernamentales incrementaron el «uso letal» y «sistemático» de determinados armamentos como granadas de gas lacrimógeno directamente contra los manifestantes, a corta distancia.
Al iniciarse en 2017, esta protesta social fue relacionada por la prensa nacional e internacional con la prolongada crisis económica venezolana (2013-2021) y sus expresiones más visibles, como podían ser la elevada tasa de desempleo (en aquel momento, en torno al 25%, la más alta de América Latina, la alta inflación, la precariedad laboral, la reducción salarial, la restricción del crédito y las políticas gubernamentales de ajuste traducidas en recortes en el estado del bienestar.
Las protestas venezolanas tuvieron lugar, por tanto, en un contexto de profundo descontento social por una coyuntura económica negativa, pero en su aparición influyó un abanico de circunstancias y situaciones mucho más amplias.
La suspensión de la etapa de convocatoria del referéndum revocatorio por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 20 de octubre, citando la decisión de los tribunales regionales de Aragua, Carabobo, Monagas, Apure y Bolívar que anularon en sus respectivos estados la recolección de firmas del 1 % (correspondiente a la etapa de Promoción), alegando acusaciones de fraude por parte de la opositora MUD (Mesa de la Unidad Democrática), desató la crisis política en Venezuela de 2016, con un llamado de la oposición venezolana a marchas pacíficas multitudinarias denominadas «toma de Venezuela» a partir del miércoles 26 de octubre de 2016.
El 22 de mayo se reportó la presencia de francotiradores (PLAN ZAMORA) presuntamente pertenecientes a la Guardia Nacional disparando desde la azotea del Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED) de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en El Hatillo, en Caracas.
Expertos de la ONU:
Uniformados son responsables de al menos
46 muertes vinculadas
a protestas en Venezuela...
Durante las protestas en Venezuela de 2014, la ONG Foro Penal documentó 33 casos de torturas contra detenidos, afirmando que los abusos fueron «continuos y sistemáticos» y que las autoridades venezolanas eran «acusadas en general de golpear a los detenidos, en muchos casos fuertemente, y muchas personas han indicado que las fuerzas de seguridad les han robado, tomando sus teléfonos móviles, dinero y joyas». Estas torturas, algunas por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, incluirían golpizas, descargas eléctricas, y asfixia, además de tortura psicológica. A los detenidos se les negaría el acceso a abogados y serían obligados a firmar un acta donde declararían que sí habían sido atendidos por abogados defensores. Amnistía Internacional corraboró esta información, indicando que la «tortura es común» por parte de las autoridades venezolanas en contra de los manifestantes.3 En un informe titulado Castigados por Protestar luego de una investigación realizada en marzo durante las protestas, Human Rights Watch dijo que aquellos que fueron detenidos por autoridades del gobierno fueron sujetos de "abusos físicos severos"; algunos de ellos incluían golpizas "a puñetazos, con cascos, y armas de fuego; descargas eléctricas o quemaduras; ser obligados a sentarse en cuclillas o arrodillarse, sin moverse, durante varias horas; ser enmanillados a otros detenidos, algunas veces en pares y en otras ocasiones en cadenas humanas de decenas de personas, durante varias horas; y exposición a largos periodos de calor o frío intenso". También reportó que "muchas víctimas y familiares con los que hablamos dijeron que ellos creían que podían ser víctimas de represalias por parte de la policía, miembros de la guardia o pandillas simpatizantes del Gobierno si reportaban los abusos"
El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, pidió tanto a la oposición como al gobierno venezolano que presten atención a los llamados sobre las violaciones a los derechos humanos que no habían sido escuchados. También informó que una mujer había sido torturada con descargas eléctricas en sus pechos. El Foro Penal Venezolano afirmó que los estudiantes, tras ser arrestados, eran torturados con descargas eléctricas, golpizas y amenazados con ser quemados vivos luego de ser empapados de gasolina.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció el «uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva» durante las protestas y responsabilizó al gobierno de al menos manifestantes y aseguró que «varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas». El 14 de septiembre de 2017 Tamara Sujú denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) 289 casos de tortura, incluyendo incidentes durante las protestas en Venezuela de 2017 y 192 casos de torturas sexuales, durante la primera audiencia de la organización para analizar crímenes de lesa humanidad en el país.
Las protestas antigubernamentales durante 2014 y 2017 han sido objeto de pronunciamientos de organismos internacionales:Comité contra la Tortura: "El Comité expresa su alarma ante informaciones concurrentes que denuncian actos de tortura y malos tratos de personas arrestadas en el marco de las manifestaciones ocurridas entre febrero y julio de 2014. Dichos actos incluirían palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas, presuntamente con el objeto de destruir pruebas de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, obtener información, castigar, obtener confesiones y por discriminación de género. El Comité observa que de las 185 investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público por trato cruel sólo se han presentado 5 acusaciones, y las 2 investigaciones por tortura todavía siguen su curso. Preocupa al Comité que, según las informaciones recibidas, una gran parte de los afectados no habría denunciado los hechos por temor a represalias y algunos habrían sido amenazados tras denunciarlos".
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: "Los agentes de seguridad, notablemente los miembros del SEBIN, la DGCIM y la GNB, recurrieron a tales medidas para intimidar y castigar a los detenidos, así como para extraer confesiones e información. Los casos más graves tuvieron lugar por lo general en locales del SEBIN, la DGCIM y del ejército, en todo el país (...) Los casos documentados por el ACNUDH, junto con la información recogida, indican que los malos tratos y la tortura infligidos a personas privadas de libertad por haber expresado ciertas opiniones políticas o por haber ejercido sus derechos humanos no son incidentes aislados. Por el contrario, se ha documentado que las mismas formas de malos tratos han sido cometidas por agentes de diferentes unidades de seguridad en todo el país, en diferentes centros de detención y con el presunto conocimiento de oficiales superiores, lo que demuestra claramente la existencia de un patrón de conducta”.
Cuando el gas de la tiranía
invadió nuestra Patria enyugada,
salieron los estudiantes a prender
la llama de la libertad y del derecho.
Con su palabra y sangre dada,
sembraron conciencias de soberanía.
Fueron reprimidos y encarcelados;
desnudados y violentados;
desaparecidos y asesinados.
Estudiantes enfranelados de valentía.
Maestros del coraje y de la resistencia.
Yanka
Edgar José Romero Chay es un joven estudiante venezolano que el día 14 de julio de 2017 fue detenido por la policía y desde entonces su familia no ha podido comunicarse con él. Saben, por los testimonios de un médico, que ha sido «cruelmente torturado»
Edgar Romero simultaneaba sus estudios universitarios con el trabajo de encargado de un comedor escolar.
Su hermana Mailyn Romero, que inició una campaña desde Galicia para llamar la atención de los países extranjeros por los arrestos arbitrarios que se están produciendo en Venezuela. «Mi hermano solo es un estudiante y trabajador que sale a manifestarse pacíficamente contra la dictadura»
Fue víctima de torturas simplemente por participar en este proceso de protestas
“Ser un preso político en Venezuela es ser víctima de las torturas más atroces, de los crímenes de lesa humanidad que Maduro comete día a día”.
Procesamiento penal de todos los asesinos y cómplices,
que ahogan en sangre a Venezuela.
Es el testimonio de Edgar José Romero Chay,
joven venezolano que tan sólo por manifestarse en las protestas de 2014
contra el régimen chavista, fue apresado y torturado
casi hasta la muerte por el SEBIN.
Víctimas de Maduro Revelan los Métodos de Tortura que Vivieron...
Esto se Destapó - Testigo Directo
El tercer informe de la Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela, reveló una cadena de hechos contra los más de 245 perseguidos políticos que aún hay en el país suramericano, solo por calificarse como opositores a Maduro. Dentro de los métodos que describen las víctimas a la misión internacional figuran estos. Testigo Directo tuvo acceso a uno de estos testimonios, el de Laudelina Romero, madre de Gabriel Barros, detenido el 6 de agosto del año 2017 por estar presuntamente vinculado al alzamiento militar contra Maduro, ocurrido en El Fuerte Paramacay, Naguanagua, en el estado Carabobo.
VER+:
Víctimas del régimen de Nicolás Maduro
narran atrocidades que les hicieron + informe panel expertos
En un evento crucial en la OEA este 3 de mayo, se presentó un informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la situación en Venezuela, cubriendo 183 casos de presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2014 hasta 2024. Expertos destacados, incluyendo al Dr. Santiago Cantón y al Profesor Irwin Cotler, expusieron las fallas en el procesamiento de estos crímenes. Testimonios de víctimas como Luis Humberto De la Sotta y Nixon Alfonzo Leal Toro, entre otros, ilustraron el impacto humano de la crisis. El evento concluyó con una experiencia de Realidad Virtual que simula las condiciones de las víctimas en el Helicoide.
El informe resalta una década de impunidad y la necesidad de atención internacional. Con la participación de figuras como Joanna Frivet y el Dr. Manuel Ventura Robles, el evento enfatizó la importancia de la rendición de cuentas. La sesión de testimonios subrayó la gravedad de la situación, con relatos de persecución y asesinatos políticos, como el caso del Teniente Ronald Ojeda.
La Realidad Virtual proporcionó una perspectiva única, permitiendo a los asistentes experimentar un fragmento de la realidad que enfrentan las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
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2 comments :
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