LAS CLAVES OCULTAS DEL
11M":
20 AÑOS BUSCANDO LA VERDAD
Prólogo
AL FIN, LA VERDAD
«De manera que lo que dijisteis en la oscuridad
será escuchado a plena luz
y lo que hablasteis al oído en las habitaciones interiores
de la casa será proclamado desde las terrazas».
Evangelio de Lucas 12:3
El 11M han sido considerado por muchos como el día que cambió la historia de España. Se puede estar o no de acuerdo con esa reflexión, pero no cabe duda de que aquellos atentados en Madrid, donde murieron dos centenares de personas, fueron el mayor zarpazo terrorista sufrido por una nación lacerada desde hacía décadas por ese tipo de dramas. No solo eso. A partir de entonces, como en otros momentos anteriores y posteriores de la historia de España, quedó de manifiesto que algo había cambiado y que algunas circunstancias no volverían a ser las mismas. Creo que no exagero si digo que, al igual que en Estados Unidos el asesinato de J. F. Kennedy marcó para buena parte de los ciudadanos la pérdida de fe en el sistema, el 11M para muchísimos españoles significó captar que casi nada era como le habían dicho.
De entrada, tras unas horas en que todos vieron en ETA la responsable de la matanza, se produjo una división radical entre los que seguían manteniendo esa posición y los que, por el contrario, abogaban por una autoría islámica que conectaba directamente con la intervención de España en la guerra de Irak. Semejante disyuntiva fue —lo sabemos ahora— falsa y, para colmo, utilizada como instrumento para intentar ganar unas elecciones próximas, impedir emprender el camino de la verdad y enzarzar a unos españoles contra otros. Pero en aquel entonces solo los que sembraron la confusión lo sabían.
A la división, en apariencia inexplicable de los medios, se sumó pronto el estupor al contemplar que el PSOE —que llegó al poder en unas elecciones celebradas a las pocas horas de los atentados— se apresuraba a dar carpetazo a la investigación aferrándose a una versión oficial que apuntaba a una autoría islámica, mientras que el PP decía lo mismo aunque de manera menos tajante. Al final, los dos grandes partidos —Gobierno y oposición, oposición y Gobierno— parecían estar más interesados en pasar página sobre lo acontecido que en conocer la verdad. Si José Luis Rodríguez Zapatero intentó inculcar a martillazos la versión oficial en las neuronas de los españoles, nada diferente hizo Mariano Rajoy al llegar al poder cuando, ya de manera definitiva, se acabaron las investigaciones sobre los atentados y se destruyeron los últimos restos materiales de los mismos. Mucho deseo parecía existir de cerrar la cuestión y muy poco, quizá ninguno, de hacer justicia a víctimas y familiares. Sin embargo, no se trató solo de los partidos políticos.
Los mismos medios de comunicación no estuvieron tampoco a la altura de las circunstancias. La mayoría optó por no seguir investigando y aceptar un relato oficial que satisfacía a los amos de la publicidad institucional, y la minoría que discutió esa versión de los hechos —lo sabemos ahora— contribuyó también a desviar a los ciudadanos de la verdadera pista, aunque descubriera cómo lo que aceptaba la mayoría no se sostenía ni siquiera mínimamente. Unos impidieron investigar y otros nos llevaron tan lejos que no nos permitieron ver lo realmente sucedido. Pero no todo se redujo a un comportamiento que dejó bastante que desear por parte de políticos y de medios de comunicación.
Con creciente estupor, los españoles que siguieron abordando la cuestión en un deseo de que se supiera la verdad —«¡Queremos saber!», habían gritado tantos tras los atentados para que luego se diera carpetazo deprisa y corriendo— fueron descubriendo que la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado había distado mucho de ser ejemplar e incluso, en ocasiones, despedía un tufo a difusión —incluso creación— de pruebas falsas y a deseo de enfangar, en lugar de aclaración de lo sucedido. Mal estaba que no pudiéramos fiarnos de los partidos políticos, pero ¿tampoco de la Policía? ¿Tampoco de la administración de Justicia? A decir verdad, todo constituyó una sobrecogedora sucesión de «tampocos».
Así, al cabo de cuarenta y ocho horas de perpetrados los hechos, los trenes objetivo de los atentados del 11M se convirtieron en chatarra impidiendo que se pudieran utilizar como material para determinar quién había cometido los atentados.
Tampoco se adjuntaron al sumario todas las actas de las muestras recogidas en los trenes. Tampoco aparecieron los vestigios completos tomados en los vagones, parte de los cuales fueron llevados a la sede de la Unidad Central de Tedax. Tampoco se recuperó en los doce focos de explosión un solo fragmento de explosivo, ni de los detonadores, ni de los iniciadores ni de las bolsas. Tampoco se envió a la Policía Científica muestras para el análisis.
Tampoco se mandó al juez un listado pormenorizado de los componentes químicos.
Tampoco se aclaró nunca de dónde venía la bomba desconectada y con metralla que se pretendió hacer pasar por una de las pruebas de la causa. Tampoco supimos nunca qué tenían que ver los suicidados de Leganés con los atentados, como estableció el propio Tribunal Supremo. Tampoco se practicó la autopsia a los suicidados.
Tampoco se ha aclarado nunca el papel representado por el octavo habitante del piso de Leganés, Abdelmajid Bouchar, que escapó a la carrera del piso atravesando el cordón policial y al que el tribunal exculpó de la acusación de haber colocado las bombas. Tampoco se ha aclarado qué hacía Jamal Zougam, sobre el que recayó la culpa de los atentados, en un gimnasio la noche anterior a los crímenes, mientras sus presuntos cómplices supuestamente fabricaban en una casa de Morata de Tajuña las bombas.
Tampoco se ha determinado por qué las testigos que sirvieron para condenarlo cambiaron su versión varias veces: una de ellas no reconoció a Zougam hasta trece meses después de los atentados e incluso algunos familiares de la otra testigo fueron denunciados por el juez Del Olmo por intentar presentarse como víctimas del 11M cuando no lo eran. Tampoco se ha castigado a los funcionarios públicos que cometieron perjurio durante la causa, aunque varios altos cargos policiales fueron ascendidos y condecorados a pesar de los errores cometidos. Tampoco sabemos a día de hoy quién dio las órdenes o quién planeó y quién ejecutó la matanza. Tampoco…
Poco puede sorprender que, con ese cúmulo de circunstancias a lo largo de la instrucción del sumario, se detuviera a un total de ciento dieciséis personas por su presunta relación con los hechos. Prácticamente todas las detenciones se produjeron mientras la Comisión 11M estuvo abierta en el Congreso, pero de esos ciento dieciséis detenidos, solo veintinueve personas (nueve de ellas españolas) llegaron a juicio. Los demás, un total de ochenta y siete detenidos, fueron exonerados de cualquier tipo de cargo. De los veintinueve imputados que llegaron a juicio, solo veintiocho lo terminaron, ya que tanto la Fiscalía como todas las acusaciones retiraron durante la vista en la Audiencia Nacional todos los cargos contra uno de los hermanos Moussaten, que quedó inmediatamente en libertad. De los veintiocho imputados que llegaron al final del juicio, siete fueron absueltos, con lo que solo hubo veintiún condenados en primera instancia. Cinco de esos veintiuno fueron puestos en libertad al acabar el juicio en la Audiencia Nacional, al haber cumplido ya la pena de prisión impuesta por el tribunal. Tras la revisión de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, las veintiún condenas quedaron reducidas a dieciocho. Así pues, solo quedaron dieciocho condenados en segunda instancia, cuatro de ellos españoles. Pero el resultado final fue, en realidad, peor de lo que indican estas cifras, ya que solo serían condenadas tres personas por las muertes del 11M: Emilio Suárez Trashorras, Jamal Zougam y Otman el Gnaoui. Todos los demás, un total de quince, fueron condenados por diversos delitos —por ejemplo, falsificación, tráfico de explosivos…—, pero no por los hechos del 11M. De esos tres culpables oficiales solo uno fue condenado por colocar una bomba: Jamal Zougam. En resumen, los supuestos autores materiales de los terribles atentados del 11M fueron, supuestamente, dos españoles no islamistas y un musulmán confidente de la Policía.
Resulta angustiosa esta exposición de hechos, pero a ella hay que añadir que, desde hace años, las entidades —como los Peones Negros— que, supuestamente, iban a averiguar lo sucedido, han quedado total y absolutamente desarticuladas sin que se hayan brindado explicaciones al respecto.
Para remate, durante la presidencia de Mariano Rajoy se dio carpetazo definitivo a la posibilidad de continuar investigando judicialmente los atentados. De hecho, la juez Coro Cillán, que intentó reabrir la causa, acabó desplazada de la carrera y encerrada en una entidad psiquiátrica y, a día de hoy, cuando se escriben estas líneas, por desgracia y para vergüenza de toda una nación, apenas quedan unas semanas para que los atentados prescriban penalmente.
Dos décadas después de los atentados del 11M, sabemos que la historia de España cambió radicalmente y no solo para las víctimas y sus familiares. El PP quedó noqueado y Rajoy, en lugar de convertirse en el presidente de Gobierno que continuara la labor de Aznar, llegó al poder dos mandatos después. La situación para entonces ya era muy distinta porque España estaba institucionalmente descoyuntada y económicamente en una bancarrota real. Seis años después, tras el pésimo gobierno de Rajoy, España sufría una deuda pública que superaba holgadamente el cien por cien del PIB. Por su parte, el PP, tras el gobierno desastroso de Rajoy —que no cumplió ni una sola de sus promesas electorales—, se había convertido en una sombra agónica de lo que fue el de Aznar, envuelto, además, en pruebas crecientes no solo de extraordinaria incompetencia, sino también de profunda corrupción.
El PSOE entró en una senda de delirio marcada por el hecho de que cualquier incompetente podía llegar a ministro, de que el poder era accesible solo con rendirse a los dictados de los nacionalismos catalán y vasco, de que ninguna de las dos circunstancias anteriores era importante si se voceaban consignas demagógicas, aunque entre ellas se encontrara la de reabrir heridas como las de la guerra civil y de que la ideología de género se convirtiera en columna vertebral de sus acciones.
A casi dos décadas de distancia, el PSOE no se ha repuesto de tomar aquel camino de delirio que capitaneó ZP, sino que ha seguido profundizando en él. Ya no es la vieja alternativa socialdemócrata de hace cuarenta años, sino una sentina de lo políticamente correcto entregada a la agenda globalista de George Soros.
El nacionalismo catalán alcanzó su meta de liquidar totalmente los frenos constitucionales que pudiera haber frente a sus ambiciones de convertir al resto de España en una colonia, pero, de repente, en su éxito contempló que sus bases le exigían llevarlas a la tierra prometida de la independencia poniendo en peligro la posibilidad de seguir expoliando al resto de los españoles. Así, perpetró un golpe de Estado financiado por el gobierno de Rajoy con el dinero que Cristóbal Montoro sacaba de los bolsillos de todos los españoles. Los responsables del golpe siguen impunes a pesar de que quebrantaron la ley, provocaron la salida de más de tres mil empresas de Cataluña y mantienen sus propósitos de descuartizar España.
Finalmente, el nacionalismo vasco —con ETA a la cabeza— supo que, a medio plazo, el terrorismo no sería castigado y que Navarra resultaría anexionada. A día de hoy, tras asentar las franquicias de ETA en las instituciones y contemplar cómo los terroristas van siendo destinados a las Vascongadas y excarcelados, estos terroristas se permiten anunciar un segundo frente contra España en colaboración con el nacionalismo catalán. Por añadidura, Hacienda les regaló miles de millones de euros para conseguir su apoyo en la aprobación de los presupuestos y con Pedro Sánchez se han convertido en sostén indispensable del gobierno.
Por si todo lo anterior fuera poco, con el paso de los años la invasión descontrolada de España por el islam se ha hecho realidad anunciando un terrible futuro para antes de una generación. No deja de ser llamativo que después de culpar de los atentados del 11M a una al-Qaeda que nunca los reivindicó, España haya abierto sus puertas a una inmigración masiva procedente de países musulmanes. Solo Cataluña tiene ya en su territorio a más de un millón de esos inmigrantes que en no pocos casos son ilegales.
Por último, la imposición de la ideología de género desde las alturas apunta la consumación del desplome demográfico y la desaparición de la nación española en un plazo escalofriantemente breve.
En paralelo, España perdió ya en 2004 un papel internacional que no había tenido desde el siglo xviii y nada apunta a que volverá a recuperarlo. La economía se colapsó y sigue quebrada porque no hay presupuesto que pueda soportar la demagogia populista de ZP, las exigencias del nacionalismo catalán —más del 30 por ciento del déficit total de diecisiete comunidades autónomas—, las torpezas imperdonables de Rajoy, Luis de Guindos y Montoro, la pésima gestión de Pedro Sánchez y mucho menos la codicia desatada de unas castas privilegiadas.
Soñábamos entonces —el presidente Aznar se lo dijo personalmente a quien ahora se dirige a ustedes— con entrar en el G-7 y, al final, con ZP acabaron prestando a España media silla en una conferencia mucho menos elitista, y con Rajoy y Sánchez ha continuado descendiendo de esa situación.
Sin embargo, abundantes circunstancias llevan a pensar que hubiera reaccionado como hubiese reaccionado la sociedad tras los atentados del 11M, el destino internacional de España estaba igualmente sellado. Si el pueblo español, indignado por la agresión, hubiera votado mayoritariamente a un PP bajo Rajoy, España no hubiese pasado de ser una nación sometida a la política agresiva de la OTAN y a los dictados de la Unión Europea con la justificación añadida del ataque del terrorismo islámico; si el pueblo español —amedrentado por los atentados— votaba por ZP, como sucedió, el resultado no sería distinto. De hecho, aunque el líder socialista no envió tropas a Irak, España siguió en la guerra otanista de Afganistán, donde se convertiría en el tercer país con más soldados muertos. Y, además, aceptó todos los proyectos expansionistas de Marruecos en contra de sus claros intereses nacionales.
Desde la perspectiva de la política internacional, el 11M, produjera los resultados electorales que produjera, era un win/ win, o un cara ganamos nosotros y cruz, perdéis vosotros. El vosotros eran, por supuesto, los españoles. Como siempre.
Los sueños se convirtieron en humo, como doscientas vidas aquella mañana trágica del 11 de marzo. Después, por mucho que algunos labraran fortunas, obtuvieran prebendas o multiplicaran privilegios que, en algunos casos, llevan disfrutando desde hace siglos, para la mayoría de los españoles nada fue igual. A decir verdad, los españoles nunca vivieron algo semejante después del 11M.
Todo esto y muchísimo más lo analiza de manera documentada, sólida y sin concesiones Lorenzo Ramírez en este libro. Con un interés que se revela creciente, página a página, la obra de Ramírez no solo consigue ir mucho más allá de todos y cada uno de los libros escritos previamente sobre el 11M —alguno notable, bastantes de ellos malos y no pocos destinados a la intoxicación—, sino que aporta claves más que relevantes, hasta ahora no sondeadas y que, sin embargo, pueden encerrar en su seno la explicación final de la matanza.
Es Lorenzo Ramírez quien, por primera vez, no solo ha deslizado la posibilidad de una trama internacional tras los atentados, sino que además ha sabido colocarla en el contexto más amplio y, a la vez, más convincente de la coyuntura internacional que se vivía a inicios del siglo xxi.
Es Lorenzo Ramírez el primero también en poner de manifiesto que los atentados del 11M, lejos de ser excepcionales, muestran una marca de fábrica que durante décadas se pudo observar —aunque no era fácil verla— en Europa y también en el continente americano.
Es Lorenzo Ramírez el que, también por primera vez, ha dado más que posiblemente con la explicación de la enigmática frase de Aznar sobre el lugar donde se hallaban los que planearon los atentados.
Es Lorenzo Ramírez también el que arroja luz suficiente para que podamos entender por qué el presidente Aznar se negó a recibir la colaboración de la inteligencia de naciones como Estados Unidos e Israel, y lo hizo además como si se tratara de la peste.
Es Lorenzo Ramírez al que le cabe el honor de haber ajustado todas las piezas —al menos, las que se encuentran ante nuestros ojos sin que hayamos acertado a verlas durante casi veinte años— para resolver lo que fueron los atentados del 11M, cómo se ocultó la simple realidad al pueblo español y cómo todo tipo de instancias optaron por arrojar tierra sobre el asunto e incluso cargar con los muertos a simples chivos expiatorios porque, según palabras del propio juez Gómez Bermúdez, el pueblo español no estaba preparado para conocer la verdad.
Hace ya muchos años que conozco a Lorenzo Ramírez y siempre fue —y ahora sigue siendo en su magnífico programa televisivo El Gran Reseteo y en su sección «Despegamos» del programa radiofónico La Voz— un orgullo, una satisfacción y un privilegio trabajar con él. Cuando se conoce su trayectoria y se sabe los lugares de los que tuvo que marcharse por integridad profesional y de alguno del que lo echaron por descubrir cómo algún empresario español —que, por cierto, acabó en el banquillo— se lucraba perjudicando la economía española en favor de la de Marruecos, se comprende que pocos, muy pocos, quizá ningún otro podía haber escrito este libro que va más allá, mucho más allá de todo lo escrito hasta la fecha sobre los atentados del 11M. A decir verdad, no hay nada de valor que se encuentre en otros libros y no se halle aquí, pero hay muchísimo material de enorme relevancia que solo ha exhumado, expuesto y ahora publicado Lorenzo Ramírez.
Por añadidura, lejos de ser, como otras obras que lo precedieron, un mamotreto pesado y confuso, este libro se lee con la misma pasión con que cualquiera disfrutaría de una novela policíaca o de un relato de espías. Así es porque Lorenzo Ramírez sabe escribir no solo documentada, sino también amenamente, y porque ha captado lo que de historia de policías y servicios de inteligencia tienen los atentados más sangrientos de la histo-ria de España. Creo no exagerar lo más mínimo al afirmar de manera contundente que a partir de hoy nadie podrá decir que entiende lo que fue el 11M ni tampoco atreverse a escribir la historia de aquellos días sin utilizar ampliamente este libro. El presente estudio sobre esos atentados no es un libro más, sino EL libro que llevamos esperando desde hace demasiados años los que siempre quisimos saber la verdad.
Y no deseo distraer ya más al lector de un texto que reúne méritos más que sobrados para ser absorbido con interés, atención e incluso pasión. El análisis sólido, la documentación exhaustiva y las revelaciones sobrecogedoras acerca de lo que fueron aquellos atentados los esperan. Como señaló Jesús y recogió el evangelista Lucas, lo que se tramó en la oscuridad y se susurró a escondidas ahora sale a la luz gracias a la excelente labor de Lorenzo Ramírez y puede gritarse desde los tejados.
César Vidal
Introducción
«La verdad se corrompe tanto con la mentira
como con el silencio».
Cicerón (106 - 43 a. C.)
Vivimos en una sociedad en la que hacer preguntas se ha convertido en algo incómodo, mal visto e incluso perseguido, al ser un factor propio y característico de personas que no asumen con facilidad los discursos oficiales y que, por lo tanto, son consideradas peligrosas para un sistema cuyos principales elementos son el desconocimiento y la ignorancia generalizada. Los grandes acontecimientos son despachados a los ciudadanos como los menús de restaurantes de comida rápida, en forma de relatos prefabricados suministrados por centros de análisis, consultoras de comunicación y think tanks que elaboran concienzudamente mensajes empleando técnicas de ingeniería social y manipulación psicológica, alumbrando respuestas sencillas, preparadas para ser digeridas con rapidez y facilidad, en un intento de abortar interrogantes adicionales respecto a las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Así se constituyen y difunden las versiones oficiales que sustituyen y enmascaran a la siempre compleja realidad, con unos relatos cuya principal función es mantener el statu quo —el estado de las cosas—, porque si se hicieran las preguntas correctas las respuestas no serían soportables. Este es el argumento que subyace en la consideración que hizo en el año 2011 el juez Javier Gómez Bermúdez a la entonces presidenta del Foro de Ermua, Inmaculada Castilla de Cortázar, cuando le indicó, en tono confidencial, aquello de que «la verdad del 11M es tan terrible que España no está preparada para conocerla».
Esta infausta frase expresada por el presidente del tribunal que juzgó el atentado más grave de la historia de España ilustra a la perfección el complejo paternalista que sufren muchos políticos, magistrados, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de los servicios de inteligencia e incluso directivos de medios de comunicación que han participado en la ocultación de grandes interrogantes que, veinte años después, siguen sobre la mesa. El hecho de que los supuestos garantes de los derechos y libertades ciudadanas hayan sido los primeros interesados en dar carpetazo al asunto es, quizás, la prueba más inquietante de la desidia a la hora de esclarecer todo lo que rodea a este atentado y, por extensión, para aclarar otros hitos clave de la reciente historia de España que duermen en espacios tenebrosos.
El tiempo ha pasado, pero hay importantes cuestiones sin resolver cuando están a punto de prescribir los delitos que cometieron tanto aquellos que participaron en la preparación y ejecución del atentado, como en las labores de encubrimiento mediante la ocultación de pruebas y la creación de pistas falsas. No se trata de una teoría de la conspiración, sino de una conspiración a secas en la que existen múltiples indicios que apuntan a la participación —por acción u omisión— de personas que ocupan puestos de responsabilidad en las más altas instancias del Estado, incluidas las de potencias extranjeras. Y ese melón no se ha querido abrir ni siquiera por el magistrado que prometió a las víctimas de las bombas y a sus familiares que quienes encubrieran a los responsables de alguna de estas tramas, faltando a la verdad en sede judicial, «irían caminito de Jerez».
La gran trampa que encierra la investigación del 11M es la creación de dos trincheras enfrentadas entre sí. Del mismo modo que la falsa dicotomía entre izquierda y derecha permite lubricar la sensación de que vivimos en una democracia en la que podemos elegir a nuestros gobernantes sin injerencias externas, las dos tesis principales sobre la autoría de este atentado sirven para cumplir la máxima del «divide y vencerás», alejando cualquier posibilidad de acercarse a la realidad de los hechos. Desde antes incluso de que se produjeran las diez explosiones en los cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid —que segaron la vida de doscientas personas y provocaron más de dos mil heridos—, la disyuntiva ETA-al-Qaeda estaba macerándose, a fuego lento, para ser expuesta en el momento adecuado.
Eran los tiempos en los que el terrorismo islamista se utilizaba en los discursos de los supuestos líderes del mundo libre como una bandera para defender los intereses del imperio, promoviendo intervenciones militares en países con recursos energéticos y posiciones determinantes desde un punto de vista geoestratégico. Un proceso internacional en el que a España se le reservaba un papel relevante, aunque en clave interna la eterna amenaza procediera del separatismo vasco de ETA, cuyos movimientos estaban siendo vigilados de cerca gracias a la presencia de infiltrados policiales. Una quinta columna que sería posteriormente empleada para detener convenientemente a la cúpula de la banda terrorista después de las elecciones y justo antes de la explosión del piso de Leganés, operación de acoso y derribo con la que se cerró el expediente presentando en sociedad a los culpables oficiales de la masacre, que estaban estrechamente relacionados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Todo aquel que sigue defendiendo a capa y espada las distintas variantes de la versión oficial expuesta torpemente en la sentencia de la Audiencia Nacional (y parcialmente enmendada por el Tribunal Supremo) lo hace porque tiene poderosos incentivos o bien porque no ha investigado mínimamente todo lo que rodea a este atentado. Contaba Fernando Múgica —seguramente el periodista que más se acercó a la verdad del 11M— que muchos de sus compañeros le hacían preguntas sobre el caso sin ni siquiera haber leído su serie de artículos en la que, gracias al acceso a fuentes bien informadas, había derribado los cimientos de una versión oficial cogida con alfileres. Unos «agujeros negros» que, como este reportero de la vieja escuela confesó antes de morir, le llevaron por el camino de la amargura, hasta el punto de sufrir el menoscabo de sus compañeros de profesión, un oficio que se ha ganado a pulso el descrédito social por servir exclusivamente a los intereses del poder. El repentino fallecimiento de Múgica abortó un proyecto editorial en el que pretendía analizar tanto el trasfondo del atentado como su marco político y geoestratégico. Iba a ser una novela histórica que lamentablemente nunca pudo ver la luz y que podría habernos acercado a los verdaderos autores de este asesinato en masa que marcaría para siempre a la sociedad española.
El libro que tiene el lector en sus manos no pretende ser un manual exhaustivo de todo lo ocurrido en aquellos fatídicos días de marzo, sino un trabajo de investigación de carácter divulgativo que, mediante el método socrático, aspira a acercarse a realidades insondables, planteando incógnitas que siguen sin respuesta, aunque en muchas de ellas la solución al enigma pueda ser intuida con los datos que se exponen. Como señala Luis del Pino, «son tantas las dudas, los puntos oscuros y las contradicciones que una de las tareas más arduas de la investigación es, precisamente, diferenciar la realidad de lo que no es más que cortina de humo». Todo lo que rodea a este atentado está plagado de trampas, de cabos sueltos que no llevan a ninguna parte y que dificultan la comprensión de una serie de elementos que, paradójicamente, son relativamente sencillos. Los 100.000 folios del sumario son una muestra de ello, conformando un océano de documentos, declaraciones, informes y valoraciones cuyo destino era entorpecer la labor del juez instructor Juan del Olmo, mareándole en cuestiones accesorias mientras las más elementales quedaban en un segundo plano.
Fabricando las pruebas
Hay multitud de ejemplos de ello. El análisis de los focos de las explosiones no se pudo realizar porque los trenes comenzaron a desguazarse a las pocas horas de que se produjera el atentado —algunos vagones antes incluso de que se realizaran las autopsias a las víctimas— y todo el caso giró en torno a pruebas ajenas a los trenes diseñadas para crear posteriormente el relato oficial. La bolsa de Vallecas, la furgoneta de Alcalá, la casa de Morata de Tajuña y el piso de Leganés configuran un mundo propio que poco tiene que ver con los individuos que diseñaron el atentado, pero sí con la trama encubridora, al fabricarse un laberinto de contradicciones en el que muchos investigadores (entre los cuales me incluyo) hemos perdido un tiempo precioso, sin que los árboles nos dejaran ver el bosque. Y es que, en contra de lo que piensan otros autores que han investigado el 11M, los indicios apuntan a que la gran mayoría de incongruencias, pruebas falsas, extrañas casualidades y actuaciones negligentes no deberían atribuirse exclusivamente a la mala praxis de los encargados de encontrar a los culpables, sino que podrían ser la consecuencia natural de una calculada campaña de desinformación impulsada por determinados elementos de las cloacas del Estado. A este respecto, Ignacio López Bru cita en su enciclopédico libro una de las secuencias finales de la película Al límite, protagonizada por Mel Gibson, en la que un agente encubierto define muy bien cuál es este tipo de estrategia: «Quien quiera profundizar verá que ha habido algo más, pero no podrá saber qué, ese es su objetivo, que sea todo tan enrevesado que cualquiera pueda tener una teoría, pero que nadie sepa la verdad». Por eso el atentado más investigado de la historia de España continúa rodeado de tantas incógnitas, inmerso en una neblina que no desaparece.
Hoy en día pocos españoles saben que la sentencia del tribunal presidido por el juez Gómez Bermúdez ni considera como hechos probados que los supuestos terroristas fueran fundamentalistas islámicos, ni tampoco atribuye a nadie concreto la autoría intelectual del 11M, o determina sin dejar espacio a la duda cuál fue el arma del crimen. En realidad, si nos atenemos a lo que dicen los jueces, no sabemos prácticamente nada de lo ocurrido en aquellos días de marzo. Y los intentos por reabrir el caso han resultado infructuosos —a pesar del compromiso de magistrados concretos, como María del Coro Cillán, quien pagó cara su osadía— por el nulo interés de la Fiscalía General del Estado que, con independencia del color político del inquilino del Palacio de La Moncloa, siempre ha evitado bucear en las aguas procelosas de un atentado que, aunque sea triste decirlo, tuvo muchos beneficiarios. Por eso, todas las teorías alternativas sobre la autoría tienen cierto sentido. Tanto la que apunta a la participación de elementos internos para provocar un cambio electoral que favoreciera la entrada de ETA en las instituciones, como las que fijan la mirada en el servicio secreto marroquí, las que hacen referencia a los intereses del eje París-Berlín o las que plantean la implicación de Washington a través de unos ejércitos secretos de la OTAN que, en contra de lo que se nos quiere hacer creer, no desaparecieron con la caída de la Unión Soviética. Las unidades stay behind mutaron para sustituir a la hoz y el martillo por la luna creciente, que provocó una ola de terror en países occidentales cuya existencia muchos se niegan a aceptar incluso hoy en día, obviando la gran cantidad de documentación que existe a este respecto.
Los ascensos y condecoraciones a determinados policías, guardias civiles, jueces y fiscales que no fueron capaces de realizar su trabajo con la diligencia debida refuerzan la tesis de que, con independencia de quienes fueran los verdaderos autores, hubo órdenes superiores para no llegar al fondo del asunto. Y el hecho de que la práctica totalidad de los imputados tuvieran los teléfonos intervenidos desde un año antes del atentado —y trabajaran para los distintos servicios de información del Estado— tampoco ayuda a despejar la sombra de la duda sobre el papel de las autoridades a la hora de esclarecer el núcleo de la masacre terrorista.
Gracias a la asociación Peones Negros existe un fondo documental que se puede consultar por Internet y que recoge el sumario, transcripciones de las declaraciones del juicio de Campamento, material desclasificado y los documentos de la comisión de investigación parlamentaria. Su revisión minuciosa aporta los suficientes elementos de juicio para plantear que el 11M fue un golpe de Estado poliédrico, que mediante el chantaje al Gobierno por sus pecados cometidos (algunos inconfesables) impulsó varias agendas tanto en clave nacional como internacional. Muy posiblemente a eso se refería José María Aznar cuando decía de forma enigmática que los que idearon el atentado no estaban «ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas». No en vano, nada más producirse las explosiones el entonces presidente del Gobierno apartó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del grupo de gestión de crisis, rechazó la ayuda de su teórico «amigo» americano —motivando el enfado de la cúpula del FBI— y dio con la puerta en las narices a los forenses israelíes que tenían las maletas preparadas para colaborar en las autopsias. Aznar no se fiaba ni de los servicios de inteligencia españoles ni de los de aliados extranjeros con los que había impulsado la estrategia atlantista que marcó su agenda internacional, sobre todo en su segunda legislatura. Sintió que le habían traicionado.
La cita con las urnas
La actuación del PSOE y de sus terminales mediáticas también genera un buen número de interrogantes sobre el papel que tuvo la oposición en el derribo de un Gobierno que estaba preparado para una victoria en las urnas tres días después del atentado. Lo que realmente permite la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Palacio de La Moncloa no es el triunfo de la tesis islamista y el castigo electoral por la intervención en la guerra de Irak, sino su defensa a ultranza de la autoría etarra cuando no disponía de evidencias, más allá de unos precedentes convenientemente publicitados meses antes, con intentos de atentados utilizando mochilas bomba que pudieron ser señuelos para preparar la ceremonia de la confusión tras el 11M. Como apunta Fernando J. Muniesa,7 seguramente el error del entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, fue dar más información de la que debía haber facilitado en un primer momento, apremiado por la cercanía de las elecciones y presionado por la toma de las calles promovida por la oposición, con asaltos a las sedes incluidos.
En otros casos similares, como en el atentado londinense del 7J ocurrido un año después, las autoridades no difundieron datos sobre la investigación hasta que pasaron semanas, e incluso meses, para no entorpecer la actuación policial ni exponer informaciones que luego se demostrasen erróneas. Y en el caso que nos ocupa, quienes tenían las claves de lo que posteriormente integraría la versión oficial fueron los tentáculos del PSOE en los servicios de información, los mismos que guiaron al equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba para lanzar una campaña de acoso y derribo que tumbó al PP, partido que cuando volvió a llegar al Gobierno terminó de enterrar el caso, como hizo años antes con los archivos de la guerra sucia de los GAL. Un ejemplo claro de que no es el pueblo español quien no está preparado para conocer la verdad del 11M, sino que son los teóricos representantes del Estado quienes no pueden permitir que se exponga dicha verdad.
Todos estos elementos plantean un sinfín de interrogantes que vamos a exponer en los siguientes capítulos con la intención de aportar claves fundamentales para que se profundice en los agujeros negros pendientes antes de que los delitos cometidos prescriban. A partir de marzo de 2024, si los tribunales no lo impiden, ya no será posible iniciar nuevas investigaciones judiciales. Soy consciente de que este objetivo puede resultar pretencioso, pero por responsabilidad personal —y profesional en mi caso—, todos estamos obligados a hacerlo. No solo por la memoria y dignidad de las víctimas, sino pensando en las generaciones futuras, que siguen expuestas a sufrir otro 11M si las élites que mueven los hilos del terrorismo lo consideran oportuno para lograr sus propios fines. Como decía Albert Einstein: «El secreto en la vida no es dar respuestas a viejas preguntas, sino hacernos nuevas preguntas para encontrar nuevos caminos». Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro viaje literario, ¿me acompañan?
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