EL Rincón de Yanka: 📕 ¿CUÁNDO SE JODIÓ VENEZUELA (PARA CONVERTIRSE EN CUBAZUELA)?

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jueves, 1 de junio de 2017

📕 ¿CUÁNDO SE JODIÓ VENEZUELA (PARA CONVERTIRSE EN CUBAZUELA)?


⌛¿Cuándo se jodió Venezuela? analiza el declive económico y las políticas imprudentes de un gobierno que utiliza el dinero del petróleo para subvencionar la vida de sus ciudadanos con una miríada de políticas insostenibles, al tiempo que controla casi todos los aspectos de su existencia.

Raúl Gallegos cuenta la historia de cómo una nación con las reservas petroleras más grandes del mundo se convierte en una bomba de relojería. En Venezuela es habitual vender y comprar dólares en secreto, y hacer contrabando con gasolina y comida para sobrevivir. Los conductores llenan el depósito prácticamente gratis y los vehículos no pierden valor con el tiempo. Los venezolanos se endeudan al máximo y gastan el dinero en cirugía plástica y en televisores de pantalla plana como manera de proteger su riqueza. En este país, solo el tonto ahorra dinero, el listo lleva el crédito de sus tarjetas hasta el límite.

A partir de las vivencias de muchos venezolanos y de las experiencias del propio autor entenderemos por qué un país rico en petróleo raciona la venta de pasta de dientes a sus ciudadanos y carece de suficientes ataúdes para enterrar a sus muertos.

Y es que Venezuela es un país pobre que ha sido arruinado por un exceso de petrodólares mal administrado y donde buena parte de los ciudadanos están convencidos que un buen día un líder político generoso resolverá todos sus problemas.

En el subsuelo venezolano se encuentra la mayor reserva mundial de petróleo. Desgraciadamente, el país lo gobierna un régimen disfuncional cuya mala gestión ha sembrado el caos económico y la ruina entre su población. ¿Cómo puede darse tal paradoja?

Como atestigua Raúl Gallegos, espectador de primera mano, la realidad en Venezuela es el resultado de la ignorancia económica y del despilfarro de sus dirigentes. El régimen bolivariano y sus políticas económicas han convertido lo que podría ser una de las grandes potencias latinoamericanas en una de sus naciones más pobres, plagada de absurdas contradicciones.

En Venezuela los ciudadanos llenan los depósitos de sus coches por un precio irrisorio, pero soportan, en cambio, la escasez de medicinas y productos de primera necesidad como la leche, el azúcar o el papel higiénico. Este país rico en petróleo apenas puede pagar sus deudas y se ha convertido en una nación donde los políticos mandan y los votantes obedecen.

La maldición que pesa sobre Venezuela es la existencia de unas enormes reservas de petróleo, a partir de las cuales los venezolanos han desarrollado la singular creencia de que el Gobierno dispone de los medios necesarios para resolver sus problemas, sin que el trabajo o el mercado tengan papel alguno. Y los gobernantes, recíprocamente, han llegado a coincidir en que, contando con el maná petrolero, es posible satisfacer las demandas sociales sin preocuparse mucho del diseño de las instituciones o de la responsabilidad fiscal. Una imagen que funciona como metáfora del problema es que los venezolanos consideren un derecho propio consumir la gasolina más barata del mundo, sin mayor consideración de los costes de extracción y refinado.

Pero al autor no cree en la maldición del petróleo. En un marco institucional adecuado pueden evitarse las sucesivas crisis bancarias y los colapsos de las finanzas que marcan la historia venezolana. Pero eso significa limitar el gasto del Gobierno y financiar con parte de las rentas petroleras un fondo de estabilización e inversión que permita a la economía sobrevivir en las coyunturas adversas. El problema es que en un régimen democrático una línea de contención del gasto e inversión para el futuro exige una opinión pública y una cultura política acordes, y conseguir eso no es tan fácil cuando se parte de una estructura social muy desigual y de repetidas experiencias de consumo acelerado impulsado por las bonanzas petroleras y por la erosión inflacionaria de cualquier ahorro en la moneda nacional.

Gallegos no sólo no cree en la maldición del petróleo, sino que presenta positivamente a quienes, como Arturo Uslar Pietri, previeron los riesgos de que Venezuela derivara en un país rentista, en «parásito petrolero», o a quienes, como Juan Pablo Pérez Alfonzo, lucharon políticamente para lograr una mayor participación del Estado en las ganancias del petróleo −el reparto fifty-fifty− frente a las compañías extractoras. Pérez Alfonzo fue el estratega de la creación de la OPEP, y mal podría culpárselo de que la sociedad venezolana no haya desarrollado una exigencia de uso racional de los recursos petroleros, o de que sucesivos gobiernos no hayan sido capaces de autolimitarse en su gasto.

Pero lo más paradójico es que unas políticas de gasto social y de providencialismo llevado al extremo han conducido a resultados sociales completamente indeseables. La inflación se ha llevado por delante las mejoras de ingresos de las clases populares, la destrucción de empleo en las empresas privadas, a causa de los torpes intentos del Gobierno de ponerlas al servicio de sus propios proyectos, se ha intentado compensar con la introducción de empleos públicos o semipúblicos −con la transformación en cooperativas sociales de las empresas privadas quebradas o intervenidas− que lastran insoportablemente las finanzas del Gobierno en la actual fase de vacas flacas, y la distribución discrecional de apoyos a los sectores ideológicamente afines ha acentuado las peores tendencias clientelares de la sociedad venezolana.

La oposición lleva años denunciando la aparición de una «boliburguesía» surgida gracias a las ventajas selectivas de que gozan quienes tienen acceso, desde el aparato de Estado, a las divisas necesarias para enriquecerse importando lo que ya no puede producirse en Venezuela, incluyendo bienes de lujo para marcar su nuevo estatus social. Pero, quizá, junto al ascenso de esa nueva clase privilegiada, lo más notable sea la aparición de otra clase social sin precedentes: los bachaqueros. Dedicar tiempo a adquirir los bienes escasos a precios regulados que garantiza el Gobierno para contrabandearlos a Colombia o revenderlos en el mercado negro se ha convertido en una lucrativa actividad masiva. No es la guerra económica que denuncia el Gobierno, sino la consecuencia de unas políticas irracionales.


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