Gobernados por la mafia
«En España, la colonización de instituciones y empresas es mucho mayor que la alcanzada por las mafias italianas»
Publicista, escritor y editor. Lo habitual es afirmar que la sociedad es estúpida, aunque eso implique asumir que uno mismo es idiota. Sin embargo, ha sido la sabiduría de la multitud, mediante la prueba y el error, lo que nos ha traído sanos y salvos hasta aquí. Y también será lo que evite el apocalipsis que los nuevos arúspices presagian.
Puede parecer exagerado pero existen importantes paralelismos entre el fenómeno de la mafia siciliana y la forma en que operan los partidos españoles; muy en especial el Partido Socialista, que es con diferencia el que más años ha gobernado. Como digo, puede parecer excesivo, pero si me concede, querido lector, unos pocos minutos, quizá esta apreciación no le resulte tan exagerada cuando llegue al final de estas líneas… salvo, claro está, que esté usted en la pomada.
En la década de 1980, cuando la mafia siciliana estaba en su apogeo, de entre la corrupción y el marasmo en que se hallaba sumida la administración de justicia italiana, emergió una figura singular, Giovanni Falcone, un juez íntegro determinado a poner coto a los mafiosos. A pesar de las amenazas, las campañas de desprestigio y las innumerables zancadillas, los heroicos esfuerzos de Falcone desembocaron en el Maxi Proceso de 1986-1987, donde 474 mafiosos fueron juzgados y condenados.
Desgraciadamente, el 23 de mayo de 1992 Falcone fue asesinado por la mafia corleonesa en la autopista A29 cerca de la ciudad de Capaci, mediante la detonación de 4.000 kg de explosivos colocados en el interior de un conducto que atravesaba la calzada. Junto a él murieron su esposa, la magistrada Francesca Morvillo, y tres guardaespaldas. Su íntimo amigo, el también juez Paolo Borsellino, prometió sobre la tumba de Falcone continuar con su tarea. Seis meses después de esa promesa Borsellino también fue asesinado.
La Justicia
Es bastante habitual que todo héroe que se enfrenta a la corrupción generalizada tenga, más allá de innumerables enemigos, un antagonista en especial. Una figura equivalente cuya misión es hacerle fracasar. En el caso de Falcone, este dudoso honor recayó en Corrado Carnevale, presidente de la primera sección penal de la Casación. Carnevale alcanzó notoriedad por sus dictámenes contrarios a las condenas de mafiosos, a los que invariablemente dejaba en libertad tras la correspondiente apelación. Esto le hizo merecedor del apodo l’ammazzasentenze (el mata sentencias).
Parecía evidente que Carnevale cooperaba con la mafia. De hecho, fue suspendido de sus funciones como magistrado en marzo de 1993 y el 29 de junio de 2001, condenado a seis años de prisión por competencia externa en asociación mafiosa. Sin embargo, fue absuelto por la Corte Suprema de Casación el 30 de octubre de 2002.
Aquí surge el primer paralelismo entre la mafia siciliana y la forma en que funciona la política en España. Los problemas de la justicia italiana, donde el empeño de un par de jueces era constantemente saboteado en las instancias judiciales infiltradas por la mafia, como el Tribunal Supremo de Casación, se asemeja demasiado a lo que sucede en España con el Tribunal Constitucional (TC), que ha sido convertido de facto en un tribunal de casación que sirve a los intereses de nuestros mafiosos particulares.
Esto se ha hecho dolorosamente evidente con las condenas del macro caso de los ERE de Andalucía, hasta el momento la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia española, que han sido revocadas y sus máximos responsables políticos exonerados por el Tribunal Constitucional. Por decirlo figurativamente: Cándido Conde-Pumpido es el Corrado Carnevale español. Y el dictamen del Tribunal Constitucional es la apoteosis de la impunidad que caracteriza a un entorno dominado por la mafia. Pero lo sucedido con el caso ERE es aún más grave que las trapacerías del juez Carnevale. El TC, de la mano de Conde-Pumpido, nuestro particular antagonista, ha arruinado el trabajo de 13 años de una quincena de jueces, no de uno solo.
La colonización
La mafia, que en esencia se mueve por dinero («no es nada persona, sólo negocio»), se infiltra en las instituciones del Estado no sólo para llevar a cabo sus tradicionales negocios ilegales impunemente, también lo hace para participar del sistema de adjudicaciones de obra pública y servicios. En la obra pública la mafia siciliana no sólo se enriqueció con los contratos de los proyectos previstos por las administraciones, sino que promovió la ejecución de otros innecesarios. El resultado, en Sicilia hay carreteras sin coches, presas sin agua y puertos sin barcos. ¿No le resulta familiar?
Este es el segundo paralelismo. En España, la colonización de las instituciones, y particularmente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha servido para que nuestra principal organización mafiosa, el Partido Socialista, tenga acceso a ingentes cantidades dinero, puestos, colocaciones e influencia, no sólo en aquellas empresas en las que, mediante la SEPI, el Estado tenga una participación mayoritaria, también donde esta participación es significativa. Los nombramientos de las cúpulas directivas en el colosal entramado empresarial que brota de la SEPI no se ajustan a criterios de solvencia profesional sino de afinidad mafiosa.
«Ningún sistema mafioso sobrevive a largo plazo si no genera dependencias y proporciona incentivos y desincentivos más allá de sus capos, capitanes y soldados»
En España, la colonización de instituciones y empresas es mucho mayor que la alcanzada por las mafias italianas. La explicación es sencilla. Mientras en Italia las mafias deben esforzarse en penetrar el Estado, la mafia política opera directamente desde dentro del Estado. Así, Tribunal Constitucional, Fiscal General del Estado, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, CNI, SEPI, Radio Televisión Española, CIS, Patrimonio Nacional, Red Eléctrica Española, Renfe, EFE, Correos, AENA, Paradores de Turismo y más recientemente el Banco de España, son sólo algunas de las innumerables instituciones y empresas que ya están bajo el control de los capitanes y soldados del Partido Socialista.
Del mismo modo que sucedió en Sicilia, según esta infiltración progresa, las infraestructuras y servicios esenciales se deterioran. Los efectos más evidentes, pero ni mucho menos los únicos, son el colapso de la red ferroviaria y el deterioro de la red de carreteras.
La dependencia
Pero ningún sistema mafioso sobrevive a largo plazo si no genera dependencias y proporciona incentivos y desincentivos más allá de sus capos, capitanes y soldados. Para llegar a ser inexpugnable necesita la complicidad de buena parte de la sociedad.
La principal dificultad a la que se enfrentaron las autoridades italianas a la hora de combatir las mafias no fue su influencia en los más altos estamentos del Estado. Fue la dependencia que la mafia había generado en la economía de la gente corriente. Pueblos, incluso regiones dependían de las actividades mafiosas para salir adelante.
La omertá, código de honor siciliano que prohíbe informar sobre las actividades delictivas, se extendió en poblaciones enteras, pero más que por una cuestión de honor o por miedo a represalias, que también, fue por pura conveniencia: ¿qué sentido tenía denunciar u oponerse a la mafia cuando te ganabas la vida gracias a ella?
Este es el tercer paralelismo. En España, uno de cada dos mayores de 18 años depende ya de una ayuda o subsidio, de una pensión o de un sueldo pagado por administraciones o empresas públicas. Esto significa que, de un total de 39,4 millones de ciudadanos con más de 18 años, 19,1 millones reciben algún tipo de prestación o salario público. Un sistema de dependencia masivo y capilar promocionado por los políticos desde las Administraciones Públicas.
Cuando algunos analistas, perplejos, observan que los monumentales escándalos de corrupción y tráfico de influencias relacionados con el gobierno, o sus otros escándalos, los políticos, como la Ley de amnistía o la prometida financiación singular, apenas merman la intención de voto socialista o que incluso experimenta alguna mejoría, se pierden en complejas explicaciones sobre la psicología del votante.
Sin embargo, este fenómeno quizá tenga una explicación mucho más sencilla: la dependencia de millones de votantes de la mafia socialista. Aunque siendo justos esta mafia no sea exclusivamente socialista, qué duda cabe que de cara a millones de ciudadanos dependientes el PSOE sabe proyectarse, por sus palabras y sus hechos, como su principal valedor.
Tal vez así se explique por qué a los analistas les ha resultado tan complicado hasta la fecha anticiparse a las decisiones e iniciativas de nuestro particular Corleone. Es muy difícil, por no decir imposible, acertar si se utiliza una lógica política ortodoxa. En cambio, todo cobra sentido si se piensa como un mafioso.
Mafia y política
«Que chusqueros se hayan presentado como políticos,
no quiere decir que lo sean:
en realidad han sido siempre mafiosos
y como tal hay que considerarlos»
«En este país,
la mafia y la política son lo mismo».
Esta afirmación no se refiere a Calabria, sino a España, y no proviene de una película, sino de una conversación intervenida en una investigación contra la Camorra napolitana. La dijo hace exactamente 10 años un tal Bárcenas (que esta semana ha pasado al tercer grado) y, por aquel entonces, a los españoles nos escandalizó.
Corría 2014 y el Huffington Post cifraba en 1.700 las causas y en más de 500 los imputados por casos de corrupción en España: Andalucía con 541 causas, gobernada por el PSOE, era la comunidad más afectada. Ese verano, España entera alucinó con la «confesión» de Pujol ante el 3% y el caso Convergencia. El capo reconoció haber «ocultado» una «herencia» durante 35 años… uno de los mayores fraudes fiscales de la historia y un latrocinio de más de 290 millones de euros. Del «España nos roba» pasamos al «Pujol y CiU nos han robado». ¿Recuerdan?
Aquel agosto Pujol se convirtió en el hit boy de todas las portadas. Así, se fue instaurando la sospecha de que, bajo el cobijo de la política y con excusas ideológicas, en Cataluña se había desarrollado un sistema de crimen organizado: todo un modus operandi, que, amparado por la causa independentista, se dedicaba al ejercicio de la delincuencia entendida como el uso «autónomo» de la ley. Los implicados se presentaban siempre como «hombres y mujeres de honor» (algunos molt honorables) que significa «mafiosos».
Por Bárcenas, el de la frase, llegó precisamente Sánchez al poder. Ya saben, con la Gürtel se incriminó al PP, que, según Ábalos (ironías del destino), era «un auténtico sistema de corrupción institucional». Los medios cubrieron duramente las irregularidades y los españoles, que les creímos, nos ofendimos y les castigamos.
«Se ha producido una degradación progresiva de las instituciones y de la democracia»
En mayo de 2018 Sánchez planteó su moción de censura prometiendo ejemplaridad… y elecciones, que no convocó. Ya pintaba maneras. Con el tiempo se supo que la incriminación del PP había sido improcedente y, aunque a buen seguro hoy, «la banda» calificaría el tema como lawfare, quienes creemos en el Estado de derecho, la separación de poderes y somos demócratas, no lo hacemos.
El resto se conoce: Sánchez, y su banda, que tenían un plan, lo han ejecutado. Se ha producido una fagocitación y degradación progresiva de las instituciones y de la democracia. No obstante, la lectura de la estrategia estaba equivocada. La mayoría ingenuamente creíamos que respondía a un fin ideológico: que los enemigos de España, con un anhelo de independencia, pretendían reconfigurar el modelo de Estado. Hasta hoy.
Porque el estallido de la trama de Koldo, que es en realidad, la trama del PSOE, cambia las cosas. El escándalo podría salpicar además de a Ábalos, a la presidenta del Congreso, a varios ministros y gobiernos autonómicos socialistas, al secretario de Organización… y hasta a la mujer de Sánchez.
Todo pinta a que hay una red de influencias y mordidas pestilente. Un modus operandi que hace diez años, como pasó con Bárcenas y Pujol, nos habría escandalizado. El caso sanchismo queda hoy, sin embargo, eclipsado en España por un ejercicio de corrupción mucho mayor: el de comprar una investidura a cambio de perdonar delitos gravísimos de terrorismo, traición y malversación. En resumen: gamba no come gamba y yo te tapo tus mierdas si tú me ayudas con las mías.
«En medio de políticos de verdad (que los hay), el sistema está infectado de verdaderos cuatreros»
El diagnóstico es tremendo y la situación grave: no se trata de guerras culturales o de conflictos ideológicos, no se trata de ninguna causa final. Se trata de negocios… Y por eso, en este país urge que se haga algo concreto y mundano: erradicar la delincuencia de la política. Ni menos, ni más.
Los hechos apuntan a que, en medio de políticos de verdad (que los hay), el sistema está infectado de verdaderos cuatreros, algunos además puteros, con actas y poder. A la luz de las declaraciones que estamos viendo en medios, como en Palermo, los clanes a los que pertenecen –vinculados a las distintas causas– les someten a unos códigos, entre otros, la ley del silencio. De ahí el «nadie va a tirar de la manta» que es, en realidad, una amenaza.
Hoy por hoy, y esto es duro, el debate público debe centrar seriamente en cómo desmantelar toda relación entre crimen organizado y poderes públicos.
Y es hora de empezar a discriminar. Que mafiosos o chusqueros se hayan presentado como políticos, no quiere decir que lo sean: en realidad han sido siempre mafiosos y como tal hay que considerarlos. Quienes ocupaban un cargo y no han sido capaces de conseguir el bien común (sino sólo el propio) no ejercen la política, han hecho otra cosa. Y nosotros se lo hemos permitido.
Quién me iba a decir que aquel aserto de Bárcenas aparecería hoy como un diagnóstico certero. Aun condenado por chorizo, fue un gran futurólogo y analista sociológico.
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