El mal de las autonomías
La actual crisis económica, unida a la política y moral, puede ser la ocasión de hacer, por fin, un balance claro que permita corregir algunas de las enormes jorobas que le han salido al sistema democrático.
'Las autonomías provocan el 80% de corrupción
que hay en España'
Además de romper la unidad nacional y de no cumplir el propio estado de las autonomías en el multilateralismo igualitario a convertirlo al bilateralismo diferenciador.
Es la culminación de un proceso de descomposición destituyente del marco constitucional del estado territorial español.
Que Pedro Sánchez reinstaure un modelo de relación bilateral con Cataluña es la ruptura del modelo autonómico tal como lo hemos entendido... Supone perforar la relación multilateral que debe configurar el estado español
Las autonomías son perfectamente llevaderas, incluso productivas, con tres condiciones: a) que no socaven la unidad nacional; b) que no atenten contra las normas democráticas y la igualdad ciudadana ante la ley, y c) que no se vuelvan demasiado gravosas económicamente. ¿Han cumplido estas condiciones? Las han cumplido bastante mal y con tendencia a empeorar, con una deriva balcanizante, corruptora y antidemocrática. En los mismos partidos otrora nacionales, PSOE y PP, las secciones regionales, que adoptan el nombre de la respectiva autonomía, tienden a fragmentar el partido, dotándose de una capacidad de presión que rebaja la labor de dirección central a la de simple coordinación de oligarquías locales. En una democracia menos deforme que la española actual, se habrían realizado hace tiempo balances de la experiencia autonómica, sacado las consecuencias y propuesto las correcciones pertinentes. En cambio, a falta de tales estudios, asistimos al chantaje de políticos autonómicos, que, como Montilla, amenazan con medidas cada vez más separatistas si se somete su estatuto a las condiciones mínimas de legalidad constitucional.
El problema autonómico nació de una sobrevaloración de las presiones nacionalistas-separatistas en Cataluña y Vascongadas. Durante la guerra civil y el franquismo, estos nacionalismos quedaron en testimoniales, debido a que la vívida experiencia alejó de ellos a la población: de otro modo habrían hecho oposición al franquismo, como hizo el PCE, lo que no ocurrió. La excepción fue la ya tardía de la ETA, ligada, y no por casualidad, al terrorismo; como, en menor medida, ocurrió en Cataluña, Galicia y Canarias. El rebrote de los nacionalismos hacia el final del régimen de Franco se debió ante todo al sector "progre" de la Iglesia, que los amparó y promovió, como hizo con el terrorismo o el comunismo. A su vez, el PCE los apoyó como instrumento para atacar a Franco, y los habría apoyado el PSOE de Felipe González de no haber sido por su casi nula influencia. Significativamente, todos estos partidos declararon tabú la palabra "España", y la sustituyeron por la torpe expresión "Estado español".
Al llegar la transición, todas estas fuerzas rupturistas –y antiespañolas– fueron afortunadamente vencidas en una primera fase. Pero los vencedores abandonaron enseguida la iniciativa en la lucha de las ideas, volviéndose psicológicamente dependientes de las izquierdas y los nacionalistas, quienes, sin el menor respeto a la verdad, se proclamaban los auténticos abanderados de la democracia. Suárez inició la línea de las claudicaciones, uno de cuyos resultados fue una Constitución mediocre y contradictoria, con un estado de las autonomías a las que se abría la posibilidad de usurpar las competencias nacionales hasta la práctica liquidación de estas.
La actual crisis económica, unida a la política y moral, puede ser la ocasión de hacer, por fin, un balance claro que permita corregir algunas de las enormes jorobas que le han salido al sistema democrático. De otro modo, solo cabe esperar una mayor descomposición nacional, de la que se nutran los famosos "demonios familiares".
CUÁNTO DEBE CADA AUTONOMÍA
La racionalización de las dimensiones del Estado se traduce en una crítica inflexible al dispendio y al gasto público. El Estado debe adaptarse a la capacidad económica de los ciudadanos bajo el criterio de una drástica reducción de la presión fiscal. El Estado se desprenderá de todas las estructuras superfluas que se requiera para alcanzar dichos objetivos, sin otros límites que la educación, la sanidad, la defensa y la seguridad interior.
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(2 BILLONES €s)
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Razones para acabar
con las autonomías
Sin Comunidades Autónomas, podríamos bajar el IVA, el IRPF, etc.
Y viviríamos infinitamente mejor. Porque se crearía más empleo PRIVADO.
¿Quieren reformar la Constitución para adecuarla a los tiempos, como repite casi todo el mundo? Pues ya saben por dónde podrían empezar.
Desde hace ya algunos años, aumentan en cantidad e intensidad las voces que proponen reformar la Constitución para eliminar o al menos recortar el Estado autonómico con el objetivo de fortalecer la nación. Se podrá estar de acuerdo o no con ello, pero no se propone vulnerar la Constitución ni los procedimientos establecidos en ella. Por otro lado, el actual Gobierno está sostenido por varios partidos cuyo objetivo explícito es la destrucción de la nación mediante la vulneración de la Constitución. Absurdamente, los inquilinos de la Moncloa y los medios de comunicación a su servicio califican la primera posición como anticonstitucional y la segunda como constitucional. Y después se sorprenderán del hartazgo creciente de los españoles.
Pero ¿tan absurda es la propuesta de reforma autonómica, apoyada por una cantidad creciente de españoles, como indican las encuestas? Reflexionemos un momento sobre ello. Y, para comenzar, olvidémonos hoy del absurdo concepto nacionalidades, insostenible plasmación terminológica de la especialidad de algunas regiones españolas que justificaría su autogobierno.
Olvidémonos también del absurdo concepto históricas, como si las demás regiones españolas no tuvieran historia. Porque el motivo de la especialidad histórica de País Vasco, Cataluña y Galicia no fue ninguna singular antigüedad ni ninguna singular importancia política independiente en el pasado, razones que, por el contrario, sí definirían a otras regiones, empezando por los cuatro reinos constitutivos de España: Castilla, León, Navarra y Aragón. Su especialidad histórica, según nuestros padrastros constitucionales, radicó en el hecho de que esas tres regiones elaboraron estatutos de autonomía durante la Segunda República. Y punto. Probablemente sea imposible encontrar en el constitucionalismo comparado una frivolidad semejante y de tan hondas consecuencias jurídico-políticas.
Y olvidémonos también de que la Constitución, y especialmente su Título VIII, se redactó bajo la amenaza de los crímenes etarras, como confesaría posteriormente uno de sus redactores, Gabriel Cisneros.El Estado de las Autonomías es una absurda reliquia del pasado. Sencillamente sobra.
Dejémonos de teorías y limitémonos a unos pocos asuntos prácticos. Empecemos por lo más urgente: las comunidades autónomas han demostrado ser una herramienta en manos de los separatistas para enfrentar a unos españoles contra otros y dinamitar el Estado desde dentro. El caso más evidente o, al menos, el de mayor actualidad es el golpe de Estado perpetrado por los gobernantes autonómicos catalanes, golpe que todavía sigue operativo debido a la inútil aplicación del artículo 155 por el inútil Rajoy. Y, evidentemente, a la complicidad de Sánchez, incurable hispanófobo, como casi todo su partido.
Pero el golpe es simplemente el último paso de un proceso que ya dura cuarenta años. Porque el Estado de las Autonomías es lo que ha permitido que los separatistas utilicen los medios de comunicación públicos, pagados por todos los españoles, como instrumentos privados para lavar el cerebro de los ciudadanos. Sólo por este motivo deberían haber sido cerrados hace décadas. Y sus responsables, procesados. Y, paralelamente a esto, el Estado de las Autonomías ha hecho posible que la enseñanza se haya diseñado para inocular el odio separatista a los niños desde pequeñitos. Sólo por este motivo, las competencias educativas deberían haber sido recuperadas por el Gobierno de la nación hace décadas. Y sus responsables, procesados. Por consiguiente, mantener el tinglado autonómico es la mejor manera de garantizar la autodestrucción de España.
Por otro lado, el muy progresista Estado de las Autonomías ha conseguido retrasar el reloj de España varios siglos, hasta los lejanos tiempos de la fragmentación jurídica del Antiguo Régimen. Gracias a las Autonomías, España es el único país de Europa que, en pleno siglo XXI, ha recuperado desigualdades jurídicas, fiscales, sanitarias y escolares que asombran más allá de nuestras fronteras. Por no hablar de la desquiciada conversión de las lenguas en medios de incomunicación, segregación y discriminación.
Otro de los efectos perniciosos del Estado de las Autonomías es su insoportable coste. Porque ha multiplicado hasta el infinito consejeros, diputados, cargos, funcionarios, asesores y enchufados con el resultado de convertir una Administración eficaz y económica, como lo era la española hasta 1978, en un mastodonte artrítico que enreda la vida de ciudadanos y empresas en su telaraña legislativa y los aplasta bajo una presión fiscal inaguantable. ¿Por qué hay que mantener una estructura autonómica carísima que sólo puede conducir a la bancarrota de España? ¿Qué preferimos, funcionarios superfluos y politiquillos inútiles o pensiones dignas y hospitales excelentes?
Paralelamente a lo anterior, salta a la vista que el Estado de las Autonomías es una ciénaga de la que manan mil y una corrupciones. Sus beneficiarios no han sido los ciudadanos, que ninguna ventaja han sacado de ello, sino unos partidos que lo han utilizado para colocar a miles de afiliados dedicados a la política no por vocación de servicio público, sino por concebirla como una agencia de colocación. Lo que se esconde tras el trampantojo del acercamiento de la Administración a los ciudadanos es el acercamiento del dinero público al bolsillo de corruptos e inútiles.
Y, finalmente, una sencilla cuestión técnica relacionada con dicho acercamiento de la Administración a los ciudadanos, uno de los principales argumentos desplegados en 1978 en defensa de la descentralización autonómica. Porque en 1978 no había Internet. Pero hoy, cuando la mayoría de las operaciones administrativas, judiciales, bancarias y comerciales ya no las hacemos en oficinas sino sentados ante nuestro ordenador o a través del teléfono móvil, el Estado de las Autonomías es una absurda reliquia del pasado. Sencillamente sobra.
¿No están cerrando, tanto en España como en todo el mundo, miles de comercios debido a la venta por internet? ¿No están reduciéndose las plantillas de bancos y otras entidades debido a que los clientes operan desde casa?
¿Quieren reformar la Constitución para adecuarla a los tiempos, como repite casi todo el mundo, incluido el rey Felipe VI? Pues ya saben por dónde podrían empezar.
El (mal) estado
de las autonomías
«Para frenar el proceso de degradación institucional y revertirlo en la medida de lo posible no queda otra opción, a mi juicio, que el fortalecimiento de la administración del Estado a nivel general»
Según el artículo 137 de nuestra Carta Magna, «el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas esas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». De este artículo y, en general, de cuantos conforman el Título VIII de la Constitución, referido a la organización territorial del Estado, surge el concepto de Estado de las Autonomías –o de Estado autonómico–, profusamente utilizado desde entonces en los ámbitos político y mediático, y también en el jurídico, por más que dicha denominación del modelo de Estado no aparezca literalmente, en ninguna de sus dos formas, en el texto constitucional.
Sea como sea, la redacción del mencionado artículo 137 nos indica con toda claridad en su primera frase que, al contrario que los municipios y las provincias, las Comunidades Autónomas se constituirán –lo que no significa que vayan a tener poder constituyente, que sí tiene en cambio el Estado–. Pero no hay duda de que en ese irse haciendo, en ese constituirse, a fin de gestionar, de acuerdo con la segunda frase del artículo, los «respectivos intereses» de esas comunidades, radican gran parte de los males de nuestra democracia presente.
Decía el otro día Félix de Azúa en una entrevista en El Cultural que el «gran error de la Transición fue el sistema autonómico». Y añadía: «Su supresión resolvería los problemas de caciquismo y feudalismo que sufre España, pero nadie lo va a plantear, ni siquiera la ultraderecha, porque hay mucha gente que vive de él. Sólo una catástrofe nos puede conducir al sistema jacobino, al de izquierdas de verdad». Razón no le falta, aunque dudo mucho que la solución, en un país como España, esté en la implantación de un sistema jacobino, haya o no catástrofe que la preceda. Los antecedentes de la Segunda República, el régimen más jacobino que hemos tenido, no invitan precisamente al optimismo. Por lo demás, esa percepción negativa del Estado autonómico, ese convencimiento del mal estado en que se encuentra, la comparten hoy muchos españoles y no sólo los que se consideran o son considerados de ultraderecha. Sus desajustes, sus deficiencias, los abusos y vulneraciones del Estado de derecho cometidos en su nombre y bajo su amparo requieren, sin discusión, de una corrección futura. De lo contrario, lo sucedido bajo la presidencia de Pedro Sánchez será una simple broma en comparación con lo que está por venir.
«Todo lo cual no quita para reconocer que el sistema, como decía, reclama a gritos una profunda remoción. Y esa remoción sólo puede venir del reforzamiento de las estructuras dependientes directamente del Estado»
Pero esa reforma no puede consistir en la liquidación pura y dura del sistema autonómico. Dicho modelo de Estado, al igual que la Monarquía parlamentaria, forma parte del llamado pacto de Transición, aquel sutil juego de equilibrios, tan admirado en su momento en el mundo occidental, que permitió transitar, sin que mediara otra violencia que la del terrorismo, de una dictadura a una democracia representativa. Y ese pacto era un todo. Al respecto, no estará de más recordar que en 1936, cuando estalla la guerra civil, en España existía ya un estatuto de autonomía en vigor, el catalán, otro que iba a aprobarse aquel mismo año, el vasco, y un tercero, el gallego, que acababa de refrendarse en Galicia y había sido ya remitido al presidente del Congreso para su tramitación en las Cortes. La Transición, pues, también debía tener presente esos antecedentes y darles solución. Otra cosa es que la fórmula que se fuera a adoptar tuviera que ser, por fuerza, la del célebre «café para todos».
Todo lo cual no quita para reconocer que el sistema, como decía, reclama a gritos una profunda remoción. Y esa remoción sólo puede venir del reforzamiento de las estructuras dependientes directamente del Estado –las autonómicas, aun siendo también del Estado, lo son por delegación– en el conjunto del territorio nacional y, en particular, allí donde manda el nacionalismo. Un reforzamiento cuya viabilidad pasará antes, a mi entender, por el desarrollo legislativo que por la retirada de competencias y transferencias ya efectuadas –sin que quepa descartar, aun así, esta última opción, como en el caso, por poner un ejemplo reciente, de la gestión de Prisiones traspasada al Gobierno del País Vasco–.
Desde hace más de cuarenta años, al tiempo que la administración del Estado ha ido adelgazando, la autonómica no ha dejado de engordar. Al principio, mediante el traspaso de funcionarios. Más adelante, mediante la creación de nuevas plazas o el relleno de las que quedaban vacantes a las que, a través de distintos mecanismos, se ha impedido el acceso al conjunto de los españoles. La herramienta más conocida y nociva de cuantas se han usado para imposibilitar, en beneficio de una parte de la población, el ejercicio de un derecho que debería ser de todos los españoles ha sido la exigencia del conocimiento de la lengua cooficial allí donde esta está reconocida por el correspondiente Estatuto. Quienes trabajan, por ejemplo, en el ámbito de la educación o de la sanidad –dejo de lado otros campos de la administración cuyo impacto en la población es menos trascendente– han sufrido de forma creciente los efectos de semejante discriminación. ¿Qué funcionario va a solicitar un traslado de una parte a otra de España si sabe que en el destino escogido le van a exigir unas competencias lingüísticas y a menudo también culturales e identitarias que para nada son las comunes en todo el territorio? Añadir que todo ello no hace sino favorecer la endogamia y la corrupción –el «caciquismo y feudalismo» a que se refería Azúa– parece ocioso.
Para frenar ese proceso de degradación institucional –que contamina también, aunque no haya lengua cooficial de por medio, las demás autonomías– y revertirlo en la medida de lo posible no queda otra opción, a mi juicio, que el fortalecimiento de la administración del Estado a nivel general y, más en concreto, de la que está presente en todas y cada una de las comunidades autónomas, con especial incidencia en aquellas donde el nacionalismo ha sentado sus reales. Un fortalecimiento sujeto a la voluntad reformadora del próximo Gobierno de la Nación, la cual tendrá que pasar, de manera irrenunciable, por una nueva legislación consistente en la promoción de cuantas medidas pongan por delante la unión, la igualdad y la justicia entre todos los españoles y combatan a un tiempo las ansias parceladoras y disruptivas de tantos gobiernos regionales. De ello dependerá, al cabo, la supervivencia del presente Estado de las Autonomías, o sea, del Estado español tal como lo conocemos.
LA QUIEBRA DEL ESTADO
DE LAS AUTONOMÍAS
La quiebra del Estado de las autonomías; por Jorge de Esteban, Catedrático de Derecho Constitucional.El día 23 de julio de 2012, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Jorge de Esteban, en el cual el autor opina que el Estado de las autonomías, que surgió de la Constitución de 1978, ha fracasado rotundamente, convirtiéndose más bien en el Estado de las anomalías.
Ya no cabe que disimulemos lo obvio, ni que miremos para otro lado, debemos afrontar la realidad tal como es, porque no podemos seguir corriendo tras los hechos para intentar alcanzarlos. No hay más remedio que pararse y aceptar lo que tenemos delante, con el fin de resolver el embrollo que nos envuelve, reconociendo de una vez que el Estado de las autonomías, que surgió de la Constitución de 1978, ha fracasado rotundamente, convirtiéndose más bien en el Estado de las anomalías.
Ahora bien, es conveniente no sólo hacer el diagnóstico de esta aberración constitucional que padecemos, sino también conviene explicar las causas por las que se creó. Las razones, sin que nos remontemos al siglo XIX, que es la fecha de donde partió el problema que todavía nos acecha, fueron cuatro en los inicios de nuestra actual democracia. En primer lugar, se trataba de resolver la cuestión de las reivindicaciones de los vascos y catalanes, algo que el propio Rey, en el discurso de su proclamación el 22 de noviembre de 1975, había ya sugerido. En segundo lugar, tras la llegada del presidente Tarradellas a Madrid en el año 1977, y de la restauración de la Generalitat de Cataluña, se intentó generalizar las autonomías para evitar la susceptibilidad de los medios más conservadores del régimen franquista, todavía en pie, a través de las llamadas preautonomías, antecedente de lo que vendría más tarde. Sin embargo, hay que señalar que además de estas dos primeras razones, había dos más que eran defendibles desde una perspectiva meramente democrática. En efecto, en tercer lugar, la adopción de las autonomías tenía la pretensión de acercar la administración a los administrados, mediante la descentralización del poder. Y, por último, también cabía defenderlas en razón de que podían ser un instrumento válido para acortar las diferencias económicas entre las regiones españolas, sacando a algunas del subdesarrollo económico y cultural en que se encontraban secularmente.
Pues bien, ninguna de estas razones se ha cumplido satisfactoriamente, salvo si acaso la última, pues no cabe duda de que regiones como Extremadura o Canarias, por poner algún ejemplo, se han beneficiado en cierto sentido del Estado de las autonomías. Pero dicho lo cual, no hay más remedio que afirmar que en su conjunto el Estado autonómico, ha fracasado, como, por ejemplo, se acaba de poner de manifiesto en un curso de la Fundación Denaes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en el que yo he participado. Pero, los testimonios de este fracaso nos lo ofrecen todos los días los periódicos y, en especial, la opinión pública de los españoles, que por fin se han dado cuenta de dónde procede la mayor parte de su desastrosa situación económica y de la senda que nos lleva al temido “rescate”.
Conviene, por tanto, que entremos ahora en el diagnóstico de las razones de por qué ha fracasado un modelo de Estado descentralizado, que era bastante viable, y hasta beneficioso, si se hubiera regulado su diseño de forma racional y estable. La primera de las razones de su fracaso es la que se refiere, como digo, a su insuficiente regulación en el título VIII de la Constitución. Ciertamente, los constituyentes podían haber optado por un modelo concreto de los que ya existían en Europa para descentralizar el Estado, como podía ser el portugués, con dos regiones autónomas y el resto del territorio peninsular descentralizado administrativamente; el italiano, con 20 regiones autónomas, pero cinco de ellas con más competencias que las demás; y, por último, el alemán, en donde todos los Estados miembros tienen parecidas competencias. Sin embargo, no se siguió ninguno de esos tres modelos, sino que siguiendo el funesto ejemplo de la II República, se decidió crear un Estado descentralizado a trompicones y de manera desigual. Las consecuencias de ese sistema abierto, progresivo y nunca terminado, ha contribuido definitivamente a llevarnos a la situación actual. Porque, además, en segundo lugar, la concurrencia de ese sistema continuo de regateo competencial de las comunidades autónomas creadas, se agudizó al máximo, por permitir en nuestro sistema electoral la existencia de partidos nacionalistas, en las Cortes Generales, que es una característica anómala en los Estados federales que funcionan.
En tercer término, cabe afirmar que en la dialéctica que es propia de todo Estado federal, entre las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas, el ideal radica en la búsqueda de un equilibrio armónico entre ambas tendencias. Ahora bien, en España ha existido un elemento distorsionador que ha favorecido absurdamente el centrifuguismo, que paradójicamente no ha sido otro que el propio Tribunal Constitucional, cuyas muchas sentencias, especialmente la que se refiere al Estatuto de Cataluña, y a las legalizaciones de los partidos pro-ETA, Bildu y Sortu, no han hecho más que perturbar la lealtad federal o constitucional, que es necesaria en los Estados de este tipo.
Pero no sólo eso, sino que la diversidad de las competencias que han asumido las diferentes comunidades autónomas, han comportado, en cuarto lugar, que se haya establecido una situación de confusión en el funcionamiento general del Estado, dejando al Gobierno Central prácticamente sin competencias, o, dicho de otro modo, convirtiendo al Estado-aparato en un cascarón vacío. Como era de esperar, en quinto lugar, la reivindicación permanente de competencias, llevaba aparejada el aumento continuo de las clases políticas regionales, que han convertido a España en el país europeo con mayor número de políticos por metro cuadrado. Además, se ha ido fomentando la creación de empresas públicas, de televisiones autonómicas y organismos inoperantes, la mayor parte de los cuales con la única finalidad de emplear a simpatizantes, amigos y parientes.
Todo ello, en sexto lugar, fue favorecido por la modificación de la ley de las cajas de ahorro, que fueron invadidas por los políticos y sindicalistas locales, conllevando la corrupción y el despilfarro. La consecuencia ha sido que nuestras comunidades autónomas se han convertido en la mayor fábrica de déficit del Estado, hasta el punto de que ya no podemos continuar con este sistema de autonomías, de las que se ha perdido todo control, como se demuestra por el intento de rebelión encabezado por Cataluña en los momentos actuales, sin que ni siquiera nadie haya aludido al artículo 155 de la Constitución, que se hizo para algo. Semejante situación -y eso es lo peor- la conocen ya perfectamente las instituciones europeas, el Gobierno de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y, especialmente, lo que se llama metafóricamente los mercados. De ahí que mientras que no se resuelva este galimatías, España no saldrá de la recesión, por muchos parches que ponga el confuso Gobierno actual.
Sin embargo, nada de esto habría ocurrido si la Constitución hubiese establecido con claridad cuáles eran las comunidades autónomas, sus respectivas competencias, y las propias del Estado. Por el contrario, no sucedió así, dando comienzo una carrera hacia el desguace del Estado. Muchos, sin embargo, desde el primer momento afirmamos la necesidad de que se acabase el diseño del Estado. En mi caso, por ejemplo, siendo subdirector del Centro de Estudios Constitucionales, sugerí al ministro de la Presidencia, Pío Cabanillas, la conveniencia de llevar a cabo una ley que estableciese el diseño final del Estado, puesto que la reforma de la Constitución en aquellos momentos no era viable. De este modo, Calvo-Sotelo cayó en la cuenta y se redactó la llamada Loapa, que trataba de llevar a cabo ese cometido en algún sentido. Pero los nacionalistas vascos y catalanes recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional, y éste en una de sus desafortunadas sentencias, siempre influidas por los partidos nacionalistas, anuló varios artículos de la misma. Si esa ley, o incluso otra parecida, se hubiera impuesto, junto con el acuerdo de los dos grandes partidos, España hubiese podido tener un Estado descentralizado que habría sido beneficioso para el país. Pero no fue así.
De este modo, hemos llegado irremediablemente a la actual situación, en que después de los ocho años de Gobierno del presidente Zapatero, las cosas se degradaron al máximo. La esperanza que se había depositado en el presidente Rajoy, en el Partido Popular, por el momento han defraudado ampliamente a todos los españoles. Nos encontramos en una situación cada vez peor, pero no sólo desde el punto de vista económico, sino también psicológico. Los españoles ya no confían en nadie o, mejor dicho desconfían de todo y de todos, y, a su vez, nadie fuera de España confía en nosotros. El Gobierno tenía que haber elegido entre reorganizar o desmantelar el Estado de las autonomías, o reducir cada vez más, con recortes y subida de impuestos, el Estado de Bienestar, en perjuicio de los españoles más necesitados. Pues bien, fatalmente eligió la segunda opción, que nos lleva claramente al abismo. Pero, se quiera o no, el Estado de las autonomías ha fracasado ya estrepitosamente, y será necesario reorganizarlo en profundidad, o incluso suprimirlo, si nos lo exigen nuestros deudores y socios europeos, porque la soberanía nacional es ya una entelequia jurídica. Sea lo que fuere, o entramos en un momento constituyente para revisar nuestra Constitución o depositamos a ésta en el almacén de los objetos perdidos.
JOSECHU JACA: El Estado de las Autonomías desde luego que ya sabíamos que iba a ser la ruina de España; conocedor de las especifidades del Norte (País Vasco y Cataluña), se podría haber optado por un Estatuto como el de Navarra o bien como dice el articulista, ya que todo está inventado haber tomado como ejemplo los que cita en primer lugar, principalmente el alemán; pero claro, en este país nunca han llevado buena fama los políticos, salvo por sus apesebrados en generral, ya que el principio jurídico de que todo el que tiene poder tiende a abusar de él, esta vez amparado nada más y nada menos que por el TC. Una vez llegados al estado general de ruina, la gente ya no está tanto por la labor de sus peculiaridades regionales e incluso de las mal llamadas "nacionalidades históricas". Las prioridades son salir de la recesión, tanto en una como en otra, y si se vuelve a cometer el error de la II República, es impredecible lo que puede ocurrir. Todo esto ya pasó..., conservo una colección de "moneda" acuñada en los lugares más recónditos de España ¿Para qué y por qué? pues para no volver el sistema de trueque si cada cuál se encierra en su terruño. Ese no es el camino del progreso ni mucho menos del bienestar que hemos vislumbrado, pero era un espejismo, ya que de donde no hay no se puede sacar, y "nuestros socios europeos" no están por la labor de alimentar espejismos con sus impuestos llegados aquí como préstamos que se diluyen en la dinámica anterior. Mal está esto y peor que se vá a poner, ya que tampoco existe una alternativa, como en las otras crisis habidas. Estamos solos ante el peligro y cada vez más desunidos y desconfiados; tímidamente me atrevería a sugerir un Gobierno de Concentración o de Salvación, pero me temo que no se está por la labor y a lo mejor si se estuviere, quizá sea tarde.
Si se ponen estos más de 26 mil millones de euros en perspectiva, se entiende el agujero negro que supone el modus operandi del Estado de las Autonomías. Ahora bien, los datos obtenidos no deben diluirse en una crítica política sobre el sistema autonómico propiamente dicho, no. El estudio es relevante porque, por fin se pone en negro sobre blanco cifras económicas concretas y que son consecuencia directa y exclusiva del MODUS OPERANDI de las autonomías. Ni más ni menos; cifra el monto del enrome derroche que se ha consentido en su nombre. Por ejemplo y buscando la perspectiva de lo que suponen los miles de millones indicados: todo el gasto en la seguridad social del Estado Español representa el 3% del PIB, es decir, son cantidades del mismo orden de magnitud que el sobrecoste de las CC.AA., el referido 2,6% del PIB.
"Todo el gasto en la seguridad social del Estado Español representa el 3% del PIB, es decir, son cantidades del mismo orden de magnitud que el sobrecoste de las CC.AA., el referido 2,6% del PIB"
Pero ahondemos más en este agujero negro y lo que revela el estudio. El Gobierno del Sr. Rodriguez Zapatero ha indicado la toma de medidas con el objetivo de reducir el déficit público en 50.000 millones de euros durante los tres próximos años. El reparto de tareas las ha establecido en un 80% de reducción para el Estado, dejando la reducción del 20% entre las demás Administraciones Públicas. Pues bien, con los datos revelados en el estudio de la UPyD, los porcentajes de reducción deberían ser justo a la inversa. El 20% para el Estado y el 80% de reducción ajustado entre las Comunidades Autónomas. Éstas sí pueden y deben apretarse el holgado cinturón que han ido adquiriendo.
Cuando nos referimos al modus operandi y el sobrecoste, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues bien, hay que distinguir entre los gastos que son indispensables para el desarrollo y la existencia de las propias Comunidades Autónomas de aquellos gastos que son evitables y no esenciales. Nadie pone en cuestión los gastos indispensables, como pueden ser, las instituciones esenciales de auto-gobierno, el gobierno y parlamento autonómico, el coste efectivo de servicios mínimos para el ciudadano e incluso nuevas justificables políticas, como por ejemplo, la tal llamada política de dependencia. Sin embargo, no se entiende por qué un diputado catalán cuesta casi el doble que un diputado del Congreso. Tampoco se entienden ciertas partidas de gastos y órganos no esenciales que redundan no solo en un sobrecoste escandaloso, si no, en un importante fraccionamiento en detrimento directo del propio ciudadano. Tal es el caso por ejemplo de la sanidad, la justicia, o las más de 100.000 normas regulatorias existentes en España, incluyendo las autonómicas. Es decir, ¿qué competencia para el libre mercado puede establecerse si el fraccionamiento normativo regional implica un considerable sobrecoste y rechaza la unidad de mercado nacional? ¿En qué medida se beneficia el ciudadano? Absolutamente en nada, todo son trabas y, en último lugar, el resultado es mucho más caro.
Hay órganos que aún siendo importantes están duplicados con el Estado, por ejemplo los defensores del pueblo y del menor. Hay actividades que son necesarias pero que resultan claramente redundantes cuando se repiten una y otra vez en las Comunidades Autónomas, caso de las embajadas y oficinas comerciales autonómicas, institutos de estadística y meteorológicos, agencias de protección de datos, las dos o tres televisiones y radios autonómicas, y hasta 50 universidades públicas.
ESPAÑA, UN ESTADO DÉBIL by Flavia Casiana
España, Un Estado Débil
por Tomás-Ramón Fernández Rodrígez
