LA POLÍTICA MATA
Todo el mundo conoce la catástrofe que ha ocurrido en Valencia y por qué sus consecuencias han sido devastadoras. Sólo los que intentan convencerse a sí mismos de relatos alternativos pueden negar la realidad. Únicamente se necesita un relato cuando se quieren obviar los hechos, adecuarlos a nuestros deseos, esto es, cuando se quiere vivir en la mentira. Pero los hechos son tozudos y no necesitan una narración que los interprete. Hay que verlos desnudos, como fueron. Y nadie que no sea un fanático o un ingenuo ignora a estas alturas que a los muertos los ha matado la política.
Desde el no hacer nada previamente a la gota fría, a la reacción posterior de unos y de otros, los muertos tienen una causa, la destrucción tiene una causa, la ruina tiene una causa. No podía ser de otra manera. Por un lado tenemos un don nadie que se metió en un partido político a los dieciocho años y que jamás ha trabajado en nada que no sea cargos políticos, y que se ha comportado como un incompetente (Mazón).
Ser, para colmo, ingenuo, y negarse a ceder el protagonismo a quien legalmente tenía la obligación de intervenir y los medios para ello, lo convierte en un cadáver político, aunque no quiera reconocerse en el espejo. Si, por otro lado, tenemos un gobierno criminal que, alentado porque no le pasó factura electoral el reguero de muerte y destrucción que dejó en la pandemia, que ha cometido todos los delitos habidos en el Código Penal sobre omisión del deber de socorro y homicidio y estragos por imprudencia y negligencia, el resultado es una catástrofe sin precedentes y que no tendrá remedio. Tanto el lerdo como los malvados pretenden ahogar las lágrimas en millones, pero es una pantomima.
Las vidas no pueden ser devueltas, lo que tuvieron o pudieron tener las gentes que vivían y trabajaban en la zona ya no tiene remedio; por mucho que en el futuro puedan salir del mal paso, ya nada será igual. Ahora están mucho peor y llegar al mismo punto donde se encontraban el día 27 de octubre les costará media vida. Como hemos dicho muchas veces, tan criminal es quitar lo que se tiene como lo que se pudo tener. Las ayudas de miles de millones que ha pedido Mazón no llegarán (y lo peor es que él lo sabe), porque no dependen del gobierno valenciano sino de un gobierno amoral que también ha prometido millones, pero, como era de esperar del gobierno de Hugo Sánchez, vienen con trampa.
La mayoría de las ayudas son suspensiones o retrasos de pagos, no exenciones, o préstamos a devolver (ICO), y el grueso, encima, no depende del gobierno sino del sistema de aseguramiento. Por tanto, el gobierno no está dispuesto a poner mucho dinero. Lo necesita para otros propósitos, como pagar la deuda catalana. Muchos pueden pensar que este panorama se debe exclusivamente a la escasa calidad momentánea de los políticos, pero es un error. Cierto que los actuales son nefastos, los peores, pero aliviarse así es seguir pensando que la política consiste en hacer el bien para la comunidad, ingenuo pensamiento ampliamente compartido.
Añoramos otras épocas con políticos menos déspotas o más disimulados, pero entonces también nos quejábamos de sus corrupciones y de sus decisiones, siempre pendientes del cortoplacismo electoral más que del interés general. Que algunos políticos hayan sido buenos no justifica la política ni la excepción puede convertirse en norma más que en nuestra mente, ansiosa de ver lo menos malo para soportar la realidad. Cierto también que en algunos organismos puede haber funcionarios que hagan bien su trabajo, pero qué menos debemos esperar, lo que tampoco justifica la burocracia, del mismo modo que encauzar el Turia por Valencia fue una gran idea y no justifica el franquismo.
El sistema estatal de organización demuestra constantemente su inidoneidad para hacer frente a los problemas reales de la población. Y la desgracia de Valencia sólo es el ejemplo extremo. Lástima que necesitemos calamidades como ésta para percatarnos del pernicioso sistema en que pacemos nuestra vida. Alguien diseñó correctamente lo necesario para impedir que una gota fría tremenda como la sufrida provocara los terribles efectos que se han sufrido en Valencia. Pero el acto aislado de alguien inteligente no justifica la existencia misma del sistema. El sistema político en su conjunto ha fallado estrepitosamente.
La mayor parte de culpa es de organismos estatales: la AEMET, que no acertó en sus predicciones (más hiriente aún cuando la agencia francesa sí lo hizo), y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que envió tarde los avisos y por e-mail, por no decir si el pantano de Forata desaguó, como parece confirmarse, incrementando el caudal del Barranco del Poyo. Que los avisos por SMS del Gobierno valenciano se emitieran con más o menos diligencia es irrelevante, porque es un sistema ineficaz y no llega a todo el mundo o, simplemente, la gente ni se percata de tales avisos (en Castilla la Mancha no hubo, y nadie parece acordarse porque el Gobierno de esta región es socialista). Que no se pudieran limpiar los cauces ayudó a la destrucción, lo que impidió la CHJ.
Todas las causas de la desgracia, por tanto, obedecen a decisiones políticas: la ineficacia y negligencia de las agencias estatales.
El pecado original que ha conducido a la catástrofe fue no acometer el proyecto de encauzar el Barranco del Poyo. Negativa a llevarlo a cabo que, evidentemente, en un país en que se gastan millones de euros como si fueran arena, no puede tener otra causa que las decisiones políticas. Proyecto que dormía el sueño de los injustos porque los políticos, especialmente los de izquierdas y los nacionalistas, preferían gastarse el dinero en otra cosa o por decisión ideológica:
el ecologismo que pretende volver la naturaleza a su disposición primigenia cuando la historia del progreso de la Humanidad ha sido todo lo contrario: la victoria del hombre sobre la naturaleza.
El ecologismo mata. El ecologismo es política. Los progresistas culpan a la gente por construir en los cauces o cerca de ellos. Olvidan que en España no se puede construir donde se quiere, sino donde se permite por la autoridad municipal o regional. Condenar a la gente a tener que vivir en lugares peligrosos es una decisión política. La política mata.
Si la AEMET no dependiera del poder político, a su frente no estarían políticos sino profesionales que hubieran alertado hace muchos años de la imperiosa necesidad del encauzar el famoso barranco; si la CHJ no dependiera de los políticos sino de los agricultores y vecinos de la zona no estaría dirigida por políticos sino por ingenieros; si los ayuntamientos no estuviera dirigidos por políticos, la gente no hubiera tenido que vivir junto al cauce de los ríos o de los barrancos sino que hubiera elegido por sentido común lugares más seguros.
Si el ejército dependiera de los militares, pagados directamente por la población, no hubieran estado esperando cuatro días órdenes de políticos que calibraban cómo aprovecharse de la desgracia, sino que hubieran estado en el lugar antes de que cayera la última gota de lluvia.
Cuántas vidas se hubieran podido salvar no lo sabemos, pero seguramente muchas (una sola hubiera bastado para justificarlo). Si los anteriores organismos hubieran sido dirigidos por profesionales pagados por la comunidad y la gente y no sometidos al poder político hubieran actuado de forma mucho más inteligente y, aunque la gota fría hubiera sido de la misma intensidad, sus efectos hubieran sido mucho menores. Todos hubieran actuado de la forma más diligente porque en ello les iría su futuro y su prestigio. Lo único positivo de toda esta desgracia ha sido la conmovedora ayuda totalmente desinteresada de miles de particulares.
La realidad ha corroborado lo que allí se dice: que cuando el Estado no está presente las personas desarrollan un sentido de la responsabilidad, de la generosidad y de la ayuda y colaboración recíprocas voluntarias que ahora nos parece impensable pero que fue lo que convirtió a nuestra civilización en lo que ha llegado a ser (y que ahora pretenden ahogar y destruir esos Estados). Es fácil imaginar el grado de colaboración que se hubiera podido desarrollar si las agencias más arriba mencionadas, incluso el ejército, hubieran obedecido a instrucciones y necesidades privadas y no hubieran estado al servicio de lo "público", cuyo interés no suele coincidir con las necesidades reales de la gente.
Se dice, y es verdad, que la izquierda ha estado ausente de las labores de ayuda y colaboración. De hecho, lo único que han hecho ha sido convocar manifestaciones para aprovechar el caudal de indignación popular en su propio beneficio. Ni una sola de ellas se dirigía contra el principal responsable de la masacre: el gobierno central. Lo que prueba que la política mata. Y la izquierda mata doblemente.
Nos intentan convencer de que España es un Estado fallido, pero no es cierto. Funciona muy bien para lo que les interesa:
Hacienda para robarnos y exprimirnos, la policía política para perseguirnos, el aparato de propaganda para engañarnos y la corrupción como el cemento que une a la casta a su líder. Puro nacionalsocialismo del que ya hablábamos aquí desde hace años y que ahora otros parecen descubrir, demasiado tarde.
El Estado funciona tan bien para lo que les interesa que nadie paga por sus errores y nadie es responsable: la máxima responsable de la tragedia será comisaria europea con sueldazo y demás prebendas en cuestión de días; los máximos responsables de impedir la presencia inmediata del ejército (Robles y Hugo Sánchez) continuarán en sus puestos, bendecidos por el ejército mediático nazi de siempre. Sólo alguna consejera autonómica ha sido cesada por quien debería presentar su dimisión. Una burla del Estado a las víctimas. Todo seguirá igual, por tanto, tras enterrar a los muertos y el futuro de toda una zona. Tanto negligente y criminal seguirán al frente de nuestro destino, a la espera de la próxima desgracia para jodernos la vida otra vez. Mientras tanto, continuarán robando nuestro dinero, nuestro futuro y nuestras esperanzas, porque la política mata.
EL ESTADO MATA
Hace poco publicábamos en este periódico un artículo titulado "La política mata" en relación a las decisiones políticas que han provocado la muerte y la ruina en Valencia hace unos meses.
Ahora se ha desvelado otro acontecimiento brutal que es un ejemplo, uno más, de que el Estado mata, literal y metafóricamente.
No voy a reiterar las atrocidades de las bandas paquistaníes que en el Reino Unido, durante años, se han dedicado a violar, incluso asesinar, a niñas, con la complicidad criminal por omisión del Estado británico. Sería doloroso reproducir aquí las barbaridades que se cuentan, algunas transcritas en sentencias judiciales firmes.
Tales noticias están totalmente confirmadas. Aún así, hay quienes ponen reparos a las informaciones en redes alegando que no es todo tal y como se cuenta. Puede ser, pero se basan para ello en las cifras oficiales, y debemos recordar que, según éstas, estamos hablando de unos dos mil casos. Aunque esta cifra fuera real, ya estaríamos ante un hecho histórico, de los que traumatizan a una sociedad. Pero no debemos olvidar que, precisamente por tratarse de datos oficiales, cuando las autoridades han hecho todo lo posible por ocultar esas atrocidades, debemos sospechar que estamos sólo ante la punta del iceberg y que, realmente, hay muchos más casos de los reconocidos.
Independientemente del número, es imposible que tales hechos, sucedidos por miles (o cientos, si se quiere ser reticente con las informaciones), hubieran permanecido, por su cantidad y virulencia, ocultos. Sólo desde la complicidad más obvia de las autoridades, policía y fiscalía, pudieron suceder y seguir sucediendo durante años.
La mayoría de las víctimas eran menores bajo protección social, lo cual ya es sintomático de que el Estado no cumple esta función de forma adecuada, como prueba que incluso, a mucha menor escala, hayan ocurrido episodios de abusos sexuales a menores tuteladas en nuestro país y que aquí también se hayan intentado ocultar por el poder político (Valencia y Baleares).
Mientras se producían estos hechos, el fiscal general, el ahora primer ministro del Reino Unido, buscaba una menor protección penal de las víctimas porque "estarían mejor protegidas (las víctimas) con la imposición de una sanción en forma de una orden comunitaria rigurosa", esto es, una pequeña sanción moral en lugar de una rigurosa pena de prisión. Hace unos meses dijimos aquí que este individuo, Starmer, debería ser juzgado por traición. Ahora podemos confirmar que no sólo debe ser juzgado por ese delito, sino por muchos otros.
Ante la evidencia de las noticias, alega lo que siempre excusa la izquierda, que clamar por la justicia es subirse al carro de la ultraderecha. Así lo confirma su ministra de protección de menores, Jess Phillips, quien también rechaza iniciar una investigación. Como no podía ser de otra manera en estamentos políticos que actúan contra su pueblo, el Parlamento se ha negado a iniciar la investigación.
Otra diputada laborista, cuando salieron estas noticias a la luz, dijo que las niñas debían cerrar la boca por el bien de la "diversidad". Por ello, aunque se tramitaron algunas denuncias, la mayoría fueron desatendidas, y hubo una evidente reticencia a investigar estos crímenes en favor de mantener la multiculturalidad como principio básico de convivencia, lo cual no suponía sino el sometimiento de la población autóctona a la violencia y agresión de la inmigrante. No sólo es que no se persiguiesen debidamente todos los delitos, es que incluso se actuó policialmente contra los familiares que pretendían denunciarlos.
Es ingenuo pensar que lo del Reino Unido es un caso aislado. Llevamos años comprobando cómo también en nuestro país se oculta intencionadamente el origen del agresor en la mayoría de noticias de sucesos, especialmente si es de origen musulmán. Y en mucho mayor medida ha ocurrido durante años en Suecia o en Alemania. Y sigue ocurriendo. El jefe de la policía metropolitana de Londres ya ha advertido que perseguirán a los ciudadanos estadounidenses (Musk) por sus publicaciones en las redes sociales si violan las normas sobre el discurso político. Ejemplo evidente de policía política de las que retrató Orwell.
La complicidad criminal de los medios es innegable. Sin su colaboración, los políticos no podrían permitir estos ataques a la ciudadanía. Cada día se confirma, con mayor claridad, esa complicidad criminal deliberada de los medios y su credibilidad ya es nula para alguien mediatamente informado.
Debemos recordar que en el Reino Unido el principal denunciante de esta situación es un activista de origen obrero:
Tommy Robinson. Mientras él está en la cárcel (aunque sea por desacato), muchos agresores campan a sus anchas. En los últimos meses hemos visto cómo la policía y la fiscalía británicas encarcelaban a los denunciantes o a quienes simplemente tuiteaban estas noticias en las redes sociales mientras que los agresores continuaban disfrutando de su impunidad, al amparo de la injusticia de nuestras sociedades y de una religión que les ampara moralmente porque "Alá permite que los hombres musulmanes violen a las mujeres no musulmanas para humillarlas en la lucha contra el infiel".
Ya lo advertía hace décadas Oriana Fallaci: no se puede negociar ni convivir con esta religión, es incompatible con cualquier otra forma de vida. Pero la izquierda, inasequible al desaliento de la destrucción y de la ruina económica y moral, a pesar de las evidencias, pretende continuar con su discurso multicultural y de diversidad, a costa de nuestra historia, de nuestro bienestar y de nuestra cultura y a costa de que las generaciones venideras sufran como no han sufrido desde la II Guerra Mundial. Sus propios hijos sufrirán las consecuencias, pero no les importa si nos arrastran a la destrucción.
Los políticos europeos son, hoy, los Don Rodrigo de nuestro tiempo, abriendo la puerta de Europa al invasor y a la destrucción. La prioridad de la casta política europea socialista y popular es continuar beneficiando una inmigración destructiva, aunque estén matando a la población nativa. Es la rendición, gratuita y sin causa, de una civilización. Basada solo en la convicción ideológica de una izquierda con retraso mental que no comprende que esas ideas creadas en las cocinas de las universidades radicales de izquierda marxista se urdieron para provocar la caída de la civilización que sostiene a los hijos y nietos de los imbéciles que están aplicando esa estrategia.
Starmer, Sánchez, Van der Leyen, son igualmente repugnantes y perversos. Representan lo peor de Europa, como Hitler, Mussolini y Stalin lo representaron hace un siglo. No podemos contar con sus instituciones, ni con su policía, ni con sus fiscalías ni con sus medios para nuestra defensa. Como ocurrió con el fascismo y con el comunismo, sus policías nos detendrán, sus fiscalías nos acusarán, sus jueces nos condenarán y sus medios nos conducirán a la muerte civil. Y la mitad de las poblaciones de los países europeos, como entonces, no querrán ver la destrucción a la que se verán arrojados ellos también en función de los principios con que la izquierda, que ha demostrado ser la misma basura en todas partes, ha llenado sus cerebros y sus almas vacías.
Los hechos revelados demuestran que el Estado, que no es sino la casta política, mata. Pero no sólo mata personas, también mata civilizaciones.
Es difícil comprender cómo aún queda gente que piensa que los políticos trabajan por nuestro bienestar y nuestro futuro cuando los hechos son tan tozudos.
Me temo que, como predije en Frío Monstruo, distopía en la que predecía el final de la Europa conducida al abismo por la colusión entre la izquierda y el Islám político, no nos quedará otra opción que la rebelión. Y cuanto más se tarde en intentar revertir la situación, la reacción tendrá que ser, forzosamente, más cruda y violenta. Es imprescindible comenzar ya una nueva Reconquista, pero esta vez no bastará con la península, habrá de ser de toda Europa.
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