LA CULPA ES NUESTRA
Cómo las preferencias ciudadanas
frenan las reformas en España
Este libro parte de una tesis incómoda: nuestras instituciones no fallan solo por culpa de políticos, élites o leyes, sino porque reflejan nuestras propias preferencias, a menudo mal informadas, contradictorias e incoherentes.
La culpa es nuestra no busca culpables fáciles ni se entrega a la denuncia moral, sino a la comprensión. Con rigor y claridad, muestra cómo nuestras decisiones colectivas —como votantes, ciudadanos y consumidores— alimentan el mismo sistema que después criticamos.
Con un estilo incisivo pero sereno, Benito Arruñada examina los mecanismos que explican el estancamiento español: desde la educación y la vivienda hasta la organización territorial y la cultura política. Frente a la comodidad de culpar a otros, propone una salida exigente pero realista: una ciudadanía mejor informada, más responsable y menos crédula ante promesas mágicas.
Estas páginas no invitan a la resignación, sino a ser adultos y recuperar la iniciativa. Porque si la culpa es nuestra, también lo es la solución.
«Los antiguos decían que cuando los dioses nos eran favorables ignoraban nuestros deseos y cuando querían castigarnos los cumplían. De igual modo, los españoles expresamos preferencias que los políticos procuran cumplir con resultados insatisfactorios. Este libro perspicaz y minucioso analiza por qué exigimos al Estado lo que nos frustra y luego le culpamos por dárnoslo». Fernando Savater
INTRODUCCIÓN
¿QUIÉN TIENE LA CULPA DE NUESTROS MALES?
Es habitual que se atribuyan los problemas sociales, desde la corrupción al desempleo o al derroche del presupuesto público, a los políticos y las élites. Este libro defiende que esa atribución es simplista. Muchos problemas sociales derivan menos de la incompetencia o el egoísmo de unos pocos que de la interacción entre preferencias ciudadanas y decisiones políticas. Además, atribuir una responsabilidad excesiva a las élites conduce a buscar soluciones equivocadas que, lejos de resolver los problemas, suelen agravarlos.
Para ir más allá de ese señalamiento fácil, basta con reconocer que buena parte del problema no reside tanto en los políticos o en las instituciones con las que los elegimos, sino en la racional ignorancia y el propio interés de los ciudadanos. Más exactamente: no solo fallan las instituciones encargadas de transmitir las preferencias de la ciudadanía, sino también aquellas destinadas a conformarlas, darles coherencia y hacer visibles las consecuencias de su puesta en práctica. De hecho, según revelan las encuestas de opinión, las decisiones de los gobernantes se ajustan a las preferencias que manifiesta la mayoría. Somos los europeos más partidarios de que el Estado controle la economía, resuelva nuestros problemas e imponga una fiscalidad redistributiva, al tiempo que nos resistimos a cualquier recorte significativo del gasto público o la liberalización efectiva del mercado laboral. Es cierto que nuestros políticos siguen sin contener el déficit público y que las propuestas electorales de todos los partidos tienden a aumentarlo. También es cierto que, incluso para niveles medios de renta, imponen una escala de tipos impositivos tan desincentivadora como la del actual IRPF, o que mantienen una regulación laboral de las más restrictivas de Europa. Por supuesto, al tomar esas decisiones, los políticos responden a su propio interés, pero también obedecen fielmente a nuestras preferencias.
Lo grave es que esa correspondencia no asegura que se cumplan nuestros deseos. Al contrario: son precisamente esas políticas las que nos impiden alcanzarlos. Sucede que, si bien los políticos ponen en pie los medios que queremos, esos medios son a menudo contrarios a nuestros fines últimos. Pero la responsabilidad no es solo del gobernante que aplica las políticas, sino también del ciudadano que las demanda, y ello por varios motivos. Sobre todo, por la contradicción entre los deseos últimos de bienestar del ciudadano y los medios que permite adoptar a sus representantes políticos. Asimismo, por el tipo de político que prefiere como gobernante. Como tiende a elegirlo más por afinidad que por competencia, no es de esperar que ese político, tan lleno de ideología como escaso de conocimiento, aporte gran racionalidad a las tareas de gobierno.
La contradicción entre fines y medios y la afinidad emocional al elegir líderes enlazan con una incoherencia más profunda. Los sondeos de opinión también muestran que, a la vez que nos permitimos ser muy críticos con nuestros políticos e instituciones, los españoles somos los europeos que menos nos molestamos en informarnos. Además, decimos odiar mucho la corrupción o la injusticia de indultos y amnistías, pero ni siquiera dejamos de votar a los políticos de nuestro partido «de siempre» cuando demuestran ser corruptos o mentirosos, ni siquiera cuando incumplen de manera flagrante sus promesas electorales. Tanto es así que muchos observadores llegaron a considerar una heroicidad el que algún escritor confesara sentirse frustrado porque las políticas adoptadas por su partido favorito tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023 eran opuestas a las que había prometido durante la campaña electoral. Ello a pesar de que esa frustración no le llevaba más que a prometer votar en blanco, con la incongruente excusa de que toda la clase política es irresponsable. Como suele suceder, solo exigía responsabilidad a los demás.
El ejemplo ilustra un patrón más amplio. Cuando no desdeñamos la política, más que como ciudadanos, nos comportamos como forofos. Parece que nuestro enojo solo se manifiesta cuando la política no puede darnos el consumo al que aspiramos. Queremos reformas, pero si duelen solo a los demás. Y puestos a elegir, ninguna opción política real satisface nuestros deseos. No es casual que nuestras respuestas a las crisis suelan ser tardías e incompletas, como sucedió en las de 1957, 1973, 2008 o 2020. Pese a que en cada una de esas ocasiones las instituciones políticas eran muy distintas, las respuestas fueron similares: reaccionamos cuando no quedaba otro remedio, a medias y con marcha atrás.
Si estoy en lo cierto, sería superficial responsabilizar únicamente a los políticos, a las élites o a las instituciones. Es más, sería un error, pues cambiar a los políticos no tiene efecto alguno si se mantienen los mismos incentivos, que constituyen, en última instancia, el núcleo de las instituciones. Pero, aunque cambiar los incentivos sea fácil, mejorarlos es difícil. Por eso, reformar las instituciones, aunque costoso, no asegura obtener buenos resultados. Tampoco conviene confiar en remedios simples, como el mero cambio de líder o de partido gobernante. Ni siquiera en modificaciones estructurales del sistema de representación, como, por ejemplo, el pasar de un sistema proporcional a uno mayoritario. Menos aún depositar esperanzas en elegirlos dentro de un eventual Estado independiente, como algunos pretendían para Cataluña, llevándola así, por un falso idealismo desnortado, a mostrarse más española que nadie.
Por este motivo, es erróneo exonerar a las masas, como hacen los planteamientos maniqueos, tanto populistas como intelectuales. En realidad, sus miembros somos igual de «extractivos» que las élites: el fraude no campea solo en la fiscalidad de las grandes fortunas (por desgracia, no tan grandes y más bien escasas), sino también —y, quizá, sobre todo— en los pequeños pero mucho más numerosos fraudes de la economía sumergida y las prestaciones sociales.
Por si fuera poco, sucede que las masas solemos ser más «disipadoras» porque nuestra corrupción no solo redistribuye rentas, sino que en buena medida las dilapida, pues gastamos y hacemos gastar muchos recursos para capturarlas. Por ejemplo, el que quizá haya sido nuestro mayor derroche, la desproporcionada inversión en obras públicas, contó durante décadas con apoyo general de la ciudadanía y parece bastante claro que, más que distribuir rentas, las ha malgastado, sin prever los costes de mantenimiento, cuyo déficit comienza ya a notarse. Así es que, averías mediante, seguimos viajando felices en alta velocidad, aunque la mayoría de los viajeros no tenga prisa alguna, como revela el que muchos de ellos estén ya en la estación una hora antes de la salida, permanezcan inmóviles sin caminar en los pasillos rodantes y algunos incluso hayan tardado más en llegar a la estación que en recorrer su trayecto en tren. Pero el AVE sigue contando con apoyo mayoritario gracias a que el coste de su construcción sigue oculto y no se refleja plenamente en el precio de los billetes y a que la mayoría de los viajeros rehúsa hacer esfuerzo alguno para verlo. Al usuario de AVE le cuesta creer que este sea un derroche, por mucho que las evaluaciones coincidan en afirmar que el coste social de la red de alta velocidad excede sus beneficios (AIReF, 2020b). Tenemos la red más densa pero menos utilizada del mundo. La última vez que, años ha, Ciudadanos discutió la posibilidad de racionalizar las inversiones reculó enseguida, tras constatar cómo empezaba a perder votos en varias regiones y sin que aumentaran sus votos en las demás.
Por lo común de este tipo de espejismo presupuestario, me temo que tanto la reforma como (aún más) la ruptura con las instituciones representativas —las que se limitan a «transmitir» nuestras preferencias— están condenadas, si no a fracasar, al menos a defraudar las expectativas y ser insuficientes. Nuestros procesos colectivos de decisión no fallan principalmente porque los mecanismos de transmisión sean defectuosos, sino porque nuestras preferencias se forman mal y resultan incoherentes. Lo queremos todo sin aportar nada. En particular, lo queremos todo del Estado sin cooperar en su vigilancia y control, y menos aún en su mantenimiento.
En estas condiciones, es lógico que el ocaso del bipartidismo, con el consiguiente aumento de la competencia entre partidos políticos, haya dado peores resultados de lo que se esperaba. No debería extrañarnos. Los efectos de la competencia resultan de las reglas que la rijan, en todo tipo de ámbito, desde la selva hasta el deporte, e incluidas la economía y la política. Como ha demostrado durante décadas la política catalana, mayor competencia entre partidos no produce necesariamente más información ni mejores decisiones, sino que a menudo incrementa la propaganda y el populismo. Mucho depende de las reglas de juego —el deporte solo es un espectáculo valioso cuando sus reglas se diseñan y aplican con esmero—, pero también, en última instancia, de las cualidades de la ciudadanía: sobre todo, de su disposición a informarse y ejercer como ciudadanos maduros y no como gregarios, sin dejarse arrastrar por emociones epidérmicas.
La lección trasciende el caso catalán. En la medida en que este diagnóstico se ajuste a la realidad, necesitamos que el diseño de las instituciones y de las políticas públicas considere, si no las raíces, al menos las restricciones culturales. Esto no implica que estemos atados indefinidamente a nuestra cultura, pero las reformas que no consideran esas restricciones pecan de frivolidad, cuando no de oportunismo, y están condenadas a fracasar. La cultura es fruto a largo plazo de las instituciones, pero el cambio institucional, para ser viable, y máxime quizá en democracia, ha de respetar las restricciones culturales e incluso aprender a usarlas como palanca. Lo contrario lleva al error, tantas veces repetido, del despotismo más o menos ilustrado.
Consideremos el fracaso de la liberalización del alquiler residencial de 1985: como analizaré más adelante en el capítulo 4, apenas nueve años después, ya volvíamos a restringirlo, a iniciativa, como en el caso de los horarios comerciales, del muy regresivo partido de Jordi Pujol. Treinta años más tarde, la Ley de vivienda de 2023 nos acercó a los niveles de intervencionismo que habíamos vivido desde 1920 hasta 1985.
En este orden de ideas, la gran duda es si cabe o no pensar en similares términos de adaptación respecto a la Transición política y la Constitución de 1978. Si bien esta ha servido para organizar la convivencia durante más de cuatro décadas, lo ha logrado a costa de tolerar una deriva notable respecto a los principios de igualdad y respeto mutuo que la habían inspirado. Como consecuencia, a la altura de 2025 abundan los indicios de un posible colapso institucional.
Si es así, cobra más urgencia que nuestras preferencias como ciudadanos se hagan más racionales, compensando nuestra escasa disposición a informarnos y cooperar en el control de lo público, para poder abordar una profunda renovación institucional. No se trata de una cuestión de educación formal o académica, porque tenemos pocos incentivos para hacernos mejores ciudadanos. Tampoco de grandes ejercicios deliberativos, igualmente costosos. Es debido a esos costes que, por ejemplo, cualquier empleador suele saber más acerca de la realidad sustancial de nuestras relaciones laborales que muchos expertos en derecho y economía laboral, acostumbrados estos a prestar atención a problemas secundarios y contemplarlos desde representaciones jurídicas y estadísticas que a menudo distorsionan la realidad sustantiva.
Por ello, es importante que las reformas reduzcan los costes de información ciudadana, de modo que nuestra educación cívica sea automática e inevitable. Hagamos evidentes el pago de impuestos y el coste de usar los servicios públicos: menos cargas fiscales ocultas, como el IRPF mayoritariamente «a devolver», los precios «con IVA incluido» y la Seguridad Social «a cargo de la empresa»; y menos secretismo sobre la eficacia relativa de los servicios públicos. Publiquemos, por ejemplo, cómo se emplea y cuánto gana cada graduado según su carrera y centro universitario, un dato disponible desde hace años, pero que en la mayoría de las autonomías permanece silenciado.
Hagamos, en suma, que nos resulte ineludible informarnos, como sucede en nuestras comunidades de vecinos. Distan mucho de ser perfectas, pero ni despilfarran tantos recursos ni atienden a afiliaciones políticas para castigar la corrupción de sus presidentes y administradores. Están gobernadas por españoles, pero opera en ellas la inmediatez e incluso, ante casos de fraude, el instinto de posesión. Si esa lógica funciona a pequeña escala, podemos trasladar su esencia al nivel nacional, activando fuerzas similares en lo público: divulgar ingresos y aportaciones fiscales es costoso en términos de privacidad, pero ayuda a reclutar para el bien común esas inclinaciones naturales al cotilleo y la envidia que apenas hemos domesticado culturalmente.
Esa mejor conciencia de lo público contribuiría a homogeneizar con las del resto de Europa nuestras actuales preferencias, hoy más estatistas y contrarias a la competencia. Quizá así accederíamos a dotarnos de los incentivos individuales que aseguraran el bienestar. Entre nosotros, estos incentivos deben ser más personalizados que en aquellos países cuya cultura lleva a sus ciudadanos a vigilar algo más que ninguno eluda su aportación al bien común. Es un asunto clave, porque los fallos de acción colectiva no solo afectan a la política, sino también a todo tipo de ámbitos, desde la educación hasta la empresa, desde las profesiones hasta los medios de comunicación. Necesitamos esos incentivos «compensatorios» de nuestros valores para alinear mejor las retribuciones con las conductas. Los incentivos individuales son el motor de nuestros mejores deportistas y profesionales: esos españoles no triunfan porque renuncien a sus valores, sino porque los aplican en un contexto diferente, ya que trabajan bajo reglas estables que los retribuyen por su rendimiento. El modelo es aplicable a todo tipo de actividades, pero nos resistimos a adoptarlo, pues preferimos sistemas que, en esencia, frenan la competencia y diluyen los incentivos individuales.
Esa convicción vertebra la estructura del libro, que volverá reiteradamente a ese argumento. Lo hará desde perspectivas diferentes, pero atendiendo siempre a esos tres factores condicionantes: las preferencias de la ciudadanía, las instituciones que las canalizan y las políticas en que se acaban concretando, cuyas consecuencias intentaré valorar para desvelar su escasa coherencia con los intereses reales de los ciudadanos. Los capítulos avanzan desde planteamientos generales a sectoriales, pero la mayoría pone el foco en cuestiones concretas, desde la regulación laboral del trabajo doméstico hasta la afición de muchos padres españoles por una enseñanza poco exigente para sus hijos.
El libro se divide en tres partes.
La primera tiene un contenido más teórico y menos aplicado que las otras, pues, tras preguntarse si los fallos de la sociedad española son atribuibles a sus élites políticas e intelectuales o a los ciudadanos, analiza las preferencias de estos últimos. Pone así de relieve que, en buena medida, muchas de nuestras políticas e instituciones se ajustan a ellas, aunque a menudo no a los intereses reales de los ciudadanos.
La segunda parte confirma este diagnóstico tras analizar tres cuestiones críticas de carácter sectorial y transversal, como son la vivienda, la educación y las comunidades autónomas.
Por último, la tercera parte tiene carácter más normativo que positivo, pues reflexiona sobre qué hacer, aunque no pretende aportar soluciones propiamente dichas. Más que mejorar los mecanismos de gobierno, debemos empezar a pensar de otra manera. Para ello, hemos de renovar nuestro «mercado» de ideas, pero también mejorar la información disponible de forma automática al ciudadano. Esa mejor información dotará de mayor coherencia a sus preferencias y, en consecuencia, mejorará sus decisiones políticas. Es imprescindible si de verdad queremos hacer realidad nuestros deseos.
Se trata de una propuesta optimista: no solo cree en una democracia de ciudadanos adultos bien informados, sino también en su racionalidad potencial y en su capacidad para asumir sus responsabilidades. Confía en que, sean cuales sean sus preferencias, supondrá una diferencia radical el que empiece a comprender la necesidad de atenderlas con medios más apropiados que los que suele demandar.
El libro condensa trece años de trabajo académico y reflexión pública. Muchas de sus tesis fueron desarrolladas y contrastadas en investigaciones previas, charlas y tribunas publicadas sobre todo en The Objective. Aquí se presentan no como una recopilación, sino como una síntesis crítica y articulada que amplía y depura los argumentos que han resistido el juicio del tiempo, el contraste público y mis propios cambios de opinión.
Mi propósito ha sido ordenar ese conjunto en un marco coherente, acumulativo y comparado. No se trata de provocar ni de convencer por vía emocional, sino de contribuir a entender por qué nuestras instituciones y políticas funcionan como lo hacen, y qué papel desempeñamos los ciudadanos en su configuración y en sus disfunciones. El enfoque combina observación empírica, fundamentos teóricos y reflexión crítica, con la ambición de ofrecer un diagnóstico que nos permita pensar el cambio institucional desde nuestras propias limitaciones culturales.
Si de verdad queremos cambiar nuestra situación, creo que el primer paso es mirarnos con objetividad a nosotros mismos.
«Una democracia de ciudadanos informados
puede corregir sus errores sin líderes
ni expertos providenciales»
La prioridad no es solo mejorar las instituciones, sino formar una ciudadanía más lúcida, capaz de ver el coste real de lo que exige. Ninguna reforma durará si no cambia también la forma en que pensamos y votamos.
Ahí reside la esperanza —y el mensaje optimista— del libro: la solución a nuestros problemas está a nuestro alcance. Una democracia de ciudadanos informados puede corregir sus errores sin líderes ni expertos providenciales. La prosperidad no necesita héroes ni santos, sino mecanismos que nos obliguen a pensar. Basta con que cada ciudadano sienta lo que da y lo que recibe. Entonces la corrupción dejará de parecernos un espectáculo ajeno y se sentirá como una ofensa personal. Si la culpa es nuestra, también lo es la solución.
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