El “hombre nuevo”
o la eliminación de la persona
La idea del “hombre nuevo” y la deshumanización son claves para entender la violencia de los proyectos totalitarios y la importancia de la memoria histórica.
Para que la memoria histórica de un conflicto sociopolítico o de una experiencia totalitaria se convierta en una garantía de no repetición, es necesario comprender algunos conceptos que han servido para justificar la violencia política. Entre ellos destaca la noción del “hombre nuevo”, una de las ideas más influyentes y peligrosas de los proyectos revolucionarios del siglo XX.
Tomaré como referencia "El libro negro del comunismo" y una observación de François Furet, citada por Stéphane Courtois, según la cual “la Unión Soviética une la fuerza material con el mesianismo del hombre nuevo”. Esta afirmación revela que el proyecto soviético no buscaba únicamente transformar la economía o las instituciones. Su aspiración era más profunda: transformar la propia naturaleza humana. El “hombre nuevo” representaba la promesa de un individuo liberado de sus antiguas lealtades, de la religión, de las tradiciones familiares y de cualquier identidad considerada incompatible con el proyecto socialista. La revolución no pretendía únicamente reorganizar la sociedad; aspiraba a crear un nuevo tipo de ser humano.
Sin embargo, la filosofía política del siglo XX mostró los riesgos de esta pretensión. Cuando una ideología cree poseer la definición correcta del ser humano, termina considerando defectuosos a quienes no encajan en ese modelo. La persona concreta deja de ser lo importante para convertirse en objeto de transformación. Allí comienza el tránsito de la propaganda hacia la dominación.
Courtois vincula esta idea con la eliminación de las llamadas “clases enemigas”. Un ejemplo revelador es la instrucción atribuida a Martin Latsis, dirigente de la Cheka: “No hacemos la guerra contra las personas en particular. Exterminamos a la burguesía como clase”. Desde su lenguaje, ¿quién es el burgués? ¿No es una persona?
La frase expresa muerte a lo esencialmente humano: la libertad, el amor, su distinción. Ya no importan los actos, las responsabilidades o las decisiones personales. Lo determinante es la categoría social a la que se pertenece o la que se le vincula. La identidad humana es sustituida por una clasificación ideológica.
Desde esta lógica, el asesinato político es contra grupos considerados incompatibles con la revolución, pero esto requiere la muerte concreta de la persona. El enemigo deja de ser sujeto con nombre para convertirse en una abstracción. Y cuando el adversario se convierte en una abstracción, su eliminación puede presentarse como una necesidad histórica: la emergencia del hombre nuevo.
En este contexto resulta significativa una afirmación de Héctor Rodríguez: “…no es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media y que después pretendan ser escuálidos”.
Más allá de la coyuntura política en la que fue pronunciada, la frase deja entrever una concepción particular de la relación entre ciudadanía y poder. El problema no sería la pobreza, sino la autonomía que podría surgir de su superación. La movilidad social deja de ser un objetivo para convertirse en una amenaza. El individuo debe permanecer dentro de los límites definidos por el proyecto político y no desarrollar una identidad independiente de él.
La eliminación de la persona cumple entonces una doble función. Por una parte, suprime a quien es considerado un obstáculo para el proyecto revolucionario. Por otra, destruye la posibilidad de transmitir valores, experiencias y formas de vida distintas a las definidas por el poder. No se elimina solamente a un individuo; se intenta impedir la continuidad de aquello que representa.
El asunto no es únicamente semántico. Las ideas terminan traduciéndose en prácticas concretas. Cuando determinadas concepciones de la humanidad se convierten en políticas de Estado, sus efectos se inscriben sobre los cuerpos, las familias y las comunidades.
Por ello resulta imposible no recordar a Daniel Queliz, joven de veinte años asesinado el 11 de abril de 2017 en Valencia durante las protestas. Daniel fue el único hijo Neils Queliz, quien, semanas más tarde queda viudo a causa del suicidio de su esposa quien no soportó el dolor de la muerte de su hijo.
La pregunta permanece abierta: ¿por qué en una manifestación civil las fuerzas encargadas del orden público portaban armas capaces de producir la muerte? ¿Error o diseño?
La muerte genera terror, pero también tiene consecuencias que trascienden a la víctima inmediata. Murió Daniel. Murió también su madre. Desaparecieron los hijos que nunca pudo tener y los nietos que sus padres jamás conocerán. La violencia política no elimina únicamente vidas presentes; también destruye futuros posibles.
Por ello la memoria histórica exige mirar más allá de las cifras. Cada joven asesinado representa una biografía interrumpida, una familia rota y una familia que no existirá. La eliminación en estos sistemas posee una dimensión generacional que con frecuencia permanece invisible.
En el fondo, la discusión remite a dos concepciones opuestas de la condición humana. La tradición democrática reconoce a la persona como un sujeto libre, dotado de dignidad propia y capaz de autodeterminar su destino. La lógica totalitaria, por el contrario, concibe al individuo como instrumento de un proyecto histórico superior, necesariamente obediente y sumiso a sus propósitos.
Por eso la naturaleza profunda de los proyectos totalitarios no consiste únicamente en controlar el poder político. Su aspiración última es moldear la vida humana de acuerdo con una visión ideológica determinada. El “hombre nuevo” pasa de ser una promesa emancipadora (propaganda) para convertirse en la negación de la persona concreta.
Las protestas venezolanas de 2014 y 2017, junto al movimiento comunitario del 2024 dejaron cientos de muertos, miles de detenidos y una generación marcada por la prisión política, el exilio y la persecución. Recordar a sus víctimas no es únicamente un ejercicio de memoria. Es una defensa de la persona humana frente a cualquier proyecto que pretenda decidir quién merece vivir, quién debe obedecer y quién puede ser sacrificado en nombre de una supuesta “redención colectiva”.
Por eso, el desafío venezolano no consiste únicamente en un cambio de régimen, sino en la reconstrucción de una sociedad profundamente herida. Como ocurrió en la Europa de la posguerra, la tarea no será solo reemplazar un gobierno, sino reconstruir instituciones, comunidades, memorias.
