El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) encabezan la «penosa lista» JUNTO A ESCUADRONES Y A COLECTIVOS DE LA MUERTE, de organismos que reflejan el incremento del terrorismo de Estado en Venezuela.
Necropolítica en la Venezuela bolivariana:
el estado como máquina de guerra
y estado de excepción y necropolítica
como marco de los operativos
policiales en Venezuela
Se propone un análisis de la violencia institucional venezolana. Se plantea concebir el actual estado venezolano como una máquina de guerra cuyo más evidente dispositivo necropolítico lo constituyen las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Para tal fin, se recurre a instrumentos conceptuales provenientes de los estudios africanistas. En particular, las nociones de criminalidad de estado (Bayart), necropolítica y gobierno privado indirecto (Mbembe) resultan pertinentes para entrever el nuevo estado emergente en Venezuela. Bajo una metodología que combina lo normativo y lo empírico, se describirá cómo las prácticas necropolíticas estatales señalan una estructura que no está centralizada ni tampoco espacialmente delimitada que impacta mayormente a los más pobres.
Desde las tradiciones de la criminología crítica y los planteamientos de Agamben y Mbembe se intenta hacer unas reflexiones iniciales sobre los operativos policiales, la militarización de la seguridad ciudadana, el uso de la fuerza y el derecho a la vida en la Venezuela post-Chávez. La idea central es que el incremento de la violencia institucional durante las casi dos décadas de gobiernos del chavismo, más que presentar rupturas con los gobiernos anteriores, constituye parte de un continuo proceso de precariedad y deterioro de las instituciones cuya función manifiesta es la reducción y contención de la violencia. Paradójicamente la operatividad de estas instituciones termina potenciando la violencia en beneficio de los actores que coyunturalmente las dirigen.
En estas líneas se sintetizan diversos trabajos empíricos sobre operativos policiales, militarización de la seguridad ciudadana, uso de la fuerza y derecho a la vida que hemos realizado durante los últimos años en la Venezuela post-Chávez. A la vez se enmarcaran los mismos en perspectivas teóricas que les permitan trascender la coyuntura en la que se encuentran insertos, así como los actores circunstanciales que las ejecutan, y las adscripciones ideológicas en las que se autodefinen, para develar y comprender las racionalidades políticas a las que estas prácticas obedecen. Los trabajos que sirven de base son principalmente tres:
1) Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP): entre las ausencias y los excesos del sistema penal en Venezuela (2017a);
2) ¿La mano dura disminuye los homicidios? El Caso de Venezuela (Antillano y Ávila, 2017);
3) Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela (2018a), que se encuentra en proceso de edición para su próxima publicación.
La idea central de este texto es que el incremento de la violencia institucional de carácter letal que puede observarse actualmente en Venezuela, que se ha acelerado e intensificado durante los últimos años, más que presentar rupturas o giros, parece formar parte de un complejo y contradictorio proceso de progresiva precariedad y deterioro de las instituciones cuyas funciones formales supuestas son las de contener la violencia. Paradójicamente, estas instituciones lejos de contener la violencia (tanto ajena como propia) terminan potenciándola en beneficio privado de los actores que coyunturalmente las dirigen.
Los 5 colectivos chavistas
más temidos por la
población civil de Venezuela
Tienen armas rusas, fueron entrenados militarmente por guerrillas como las FARC y hacen negocios con grupos narcos colombianos como los Rastrojos. Operan principalmente en el barrio 23 de Enero, en el oeste de Caracas y actúan como grupo de tareas del chavismo para reprimir brutalmente a los opositores.
Los colectivos chavistas son los "herederos de la lucha armada" en Venezuela y se ubican en los barrios del oeste de Caracas, en especial en el populoso —y peligroso— 23 de Enero. No son homogéneos, de hecho muchas veces tienen rivalidades e, incluso, enfrentamientos armados por el control territorial.
Es que estos grupos operan como los dueños de las zonas que ocupan. Su primera función es "defender a la revolución bolivariana", para ello tienen todo tipo de armas y grupos de choque que usan para agredir a los que consideren que están en contra del modelo. Pero también ejercen una especie de "disciplina" dentro de su territorio con su propio código de honor. Muchos, incluso, se ufanan de mantener los índices de crímenes por debajo de la media nacional (la peor del mundo con 70,1 homicidios por 100.000 habitantes).
Han tenido entrenamiento militar por parte de guerrillas como la colombiana FARC, producto de la buena relación entre este grupo terrorista y el gobierno chavista
Hay cientos de colectivos, pero los más importantes -y peligrosos- de Venezuela cuentan con armamento sofisticado: fusiles portátiles de origen ruso (AK) y granadas de gases lacrimógenos. Dos de ellos, los grupos Carapaicas y Tupamaros han tenido entrenamiento militar por parte de guerrillas como la colombiana FARC, producto de la buena relación entre este grupo terrorista y el gobierno chavista. Además, tienen relaciones con bandas paramilitares colombianas, como Los Rastrojos, quienes también les proveen armamento.
Los financia el gobierno a través de los planes sociales, les otorga partidas para sus proyectos culturales y gestionan tareas públicas como la distribución de alimentos. Pero los colectivos, además de mantener su fachada social, combinan sus actividades políticas con narcotráfico, robo de automóviles y otras formas del crimen organizado.
Hugo Chávez los cobijó en su coalición de gobierno, los financió y permitió que crecieran en los barrios más pobres del país como promotores y guardianes de la Revolución Bolivariana. Pero Nicolás Maduro ya no los controla a todos, como tampoco tiene dominio sobre buena parte del partido de gobierno PSUV. Algunos pocos aún le responden, pero otros están bajo el dominio de dos personajes oscuros del régimen: Diosdado Cabello, acusado de narcotráfico en los EEUU, y Freddy Bernal, el actual jefe nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Desde 2014, además de dominar territorios se transformaron en el grupo de tareas del chavismo para sofocar las protestas opositoras. Así, dejan su zona de confort para reprimir codo a codo con la policía militar chavista a las movilizaciones opositoras. Hace tres años lograron aplacarlas con 40 muertos y líderes opositores detenidos, como Leopoldo López. Y ahora, en 2017, vuelven a salir a las calles para atacar a los opositores que masivamente se volcaron a la protesta contra el régimen de Maduro. En este mes, ya se contabilizaron más de 20 muertes. Una de ellas, la de Paola Ramírez, está probada que contó con la intervención de los colectivos.
Así mataron los colectivos a Paola Ramírez
Para Fermín Mármol, un criminólogo de la caraqueña Universidad Santa María entrevistado por The New York Times, "si la revolución pierde la presidencia mañana, los colectivos inmediatamente se convertirán en una guerrilla urbana".
Los colectivos más importantes
Movimiento Revolucionario de Liberación Carapaica: visten prendas militares y se ocultan la cara, operan en el barrio 23 de Enero en Caracas. Su líder es el "Comandante Murachi". Su armamento incluye carabinas M4 y fusiles FAL. Su primera operación fue en noviembre de 2002 cuando atacaron dos vehículos blindados de la Policía Metropolitana, en respuesta a la absolución de los militares implicados en el "Carmonazo", el intento de golpe de Estado contra Chávez. Son considerados uno de los dos colectivos más peligroso.
La Piedrita: Este colectivo nació en 1985 de la mano de Carlos Ramírez y Valentín Santana. También están instalados en el barrio 23 de Enero de Caracas y se les adjudican numerosos homicidios. El más conocido es el asesinato de un custodio del Ministro de Justicia, hecho por el cual dos de sus integrantes fueron detenidos, Ronald Gregorio Garcia Tesara alias "Satanas" y Romys Enrique Vásquez Hernández alias "el Diablo". Este es otro de los dos colectivos considerados más violentos del país.
Los Tupamaros: Esta organización es la que tiene perfil político más alto. Tiene tendencia marxista-lenilista y tomó su nombre del grupo guerrillero uruguayo. Sus orígenes datan del año 1989, tras el Caracazo. En 1998, respaldaron la candidatura a presidente de Hugo Chávez. Bajo el lema "comuna o nada", este colectivo es señalado como el principal represor de las protestas opositoras de 2014.
La Coordinadora Simón Bolívar opera en Caracas y se autoproclama como uno de los colectivos fundadores. En los últimos tiempos se ha enfrentado a La Piedrita por cuestiones de disputa de poder.
Colectivo Alexis Vive: Tras el intento de golpe de Estado de 2002, y la muerte de Alexis González Revette, militante de la Coordinadora Simón Bolívar, nació este colectivo. Como acciones armadas atacó las instalaciones del mayor gremio empresarial, Fedecámaras.
El Gran Polo Patriótico: creado en 2011 e integrado por 28 Consejos Patrióticos Sectoriales, cuenta con 10.810 mini colectivos y movimientos sociales compuestos por 35.543 personas. La finalidad y naturaleza de estos grupos es motivo de debate. Mientras el gobierno y sus seguidores aseguran que tienen exclusivamente fines culturales, ideológicos y pacíficos, hay denuncias y evidencias gráficas de peso que relacionan a algunos de ellos con labores de control político parapolicial y con su participación en la represión violenta de protestas pacíficas que se han generado desde el pasado 12 de febrero y que han causado 33 muertos y 1.736 detenidos, según explica Franz von Bergen en el trabajo "Colectivos y poder".
Víctimas de Maduro Revelan los Métodos de Tortura que Vivieron...
Esto se Destapó - Testigo Directo
El tercer informe de la Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela, reveló una cadena de hechos contra los más de 245 perseguidos políticos que aún hay en el país suramericano, solo por calificarse como opositores a Maduro. Dentro de los métodos que describen las víctimas a la misión internacional figuran estos. Testigo Directo tuvo acceso a uno de estos testimonios, el de Laudelina Romero, madre de Gabriel Barros, detenido el 6 de agosto del año 2017 por estar presuntamente vinculado al alzamiento militar contra Maduro, ocurrido en El Fuerte Paramacay, Naguanagua, en el estado Carabobo.
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