Prensa con mordaza
El palangre o palangrismo es la forma de cobrar o aceptar dinero para favorecer una o varias personas u una o varias instituciones sin importar la verdad del hecho. En lenguaje periodístico, práctica de recibir palangre (pago ilícito).
Desde la Guerra Civil hasta la actualidad en España la prensa ha pasado por numerosas vicisitudes. Fueron recuperadas publicaciones incautadas por el bando republicano mientras que los vencedores montaban una cadena de diarios mediante la confiscación de unos cuantos y la compra o creación de otros.
Una red informativa de servicio público que sirvió al régimen que la alumbró y que, con la transición, pasó a ser objeto de codicia política. El Gobierno de Suárez acordó privatizarla para que la utilizara UCD. Pero, ante el previsible fiasco electoral en 1982, decidió manipularla en su favor para después darle el golletazo.
No le dio tiempo y el PSOE, que se había opuesto a su desaparición, la aprovechó a tope y después la liquidó tras intentar que pasara a depender del diario El País. Escándalo que le hizo echarse para atrás, aunque adquirió varios rotativos mediante empresas de socialistas.
Quienes criticaban el control del régimen anterior han hecho lo mismo. Lucha desde el poder para manejar a la prensa. De la censura se ha pasado al dirigismo informativo y la autocensura. Algo que va a más.
INTRODUCCIÓN
Durante la Guerra Civil ambos bandos realizaron incautaciones de medios de comunicación social. Así, se dio el caso de que el diario Abc continuara en Sevilla siendo monárquico mientras en Madrid, donde estaba la casa madre, fuera reconvertido a la fuerza en republicano. Finalizada la contienda el Gobierno decidió crear una cadena de publicaciones como servicio público. El sistema consistió en la confiscación de unas cuantas y la compra o creación de otras. Prensa y Radio del Movimiento abarcaría informativamente casi toda la geografía nacional. Llegó a poseer más de la tercera parte de los rotativos de nuestro país. Contaba con ocho veces más publicaciones que la primera empresa periodística privada, Editorial Católica. Durante el periodo inicial hubo pugnas por su control. Se impuso el sector falangista. Con el paso de los años fue evolucionando, tras las diferencias surgidas entre distintas familias políticas, imponiéndose la línea del Movimiento. Después progresó a tono con la llegada de los tecnócratas al Gobierno, un grupo destacado de miembros del Opus Dei. Finalmente, tras la caída de estos, se llegó a revolver contra “el espíritu del 12 de febrero” que preconizaba el presidente Carlos Arias Navarro. Fue el famoso gironazo publicado en Arriba, buque insignia de esta flota periodística, en contra del asociacionismo político.
Era la lucha entre el búnker y los partidarios de cierta renovación conforme a las exigencias de los nuevos tiempos. Sirvió al régimen que la alumbró y, con la llegada de la transición, pasó a ser objeto permanente de codicia política. El Gobierno de Adolfo Suárez democratizó el nombre, pasando a denominarse Medios de Comunicación Social del Estado. Pero tan solo se trataba de un lavado de imagen cara su ulterior enajenación. La excusa para privatizarla fue que la radio y la televisión son un servicio público y la prensa, no. Por ello se desgajó la red de emisoras, que fue incorporada a Radio Nacional de España y posteriormente a lo que ahora es el ente RTVE. Con la democracia consolidada y en plena agonía de la cadena de diarios estatales, se dio la circunstancia de que se invirtieron los papeles en relación con la supervivencia de la misma. Partidos de izquierda y centrales sindicales, enemigos acérrimos hasta entonces de su continuidad, modificaron de postura y pasaron a defenderla a ultranza. Mientras UCD (Unión de Centro Democrático) que, desde su llegada al poder, la había utilizado descaradamente a su servicio, abogada por la desaparición. Todos giraron un ángulo de 180 grados.
Una vez acometida la transición democrática, el partido en el poder trató de mejorar a cuenta del Estado estas publicaciones, dotándolas de nuevos edificios y modernos medios técnicos, para su proyecto de privatización y adquisición de los más influyentes y rentables, mediante una turbia maniobra económica. Los centristas flanqueaban la campaña de las empresas editoras para la liquidación de la red de diarios, tras aprovecharla convenientemente en las campañas electorales. La debacle de los ucederos en las de 1982 frustró sus planes de acaparamiento de la red de diarios. El PSOE, una vez en la Moncloa, pese a que se había mostrado partidario de su continuidad –así fue acordado en su XXIX Congreso– y que había impugnado el proceso enajenador, acabaría aplicando el decreto-ley de supresión aprobado por el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Se desdecía de sus iniciales propósitos de pervivencia como medios institucionales, dándoles el golletazo.
El trasfondo era hacerse con su control a nivel privado, para incrementar su magno aparato de dirigismo informativo. Primero fue el intento de formación de sociedades anónimas laborales para que los trabajadores estuvieran teóricamente al frente de los rotativos, pero bajo la participación empresarial de El País. La denuncia de la maniobra y oposición de aquellos para evitar la creación de un holding periodístico en torno a dicho diario de izquierdas, en el que hubieran quedado relegados a convidados de piedra, frustró el proyecto del PSOE y de Jesús Polanco, presidente de Prisa. Después, la creación de Mundicom, empresa que, mediante sociedades formadas en las capitales en que se iban a subastar los diarios más influyentes y saneados, intentó coparlos. Empresarios próximos al poder consiguieron unos cuantos.
Así, el caso Filesa, sobre la financiación del PSOE, tuvo como protagonistas a Guillermo Galeote, Carlos Sanjuán y Carlos Navarro, máximos responsables de Prensa Sur. Adquirieron varias cabeceras en Andalucía. Pero no declararon tal actividad, pese a su condición de parlamentarios a Cortes. Tras la investigación abierta, Sanjuán llego a manifestar que los tres eran testaferros del partido en dicha empresa, mientras que desde la sede de Ferraz negaban cualquier participación en la misma.
La politización de los medios que adquirieron supuso en algunos casos tremendos descensos en las ventas. Ocurrió con el santanderino Alerta. Regido por dirigentes socialistas cántabros, fue escenario de una de las huelgas más largas –cuatro meses– de la historia del periodismo en España. Un resonante conflicto en el que se prodigaron agresiones físicas, amenazas de pegar tiros, estallido de alguna bomba, contabilidades falseadas, cientos de miles de ejemplares camuflados, generoso reparto de beneficios y donación al PSOE...
Escándalo que hizo que el tema de la asignación de este rotativo llegara al Congreso de los Diputados. Los mayores perjudicados por este proceso enajenador y posterior privatización han sido los periodistas que trabajaban en esta cadena. Fue un buen banco de pruebas, una gran escuela profesional, para muchos que se iniciaban en el mundo de la información. Pero los vaivenes políticos de la última etapa hicieron que sufrieran las iras de varios dirigentes, como cuando el ministro Pio Cabanillas los calificó de residuos fascistas o el vicepresidente Fernando Abril Martorell amenazó con meterlos en los bajos del Ministerio de Agricultura.
Los que eligieron continuar al servicio de la Administración del Estado fueron condenados al más oscuro de los ostracismos. Arrinconados en gabinetes de comunicación de museos y otros centros similares, quedaron casi anulados laboralmente. Excelentes plumas que se desaprovecharon. Un poder, cuarto o no, presente diariamente en la vida nacional, desconocido casi siempre por los lectores y oscuro las más de las veces en su entramado. Una prensa que no ha sido del Estado, sino que ha sobrevivido cautiva del Gobierno de turno. Todo un viaje desde la herencia joseantoniana hasta la de Pablo Iglesias, la del fundador del PSOE y UGT, no la del de Podemos. Adoctrinada por la Falange, potenciada por el Movimiento, manipulada y después legislada su privatización por la UCD y vendida la mejor parte y liquidada el resto por el PSOE, continúa siendo objeto de polémica.
Centristas y socialistas intentaron que, una vez liquidada de la Administración del Estado, prosiguiera supeditada a nivel privado de su órbita de poder. Quienes criticaban el dirigismo y manipulación política del régimen anterior pretendieron hacer lo mismo. En suma, un continuismo con una falsa imagen democrática. Una historia interminable que ha discurrido por un camino sinuoso, cerrado y, sobre todo, contradictorio. Periódicos que han pasado a depender de unos amos de la información a otros.
El último capítulo de este libro esté dedicado a los dueños de la prensa. Y a las intrigas y manejos de la máquina felipista/socialista para erigirse como el más importante de todos ellos y tratar de manipular al resto. Siempre en base a que quién controla la información, tiene el poder. Al precio que sea.
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