La sociedad cautiva
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Constituye un ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta, y sin el control interno y europeo, de un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos, bajo cobertura de la prórroga del estado de alarma...
El control de la acumulación de poder es el gran problema de la política. La democracia, único medio para alcanzar ese control, es la forma de gobierno de las sociedades abiertas que trajo la modernidad, en las que los individuos adoptan decisiones propias y participan en el ejercicio del poder, en contraposición a las sociedades arcaicas, tribales o colectivistas. Karl Popper jugó con la hipótesis inconcebible de una sociedad abstracta en la que los hombres no se encontrasen nunca cara a cara, donde los negocios fuesen concertados telemáticamente por individuos aislados. En esa sociedad despersonalizada, la vida transcurriría en el anonimato, el aislamiento y el infortunio. Esa hipótesis inconcebible se ha hecho realidad: muerte, enfermedad, pérdida de seres queridos, temor al contagio propio y ajeno, inaccesibilidad al diagnóstico y al tratamiento, inexistencia de instrumentos de protección... A tanta aflicción se han sumado la impotencia del aislamiento y la amargura de la soledad. La tecnología proporciona recursos comunicativos e incluso impone una hiperconectividad, sustitutoria de la satisfacción emocional. Triste sustituto que ha sido -lo sabemos-, manipulado, monitorizado y pervertido desde el poder. Y aun con el alivio adictivo de la conectividad digital, los usuarios de internet, aislados y asustados, somos incapaces de vivir una vida común no monitorizada, incapaces de articular -más allá de la cacerolada- un sujeto liberador, un nosotros que haga valer su existencia y su libertad.
Por el confinamiento, muchos, demasiados, han perdido, tal vez irremediablemente, trabajo, negocios y oportunidades. Algunos aún deben tributar por actividades no realizadas y ganancias no recibidas. Todos nos hemos empobrecido. Y, como siempre, unos pocos han hecho negocio. Pero el más sucio de los negocios es la apropiación ilícita de poder; la que aprovecha el miedo, el cautiverio y la postración de la sociedad.
En primer lugar, padecemos el tardío abordaje de una crisis sanitaria -que no de orden público- mediante la privación de libertad bajo una coerción policial, innecesaria sobre una ciudadanía mayoritariamente responsable; padecemos la exasperación de esas medidas en contra de la propia ley de estado de alarma que, como regla general, impone la libertad y sólo como excepción temporal, su restricción y cuyo artículo 1.2 somete toda intervención a los principios de proporcionalidad y necesidad, que no han sido aplicados a los ciudadanos sanos. Nos preguntamos por qué se carga el peso de los sacrificios sobre los profesionales y los ciudadanos, sin dotarles de los mecanismos de diagnóstico y protección que hubieran minimizado la carga y aliviado el sacrificio. La pregunta es tan pertinente como el debate sobre las confusas y contradictorias respuestas que hasta ahora se han recibido.
Constituye un ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta, y sin el control interno y europeo, de un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos, bajo cobertura de la prórroga del estado de alarma que garantiza al Gobierno el mando único en la fase aguda de la excepcionalidad y en la vuelta a la ya imposible normalidad. Ante una sociedad cautiva, se han dictado sucesivas órdenes ministeriales de inmenso calado económico y fuerte compromiso de derechos, y un sinfín de decretos leyes restrictivos de derechos fundamentales, frecuentemente oportunistas, sobre materias que poca o ninguna relación guardan con las razones sanitarias y de orden público que formalmente demandaron el estado de alarma.
En su cautiverio, la sociedad ha asistido al cierre del portal de transparencia del Gobierno, la imposición de filtros a las preguntas de la prensa, la financiación pública oportunista de medios de comunicación vasallos, la restricción en la difusión de mensajes y la evaluación de la verdad o falsedad de las noticias y los enunciados. En nuestro mundo relativista, la verdad se ciñe a la identidad entre nuestro pensamiento sobre las cosas y la realidad de las mismas cosas. Algo que guarda relación con la investigación y el juicio y que se concreta en la búsqueda de la verdad. A este uso común se añade un rasgo relacionado con la fe. Decir que una proposición, opinión o noticia es un bulo es invocar una norma que rige la fe y el juicio, para afirmar que esa proposición, opinión o noticia es indigna de asentimiento, no debe ser creída. Pero, ¿quién se erige en autoridad normativa de lo falso para separarlo de lo verdadero que-debe-ser-creído? ¿por qué y para qué lo hace? Las respuestas a estas preguntas se han tornado amenazas para quienes hemos asistido al impúdico reconocimiento oficial de la monitorización de redes sociales y escuchado en palabras de su máximo responsable en esta crisis, que la Guardia Civil destina parte de sus esfuerzos a minimizar la crítica al Gobierno, para comprobar después que los contenidos intervenidos son los que guardan alguna relación, siquiera lejana o indirecta, con el cuestionamiento de la gestión y la versión oficial de la crisis.
Y, todo, al tiempo que los medios de comunicación vasallos nos martillean la representación idealizada del heroísmo de los profesionales (esos que son enviados al trabajo sin condiciones ni protección) y los diversos formatos del mensaje, irisado y pueril, de que "resistiendo", "todo acabará bien".
Siempre debe frenarse la ilegítima apropiación de poder por parte de los poderes legítimamente constituidos. Algunos creen que esto solo es necesario cuando lo hace la derecha. Asumen acríticamente que la salud y la seguridad exigen la restricción de nuestras libertades o minimizan su importancia, sin pensar que las amplias facultades ya otorgadas son peligrosas, pueden ser utilizadas equivocadamente y quizá ya lo están siendo. Los poderes del Estado deben gestionar la crisis y su recuperación, sí, pero han de hacerlo bajo estricto control de las instituciones democráticas, apoyadas por una ciudadanía activa, cuya acción crítica, a riesgo de introducir malestar y tensión, contribuya a la construcción de la ética pública. Si descuidamos la vigilancia y si no fortalecemos las instituciones democráticas de control, dándole más poder a quienes ya lo ejercen, no viviremos ya en una sociedad abierta. Habremos perdido nuestra libertad y no será una pérdida temporal.
Al margen de las cifras manipuladas, la magnitud del desastre se mide ya en términos de derrumbe social, moral y económico. En la falta de credibilidad de un sistema que sí dejó atrás a muchos, a todos los mayores de 80 años a quienes, en residencias y domicilios, se negó la hospitalización, el tratamiento y las pruebas diagnósticas, sin discernir situaciones concretas; que envió y mantiene en primera línea sin protección, a los profesionales de la salud y el orden público, cuyo heroico esfuerzo es en sí mismo el más elocuente reproche; que sigue sin ofrecer tests a los profesionales, a los enfermos y a la población confinada y sin reconocer las espeluznantes cifras de fallecimientos de las que dan cuenta los datos comparados del Registro Civil.
La recuperación es un apremio moral fundado en los apremios del dolor y el sufrimiento. Muchos creemos que la solidaridad guarda relación con la evolución humana y que vale la pena ejercerla a la hora de encarar -en el sentido genuino de visión de la cara de otro- el futuro deliberando juntos, sin exclusión alguna, sobre los hechos y el alcance de los deberes respectivos. Nuestra sociedad, pese a la estupefaciente industria del entretenimiento y la propaganda oficial, es capaz de elevar el punto de mira y repensar los grandes temas de la justicia social, la libertad personal y de empresa, capaz recuperar la actividad económica que pueda acabar con el paro y la pobreza. Los ciudadanos seguimos siendo la gran esperanza de la política pero ahora, más que nunca, hemos de luchar por el Derecho y por los derechos, amenazados por la enfermedad, la parálisis económica, la revolución tecnológica, la manipulación digital y los abusos del poder. Hemos dado muestras de compromiso y responsabilidad y estamos dispuestos pero los responsables públicos no deben engañarse.
Ningún sacrificio más podrá exigirse, nada será posible, sin un reconocimiento público de la magnitud de la tragedia, sin el duelo, la memoria y la honra de sus víctimas, sin un análisis serio de todas sus causas, de las acciones y omisiones concurrentes en cada caso, sin la investigación y evaluación de la imprevisión y las dejaciones, de las probables imprudencias y los posibles fraudes, sin la exigencia de las responsabilidades que en su caso resulten, sin la pronta rectificación de los errores, la reparación de los daños y la compensación del sufrimiento. Es lo mínimo que debe ofrecerse a ciudadanos libres dispuestos a asumir esfuerzos.
Consuelo Madrigal Martínez-Pereda fue fiscal general del Estado y es fiscal de Sala del Tribunal Supremo y Académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
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Lo que estos expertos han señalado, son un llamamiento a despertar y a que los ciudadanos deberían plantearse, si la gestión de la reconstrucción del país, debe gestionarla el mismo gobiernomultipartito que ha gestionado la Pandemia, o debería encomendarse esa tarea a un equipo de gestión competente, que no suscite tanta desconfianza. Estamos en fase de desescalada pero también ante la oportunidad de ciudadanos responsables que conocen sus derechos. ¿O no?
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