“Dime quién te paga y te diré que escribes”,
o cómo los periodistas han sacrificado la verdad
En pleno siglo XXI (como dirían quienes afirman que entre más reciente y moderno es algo, más bueno es) y con acceso casi ilimitado a información a través de múltiples plataformas digitales, es uno de los momentos en los que la verdad se encuentra más indefensa. Nos enfrentamos a diario con organizaciones, movimientos e ideologías que se han olvidado de lo obvio, de lo lógico y lo razonable.
En pleno siglo XXI, dirían los “iluminados”, parece impensable tener que defender algo tan sagrado como la vida del ser humano, la familia como núcleo de la sociedad, la fe y hasta el patrimonio cultural, pero es lo que una sociedad consumida por el materialismo y lo efímero ha obligado a hacer.
Recuerdo al inicio de mis estudios como periodista que todos recalcaban la importancia de la defensa de la verdad. Escuché durante años que ser un buen periodista es ser la voz de quienes son oprimidos, de quienes no tienen una voz. Un buen periodista cuenta la historia de esa persona que no puede hacerlo para evidenciar la injusticia y la maldad y así, cambiar y salvar vidas. Era algo que en el contexto socieconómico en el que vive la mayoría del país era y sigue siendo necesario e imperativo.
Aunque muchos lo saben por su fe, llevar esa misión de enseñar la verdad a un campo profesional era para lo que mis compañeros de clase y yo nos preparábamos. Al salir al campo de batalla, un periodista se enfrenta con la dura realidad de que muchos colegas, grandes profesionales y personas de gran corazón, parecen haber olvidado su misión, el motor de su misma profesión: la defensa y protección de la verdad.
Atacar la verdad puede ser una cuestión personal, una convicción malvada o puede ser un compromiso que se hace a cambio de dinero, una especie de transacción en donde, por necesidad económica o ambición, el periodista está dispuesto a modificar la forma en que habla, a engañar a sus lectores y a promover todo menos la verdad.
Estos motivos, si no es que todos juntos, son los que han hecho que ahora muchos “medios de comunicación” alcen la bandera de la independencia de información, de la “defensa de la dignidad de los pueblos”, de la “defensa de los tergiversados Derechos Humanos”, de la “defensa de las minorías oprimidas y la intolerancia”, entre otras frases inventadas. Y hablo en comillas porque detrás de estas frases tan populares se esconde un objetivo macabro, utilitarista y hasta sangriento.
Sí, existe la desigualdad, la pobreza extrema, el hambre y la sed, existe la violencia. La mayoría de guatemaltecos no tiene acceso a servicios básicos de salud y educación, el desempleo crece cada vez más y existen realidades terribles como el abuso sexual, las redes de tráfico de personas y cosas que cuesta imaginarse. Negar esta realidad es un extremo tan peligroso como que un periodista utilice el sufrimiento ajeno para un fin perverso que responde a una agenda antiderechos que el financista de un medio de comunicación desea avanzar.
No, no existe la objetividad en el periodismo porque los periodistas son personas y tienen sus convicciones y visiones de una problemática. Y cada vez este sesgo, natural y saludable de la profesión, se convierte en un peligro cuando leemos quién está detrás de una nota periodística, quién financia estos falsos medios de comunicación (desinformación) “tan modernos y progresistas”. Aparecen los mismos nombres de siempre, esos que te hacen reír y decir: “¡Cómo crees esas conspiraciones!”: International Planned Parenthood Foundation (IPPF, la multinacional que ha asesinado a más de 25 millones de personas no nacidas en lo que va del 2020), organizaciones feministas de la Organización de las Naciones Unidas, embajadas europeas (sí, esas de países de “primer mundo”), Bill y Melinda Gates Foundation (que te da cátedras de población y vacunas, ¿no hacían computadoras?), entre otros.
Dime quién te paga y te diré que escribes, porque el que paga los mariachis pide las canciones. El que financia el medio en el que un periodista trabaja es quien le dice qué escribir, cómo hacerlo y con qué objetivo. Así de fácil, miles de periodistas en el mundo se han vendido como esclavos a un patrono que los amarra con jugosos salarios y falsas promesas de éxito en el campo periodístico.
Así de fácil, miles de periodistas en todo el mundo han sacrificado la verdad a cambio de unos billetes más o fama. Nada trascendental, porque “¿quién sigue creyendo en algo trascendente? ¡Eso es para los medievales!”, dirían.
Resulta decepcionante cómo quienes tienen esa gran misión de informar a quien no conoce y formar su opinión ahora hasta hayan decidido que una letra “o” oprime a cierto segmento de la población, que una persona en el vientre materno es un tumor que hay que extraer, que Dios es una idea venida de las cavernas. Han sacrificado el lenguaje, la vida y hasta la religión que les dio la dignidad humana y fundó la sociedad “patriarcal” en la que viven. ¿Qué más están dispuestos a sacrificar con un solo artículo, un solo video o columna de opinión?
“Una mentira repetida mil veces termina convirtiéndose en una verdad”, decía Joseph Göbbels, titular del Ministerio del Tercer Reich para la propaganda. Tal parece que los pseudo periodistas obedecen a este principio. Aterrador y lo es más cuando los vemos doblegarse totalmente ante sus líderes, nublando su vista y sin intención de plantarse en su contra.
Afortunadamente, este siglo “tan moderno y progresista” también ha levantado del silencio y del sueño a muchos periodistas que no están dispuestos a sacrificar la verdad ni sus ideales por unas monedas o por quedar bien con el discurso imperante de las mayorías. Ellos, a quienes Twitter y Facebook censura y quienes no aparecen en las principales páginas de los periódicos, son quienes merecen ser escuchados y leídos.
Hoy más que nunca, el lector y consumidor de información en redes sociales deben tener más abiertos los ojos y leer las letras pequeñas al borde del documento; preguntarse: ¿quién financia este medio? ¿Qué es lo que ese financista quiere que yo crea? Con estas dos preguntas podremos diferenciar la verdadera información de la propaganda, la verdad de la mentira.
«Llegará el día en que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde”, decía el gran periodista inglés G. K. Chesterton.
¡Qué sería del periodismo si más personas lo imitaran! Pues ese día llegó para todos, pero especialmente para el buen periodista, ese que por quien no puede hacerlo para evidenciar la injusticia y la maldad y así, cambiar su realidad. El día llegó para el comunicador que con el mundo entero en su contra, entre las balas de una cultura antivida, antifamilia y anticristiana, no tiene miedo a pararse firme y nadar contra la corriente en defensa y propagación de la verdad.
Aunque le tiemble la voz, aunque le tiemble la pluma, aunque le gane el sentimiento, ese deseo trascendental de ayudar al prójimo, de bondad y de belleza le hará el más grande de todos.
“El gran problema de la prensa española
es la verdad”
“Los hechos se retuercen para que se adecúen a los prejuicios ideológicos de cada medio”, dice.
“Así, los medios han con
tribuido a difundir la idea de que no hay hechos incontestables sino visiones parciales de la realidad. Como consecuencia ha acabado echando raíces la especie de que, al igual que los políticos, todos mienten, o todos cuentan una parte interesada de la verdad”.
tribuido a difundir la idea de que no hay hechos incontestables sino visiones parciales de la realidad. Como consecuencia ha acabado echando raíces la especie de que, al igual que los políticos, todos mienten, o todos cuentan una parte interesada de la verdad”.
Un número creciente de españoles están sedientos de noticias políticas pero no confían en que los periodistas les informen de forma honesta.
El periodismo es la segunda profesión menos respetada en España, justo detrás de la de los políticos y de los jueces. Y según el último informe de Reuters Digital News, los medios de comunicación españoles tienen la credibilidad más baja de Europa.
De hecho, los españoles desconfían de sus periodistas casi tanto como de sus políticos.
A primera vista, el panorama de los medios de comunicación españoles es amplio y diverso. Los 47 millones de habitantes pueden elegir entre unos 85 periódicos. Dejando de lado los diarios deportivos, el mayor de los seis principales diarios nacionales es El País, con una tirada de 360.000 y unos 1,9 millones de lectores por día, seguido de cerca por el diario gratuito 20 Minutos (1,7 millones) y El Mundo (1.2 millones). El País, de izquierda y estrechamente ligado y subvencionado al Partido Socialista, fue considerado durante mucho tiempo el diario de referencia en España, pero ha sufrido una pérdida de lectores, recursos y reputación.
El Mundo, la voz principal de la derecha liberal (en contraposición a la derecha tradicionalista y católica) también ha pasado por dificultades.
La oferta televisiva es igualmente amplia. Una ancha franja de redes comerciales existe al lado de canales de financiación pública, tanto nacionales como regionales; aquéllos copan alrededor del 80% del mercado.
Pero esta aparente variedad de opciones es engañosa. La gran mayoría del mercado está en manos de unos diez conglomerados mediáticos.
El grupo PRISA, que publica El País y sus ediciones globales en español, inglés y portugués, es propietario de un grupo de revistas, cadenas de televisión y radio, productoras y, hasta el año pasado, un brazo editorial masivo que llegaba hasta las Américas.
El grupo Vocento posee 14 diarios, incluido el diario nacional ABC. El grupo Planeta, la mayor editorial en lengua española del mundo, tiene una participación importante en televisión y es dueño del periódico conservador La Razón. Aunque muchos de los conglomerados comenzaron como empresas familiares, ahora están controlados por empresas transnacionales o un puñado de poderosas instituciones financieras.
Durante la última década y media, el declive de los ingresos por publicidad ha puesto a estas corporaciones contra las cuerdas. La Gran Recesión hizo que se dispararan las deudas.
Durante la última década y media, el declive de los ingresos por publicidad ha puesto a estas corporaciones contra las cuerdas. La Gran Recesión hizo que se dispararan las deudas. Hubo despidos masivos para satisfacer el deseo de los accionistas de beneficios a corto plazo, sin que se tocaran los astronómicos paquetes de compensación de los ejecutivos. En 2013, El País despidió a 129 empleados y recortó los salarios de la plantilla en un 8 por ciento, mientras ese mismo año el ejecutivo de PRISA, Juan Luis Cebrián, se embolsó más de 2 millones de euros. Como ha señalado el periodista Gregorio Morán, la mayor parte de los dirigentes actuales de los medios proviene de la misma élite burguesa que medró bajo el régimen de Franco.
Lo que queda de las redacciones desmanteladas subsiste con un ejército de autónomos y becarios mal pagados.
“La diferencia entre el que más cobra y el que menos en los periódicos tradicionales es escandalosa”, dice la joven periodista Berta del Río. En los principales periódicos digitales hoy, dice, los autónomos cobran entre 30 y 40 euros por reportaje, fotografía incluida.
“Algunos no pagan nada. Y si pagan, es a 90 días” Por otra parte, dice, se espera que los periodistas produzcan seis o siete temas por semana, a la vez que se mantienen al día con las redes sociales. Esto deja poco tiempo para la investigación o la comprobación de la información.
La deuda de los conglomerados ha impactado de forma directa en la libertad de prensa, afirma Guillem Martínez, periodista veterano que escribe para El País en Cataluña.
“Desde la crisis de 2008, los bancos han cambiado su deuda en los principales medios por acciones”, dice.
“Son propietarios y ejercen esa propiedad como en el siglo XIX”.
A veces esto lleva a la supresión de noticias. El 8 de enero de este año -recuerda Martínez- el Banco Santander suspendió la cotización en la bolsa americana.
“Esa noticia no apareció en la prensa española”, afirma.
Otras veces, los bancos han ejercido su poder en la misma sala de redacción. Martínez recuerda un caso en 2013, cuando un ejecutivo bancario llamó a un editor y le dijo que despidiera a un periodista que estaba tuiteando críticamente sobre el banco.
“He trabajado en medios donde me han dicho que no dijera nada malo de una determinada empresa o sobre tal o cual político”, dice Mar Cabra, que ahora trabaja en Madrid para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
“Se consideraba normal. Algunas empresas o algunos partidos políticos eran tabú debido a la afinidad del medio con ellos o porque eran grandes anunciantes”.
Cuando los indignados tomaron las calles en mayo de 2011 denunciaban también la insuficiencia de los medios para responsabilizar a las élites políticas y económicas ante los intereses de los ciudadanos
Cuando los indignados tomaron las calles en mayo de 2011 no sólo denunciaban la falta de democracia en España, sino también la insuficiencia de los medios para responsabilizar a las élites políticas y económicas ante los intereses de los ciudadanos.
“Los medios de comunicación en España se parecen al sistema en el que han medrado desde la muerte del dictador Franco: una democracia con resabios autoritarios, en la que la participación ciudadana se ha reducido a su mínima expresión”, dice la periodista Trinidad Deiros.
“La política y el periodismo en España han sido dos torres elitistas e inexpugnables, comunicadas entre ellas, en las que el español de a pie ha sido un convidado de piedra.”
En ninguna parte queda más clara esta conexión que en los medios públicos. Al contrario que en otros países europeos, muchos ciudadanos españoles ven la televisión pública, la radio y los servicios de noticias como meros portavoces de los gobiernos nacionales y autonómicos. Y la interferencia política no se limita a los canales públicos; también los medios privados reciben fondos de los gobiernos.
“Existen motivos claros para sospechar favoritismo en el uso que dan los distintos gobiernos –tanto el nacional como los autonómicos– a la publicidad institucional, o a la concesión de licencias y subvenciones”, afirma David Cabo, de CIVIO, una organización sin ánimo de lucro que lucha por la transparencia y el libre acceso a los datos públicos por parte de los ciudadanos.
Esfuerzos como el de CIVIO se enfrentan a una clase política que no está dispuesta a ceder el control. En un intento de cortarles las alas de los medios, el gobierno del PP se ha valido de su mayoría absoluta en las Cortes para aprobar la polémica nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza.
La ley, que entró en vigor el 1 de julio, no sólo limita el derecho de los ciudadanos a protestar en persona o por escrito, en forma impresa o digital, sino que también frena la capacidad de los medios de comunicación para cubrir esas protestas.
Miguel Mora, ex periodista de El País, escribió en la revista italiana Internazionale que la ley “contiene 44 artículos que conceden al Gobierno la potestad de multar a los ciudadanos con sanciones económicas que oscilan entre los 100 euros y los 600.000 por faltas administrativas agrupadas en tres categorías.”
El propósito de la ley, añadió, es eludir el sistema judicial.
“En efecto nos devuelve a los tiempos de la dictadura franquista y nos mete de lleno en un estado policial”.
La ley mordaza ha provocado protestas por parte de entidades tan diversas como las Naciones Unidas, el Instituto Internacional de Prensa, y The New York Times.
A diferencia de Estados Unidos o Gran Bretaña, los políticos españoles nunca aceptarían “que un periodista le haga cuarenta veces la misma pregunta si considera que no ha respondido”.
“Esta actitud también es responsabilidad nuestra, de los periodistas españoles, siempre demasiado dóciles”. “Lo que en parte se explica por nuestras pésimas condiciones laborales que, obviamente, no incitan a rebelarse”.
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