ESPAÑA
FALLIDA
CÓMO EL FRACASO DE LAS ÉLITES NOS
HA CONVERTIDO EN UN PAÍS IRRELEVANTE
«España necesita desesperadamente mujeres y hombres de Estado, pero también una sociedad civil fuerte y exigente con el poder».
Que el IBEX-35 es la dirección en la sombra que maneja los hilos no deja de ser un lugar común, pero la realidad es diferente. Salvo honrosas excepciones, la comunidad empresarial española es pequeña, débil y más bien sumisa. Los partidos políticos y los gobiernos controlan demasiadas parcelas, empantanados en polémicas sectarias y cortoplacistas, mientras que las reformas estructurales imprescindibles se posponen indefinidamente.
John de Zulueta, expresidente del Círculo de Empresarios, retrata en España fallida las luces y las sombras de las élites españolas. Por sus páginas desfilan personas íntegras y comprometidas o individuos que medraron en la cultura del capitalismo de amiguetes, se consignan éxitos parciales y fracasos reiterados.
Su tesis no es complaciente: la sociedad española está demasiado pendiente de que el gobierno resuelva sus problemas como un milagro, pero eso no va a ocurrir. Solo una ciudadanía adulta, activa y crítica puede forzar los cambios de los que depende nuestro futuro. La reforma de las pensiones, la formación e integración laboral de los jóvenes, la competitividad, la innovación, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional no pueden esperar más.
John de Zulueta es presidente de Honor del Círculo de Empresarios y empresario de origen estadounidense. Actualmente es Consejero de Línea Directa Aseguradora, fundador y director de la consultora Point...
PRÓLOGO
Cuando fui elegido presidente del Círculo de Empresarios en 2018, y durante el trienio en el que estuve al frente, siempre procuré ser franco y comunicar nuestros principios en todos los medios en los que intervine. Entonces como ahora es mi obligación reconocer que las empresas españolas tienen algunos defectos evidentes. Quizás, como estadounidense nacido en Cambridge, Massachusets, he podido observar el panorama empresarial con una perspectiva distinta a aquellos que han estado siempre ligados al sistema político y económico español.
España evolucionó desde la dictadura de Franco a la democracia con Suárez sin perder ritmo. La exitosa Transición iniciada en 1977 fue un logro más que notable en una historia nacional accidentada. Después de todo, la Guerra Civil había dejado cicatrices severas en muchas familias. Pero desde la atalaya del Círculo, he tenido una visión diáfana de cómo la democracia española y sus instituciones han sido continuamente instrumentalizadas por los sucesivos gobiernos para sus propios intereses. Las grandes empresas, el famoso IBEX-35, estableció desde el principio una simbiosis con los distintos gobiernos y así garantizó un flujo constante de beneficios para sus accionistas. Sin duda existen las puertas giratorias y el continuo intercambio de favores entre gobierno y empresas. Esto hace posible, por ejemplo, que el gobierno controle una compañía multinacional como Indra con solo el 28 por ciento de sus acciones, tomando las decisiones al margen de su Junta Directiva.
En ningún sector es tan evidente este control como en el de la industria de la construcción. Como dijo uno de sus líderes: «En este país no se coloca un bolardo entre Irún y Tarifa sin que alguien cobre». Recuerdo un almuerzo de 2002 con el presidente de una importante constructora, que me dijo: «Me preocupa la corrupción del Partido Popular en el ámbito regional. En todas las autonomías que controlan nos están pidiendo comisiones a cambio de concesiones en obras públicas. No podemos hacer negocios de esta manera». Asentí y no pregunté si ocurría lo mismo en las autonomías controladas por el PSOE. Hoy todos sabemos que en la Cataluña de Jordi Pujol funcionó durante años una «mordida» fija del 3 por ciento en todos los proyectos de obras públicas. Parte de esas comisiones fueron a CIU y el resto aparentemente a la extensa familia Pujol. Desde luego, este es un mundo de «maletines». Algunos de ellos financiaron la remodelación de la sede madrileña del PP en la calle Génova 13. Para mantener una perspectiva equilibrada, no hay que olvidar el caso de los falsos ERE en Andalucía, que ha supuesto penas de cárcel para líderes del PSOE como Jose Antonio Griñán.
En una encuesta especial del Eurobarómetro en 2019, a la pregunta «¿Qué tipo de crímenes consideras más común en España?», la respuesta mayoritaria fue «Corrupción», y un 88 por ciento de los encuestados consideraron que esta «muy o bastante extendida». Mi carrera me ha llevado a tres países en dos continentes con culturas empresariales muy diferentes. Esto me ayuda a la hora de establecer algunas comparaciones. Primero fui consultor de gestión estratégica para Boston Consulting Group en San Francisco; después dirigí la multinacional PepsiCo Foods International en Caracas; y durante cuarenta y dos años he dirigido distintas compañías en Barcelona y en Madrid.
Comencé en el sector de alimentación y bebidas con PepsiCo y luego con Cadbury Schweppes, pero mi experiencia más extensa fue como consejero delegado y presidente del Grupo Sanitas, dedicado a los seguros médicos privados, hospitales, centros médicos, residencias y clínicas dentales. Como dice un amigo, fueron mis años de penitencia por mi contribución a la obesidad de los jóvenes españoles. «El negocio de América son los negocios» es una frase atribuida al presidente norteamericano Calvin Coolidge en 1925, y desde entonces se ha empleado para caracterizar la importancia y el valor conferido a los negocios en Estados Unidos.
Mi hijo Ricardo fue allí con el sueño de convertirse en director de cine y regresó como hombre de negocios. Muy pocos políticos pueden ser elegidos allí sin algún apoyo empresarial. En lo que respecta a Venezuela, para mí fue una revelación tener que enfrentarme diariamente a la corrupción. No pudimos sacar materias primas del puerto de La Guaira sin sobornar a alguien. Pero, hasta la llegada de Chávez, la comunidad empresarial todavía gozaba de cierta independencia política. En España, el mundo de los negocios estaba entrelazado con Franco, y con la democracia continuó estrechamente vinculado al gobierno de turno. Hay una ausencia notable de controles y equilibrios.
La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y el Banco de España se supone que son instituciones políticamente neutrales que garantizan la igualdad de condiciones para los negocios. Tanto el Círculo de Empresarios como la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) se fundaron en 1977 para promover los negocios en la nueva democracia. El Círculo era un think tank y lobby, mientras que la CEOE se concibió como entidad para las negociaciones con el gobierno y los sindicatos. Esto último sería impensable en Estados Unidos. El Círculo lo fundó José María López de Letona, exministro de Industria con Franco, y la CEOE estaba encabezada por Carlos Ferrer Salat, que dirigió Foment del Treball Nacional en Barcelona, cuyos orígenes se remontan a 1771.
El único realmente independiente es el Círculo, porque la CEOE tiene que tratar directamente con el gobierno y recibe dinero público para diferentes proyectos. Pero mientras la Transición se difumina en la memoria colectiva, el gobierno ha ido ganando más control sobre las instituciones supuestamente independientes e incluso sobre empresas privadas como Indra. Bancos, aseguradoras o compañías de energía, todas, deben lidiar con los organismos gubernamentales que las supervisan. El tablero de juego está cada vez más inclinado. Que «vivimos de la solidaridad de la UE», como afirmó el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo es completamente cierto. Desde mi llegada a España en 1980 la peseta se devaluó dos veces, en 1982 y en 1992.
Desde 2002 tenemos euros en nuestros bolsillos, una moneda muy similar en su estabilidad al marco alemán. Con economías tan dispares mezcladas en el cóctel de la UE, ha habido momentos difíciles para evitar que el euro se desintegrase. Después de la crisis monetaria de 2008, que abocó a España a una crisis inmobiliaria y al colapso de muchas cajas de ahorro, podemos agradecer a Mario Draghi, a la sazón presidente del Banco Central Europeo (BCE), que pronunciara cuatro palabras mágicas: «Lo que sea necesario». Fue suficiente para sostener el euro y mantener a raya a los lobos especuladores del mercado de divisas. Desafortunadamente, España no correspondió con reformas suficientes y aceptó un rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros en 2012, que fue presentado a la opinión pública como un simple préstamo. No obstante, permitió al Reino de España evitar la intervención directa de la troika, que sí reformó los sistemas de Irlanda, Portugal y Grecia.
Una década después de la crisis de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España), la preocupación principal está ahora en España e Italia. Los dos cargan con una deuda pública por encima del cien por cien del PIB. Los dos son «demasiado grandes para caer», y los dos necesitan el respaldo del BCE para garantizar la devolución de sus préstamos. Los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez han coincidido con las etapas en las que se ha asociado a España con más fuerza al grupo de los PIGS. Los dos han estado más interesados en promocionar su agenda social antes que la estabilidad económica. Zapatero dedicó su mandato a iniciativas como la Alianza de las Civilizaciones y la Memoria Histórica, un intento de reescribir la historia de la Guerra Civil. Sánchez ha resucitado este proyecto, y ha tenido el descaro de decir que «una de las cosas por la que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador». Como si transportar los huesos de Franco en helicóptero desde el Valle de los Caídos a un mausoleo privado hubiera ayudado de forma fundamental a la democracia española.
Tal vez sea recordado más bien por pisotear la Constitución, promulgando leyes específicas para ayudar a los separatistas catalanes que pusieron en jaque la legalidad española. La «memoria democrática» es una ficción. La «memoria», tal y como se plantea, tiene poco que ver con la verdadera «historia» y nada que ver con «democrática». El mayor error de Zapatero fue acordar con Pasqual Maragall su apoyo incondicional a la revisión del Estatuto de Cataluña. A cambio, recibió el apoyo de Maragall en su candidatura al frente de la Secretaría General del PSOE frente a José Bono, quien lideraba las encuestas. La revisión estatutaria era un viejo deseo catalán que la Segunda República había concedido a Lluis Companys. Fue un cáliz envenenado que acabó cuando Companys proclamó la soberanía del Estado catalán. Fue encarcelado en Montjuic, luego amnistiado y posteriormente huido a Francia durante la guerra, donde fue detenido, entregado a las autoridades franquistas y fusilado.
En la versión de 2006 del Estatut, la idea de que Cataluña fuera una nación fue rápidamente replicada por el PP con argumentos constitucionales. De nuevo, el gobierno catalán cometió la temeridad de declarar su independencia de España. Esta vez a cargo de Carles Puigdemont el 10 de octubre de 2017. Hacía tiempo que Maragall había dejado la Generalitat y sufría Alzheimer. Irónicamente, tenía una de las memorias más portentosas que yo he conocido. Cuando coincidíamos, siempre recitaba el número de teléfono de la casa de mis padres en Nueva York. Ellos le habían acogido en sus primeros meses en la ciudad, ya que mi madre era amiga de su padre, Jordi, y mi abuelo era amigo de su abuelo Joan. Él pasó de estudiar en la Universidad de Columbia a la más izquierdista The New School for Social Research. Esto fue antes de que comenzara su carrera política como teniente de alcalde de Barcelona, junto a Narcís Serra. Zapatero permitió que las semillas del independentismo catalán se plantaran de nuevo en España. Ahí radica la debacle institucional de los últimos años. Mariano Rajoy prefirió adoptar la estrategia de esperar y ver en el problema catalán hasta que se vio forzado a actuar.
El Senado aplicó el artículo 155 de la Constitución y el gobierno central se hizo con el control de la autonomía catalana, con la excepción de la televisión pública TV3. La concordia de 1977 se perdió y desde 2017 las instituciones y la economía han ido cuesta abajo, impulsados también por la crisis del covid y las altas tasas de inflación. España tiene hoy un gobierno que legisla con el apoyo de partidos independentistas que desean destruir la unidad territorial del país. España proyecta una imagen de inseguridad legislativa y regresión institucional similar a la de los estados fallidos, y en Europa es un país cada vez más irrelevante. ¿Cuáles son los países más atractivos de la región para la atracción de talento e inversión? De acuerdo con el reciente ranking IMD World Talent de 2022, Suiza, Suecia, Islandia, Noruega y Dinamarca encabezan la clasificación.
España está en el puesto 32, por detrás de sus vecinos Portugal, Francia e Italia. La economía española nunca se ha recuperado del todo de la crisis de 2008 ni de la pandemia.
Ha llegado el momento de que la sociedad civil grite: «Yo acuso», como Émile Zola en 1848. Pero en este caso no se trata del caso Dreyfus. El escándalo lo protagoniza un gobierno que ataca sistemáticamente a instituciones como la Monarquía, el Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad del Estado y algunos principios constitucionales, en un afán revisionista en el que se interpreta la historia reciente como si la democracia solo hubiera comenzado con la llegada de los socialistas al poder.
Los españoles están perdiendo la
confianza en sus instituciones básicas y en la capacidad del gobierno para resolver las dificultades económicas. Es tiempo de un canto general e individual de «Yo acuso».
Abascal entona su particular 'Yo acuso' contra Sánchez:
"El único asiento que usted merece es el de los acusados por atacar la Constitución"
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