ESPAÑA
SERÁ UNA
DEMOCRACIA.
MANIFIESTO
La Junta Democrática es una organización civil que coordina y promueve la acción unitaria del pueblo español para que se instituya libre y pacíficamente en España un régimen democrático con separación de poderes en origen y la elección directa de los representantes políticos.
La Junta Democrática es una organización civil que coordina y promueve la acción unitaria del pueblo español para que se instituya libre y pacíficamente en España un régimen democrático. En cuya constitución formal se determinen dos principios básicos:
1# Un sistema de elección directa de los representantes políticos.
2# La separación de poderes de origen entre el legislativo y el ejecutivo, así como la independencia del poder judicial.
Su fundación originaria fue el 29 de julio de 1974 como plataforma para coordinar la acción de todas las fuerzas políticas que perseguían la ruptura democrática con la dictadura franquista. Al no existir libertad de prensa e información, su acción se desarrolló en el seno de las organizaciones políticas del momento y su eficacia se vio condicionada por las ambiciones de sus líderes.
Esto llevó a su disolución el 26 de marzo de 1976 al abandonar una parte de sus integrantes los principios de la ruptura democrática y aceptar el pacto con el régimen franquista con la ley para la Reforma Política de 1977. Dando así origen a la partidocracia actual instaurada en 1978 que, a pesar de introducir un régimen de libertades, no cristalizó en un régimen político democrático que pusiera límites y control al poder ni garantizase los derechos fundamentales de los españoles. Razón por la cual los motivos que impulsaron la creación de la Junta Democrática quedaron inconclusos.
Hoy, al ser los partidos políticos órganos del Estado que anteponen sus intereses corporativos y privilegios institucionales a las necesidades de los ciudadanos, se hace improrrogable por más tiempo que los españoles adquiramos pleno dominio de aquello que nos corresponde por derecho propio, la libertad política.
Es hora de que el pueblo español unido tenga la libertad de designar candidatos y elegir a sus representantes políticos para promulgar sus leyes en favor de sus verdaderos intereses y ejercer un control en el ejercicio del poder que lo gobierna.
Ha llegado el momento de que los españoles seamos gobernados por un sistema político democrático que garantice nuestros derechos fundamentales, que ponga limites y control al poder político y actúe en nuestro beneficio, seguridad, estabilidad y pacífica convivencia.
Esa unidad en exigencia de la democracia es la Junta Democrática de España.
Tras más de 40 años de partidocracia, el régimen del 78 ha demostrado todas las características de un Estado fallido. Que, guiado por los intereses y privilegios de la clase política, se ha regido por la arbitrariedad en el ejercicio del poder, el autoritarismo, la corrupción, la fractura social, la inseguridad jurídica, la injerencia política en la impartición de justicia y la dependencia económica. Y en su agonía genera cada vez mayor inestabilidad y pobreza a la nación española llegando a amenazar su propia unidad como sujeto político.
Esta es la razón por la que antes de que los actos políticos y acontecimientos sociales precipiten un daño irreversible, se hace necesaria la apertura de un periodo de libertad constituyente. Donde mediante la elección de un gobierno provisional que garantice la funcionalidad de las administraciones y servicios públicos, se dé plena libertad informativa a los ciudadanos de las distintas alternativas democráticas.
De esta forma será el pueblo español el que elija libremente la forma de Estado y la forma de gobierno que deban instituirse a través de referéndum. Momento en el cual se convocarán unas elecciones a cortes o asamblea constituyentes con el fin de redactar una constitución y una declaración de derechos de acuerdo con la voluntad prevalente del pueblo español.
La acción política de la sociedad civil ha de ser unitaria para ser exitosa, y debe recoger en su seno las múltiples sensibilidades, ideas y posicionamientos de todos y cada uno de nosotros en aras de alcanzar el objetivo común de establecer un marco político que garantice el ejercicio de sus diferencias en condiciones de igual justicia.
El primer paso es divulgar de forma constante y permanente la realidad política que define el sistema actual y las características que lo hacen intrínsecamente antidemocrático. Aparejado a ello, informar de la alternativa democrática cuya materialización es el motor y fin de la Junta Democrática.
La organización de la asociación se estructura desde las diferentes Juntas Democráticas de cada demarcación territorial o social, encargadas de cohesionar a los núcleos poblacionales para que los ciudadanos propongan y coordinen acciones para cumplir con los objetivos de la Junta Democrática.
¿Cómo vamos a conseguirlo?
Abstención activa.
Con la organización civil, llevaremos a cabo acciones pacíficas que fuercen la apertura de un periodo de libertad constituyente, entre las que se requiere la no participación en las votaciones cuando se convoquen y la abstención activa. Y cuando la mayoría de la sociedad decida por convicción no participar del actual régimen político, éste quedará desprovisto de toda legitimidad y cada acción que ejecute se sustentará únicamente en su fuerza coercitiva y violencia legal para imponer a la nación su voluntad de forma tiránica.
La nación española jamás aceptará que la minoría de la clase política imponga mediante la fuerza un sistema político con el único fin de garantizar sus privilegios. Y haremos uso de todas las herramientas pacíficas que estén en nuestra mano para, si es necesario, hacer inoperante la acción de gobierno mientras este no acepte el cambio legitimado en la libertad política del pueblo español hacia la institución de la democracia como forma de gobierno.
MANIFIESTO
I
Todos los seres humanos son por naturaleza igualmente libres e independientes, y su convivencia en estado de sociedad debe regirse y gobernarse garantizando su libertad e independencia colectiva e individual.
II
La Nación Española no reconoce la autoridad ni legitimidad para gobernarla ni regir su vida en sociedad de ningún Estado cuya forma jurídica no haya sido elegido por aquella tras un periodo de libertad constituyente.
III
La nación española es un hecho histórico dado, y su realidad está determinada por su diversidad cultural, lingüística y regional, que debe ser protegida y preservada indiscriminadamente. Por ello y en atención al daño que la concentración y centralización del poder del Estado de las Autonomías ha generado económica y socialmente, se debe devolver a los municipios el poder que garantice su independencia económica y desarrollo cultural.
IV
El pueblo español es el único sujeto político legitimado para darse a sí mismo una forma de Estado y hacer sus propias leyes a través de representantes elegidos uninominalmente en distritos electorales de no más de 100.000 habitantes.
V
Toda votación cuyo fin no sea elegir uninominalmente a los miembros del legislativo con mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector y separadamente al ejecutivo, es fraudulenta al atentar contra la libertad política del pueblo español. Y se considera un mecanismo para que bajo la fuerza, coacción o miedo se acepte o legitime un sistema tiránico que hace sus leyes y las impone a la nación tiránicamente.
VI
La no participación voluntaria de la mayoría absoluta de la ciudadanía en unas votaciones cuyo fin no sea el determinado en el punto anterior, deja a todo Estado que las organice carente de autoridad ni legitimidad para formar gobierno ni hacer leyes, por lo que a partir de dicho instante será considerado como un poder impuesto mediante la fuerza a la nación española y enemigo de esta.
VII
Deslegitimado el Estado, se debe crear un gobierno provisional que mantenga la funcionalidad del Estado y acompañar a ello la apertura de un período de libertad constituyente de mínimo un año de duración. En este periodo el gobierno provisional debe garantizar la libertad de prensa e información para la difusión de todo pensamiento y propuesta política que se base en los principios democráticos de la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo y la representación política por elección uninominal.
VIII
A la finalización del período de libertad constituyente, todo español mayor de dieciocho años deberá ser convocado mediante referéndum para elegir la forma de Estado propuesta desde las diferentes organizaciones civiles que las propugnen.
IX
Una vez elegida la forma de Estado por la nación, deben realizarse unas elecciones al parlamento o cortes constituyentes, cuyo fin será el de redactar una constitución que establezca la garantía de los derechos fundamentales en una declaración de derechos de España y determine la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo.
Paralelamente a ello deberá suprimirse el Tribunal Constitucional y se creará un consejo de justicia con dotación presupuestaria independiente que garantice la independencia del poder judicial.
MANIFIESTO POR LA DEMOCRACIA
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Vuelve la Junta Democrática de España
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