Introducción
Un fantasma recorre Colombia desde agosto de 2022. Es el fantasma del comunismo feroz (¿salvaje?), impulsado por los dirigentes de un proyecto político de escala latinoamericana, que ha llevado al país por caminos muy oscuros y que nos pueden conducir directo a un abismo sin retorno, a menos de que los ciudadanos entendamos que esa vía, que nos propusieron y que ganó en las urnas bajo las reglas de la democracia, no ha sido la adecuada para construir una nación próspera y pacífica donde realmente quepamos todos.
Los escándalos de corrupción que han protagonizado los funcionarios del "primer gobierno de izquierda" elegido democráticamente en Colombia, empezando por el presidente de la República, y los hechos que han demostrado la falta de preparación técnica e intelectual de varios funcionarios para llevar las riendas del Estado, han sido prueba fehaciente de que el camino que quisieron vender como "el cambio", no ha sido sino una pantomima y un despropósito que ha llevado al país por una senda de atraso, polarización y más odio, en vez de crecimiento económico, desarrollo social, seguridad y paz.
Por eso, este libro pretende llamar la atención sobre las elecciones presidenciales de Colombia en 2026, para no volver a caer en el error de elegir falsas ilusiones de "cambio", ni que el electorado se deje engañar de nuevo con discursos mesiánicos, de ideología soviética trasnochada y promesas irrealizables.
Porque, seamos sinceros, la ferocidad de este comunismo salvaje, sus frases incendiarias, acciones erráticas y destructivas, han polarizado aún más nuestra fragmentada sociedad, y han creado un clima de hostilidad, irrespeto y violencia, en lugar de congregar, unir, crear consensos y construir una paz real para todos los colombianos.
El triunfo de Gustavo Petro Urrego en las elecciones presidenciales de 2022, con 11.292.758 votos frente a los 10.604.656 del candidato Rodolfo Hernández (Registraduría Nacional del Estado Civil, s.f. c), el inquietante exalcalde de Bucaramanga ungido por la oposición a Petro como candidato presidencial, y quien murió dos años y tres meses después de esas elecciones, el 24 de septiembre de 2024, dio inicio en Colombia al primer gobierno de izquierda en el país.
Muchos celebraron esta victoria alcanzada con apenas una diferencia de 688.102 votos como un logro de la paz y la reconciliación, pues demostraba que un guerrillero desmovilizado podía alcanzar la máxima dignidad del país por las vías democráticas en unas elecciones libres, auditadas, observa das y garantizadas por el Estado y la comunidad internacional, en vez de llegar al poder por las armas.
Lamentablemente para los colombianos, el ejercicio del cargo por parte de Gustavo Petro ha estado caracterizado por todo, menos por la dignidad que merece la Presidencia de la República de Colombia, por cuenta de la corrupción, la improvisación, la falta de técnica y el desconocimiento del manejo del Estado, así como las múltiples y ya incontables salidas en falso de funcionarios, familiares del primer mandatario y hasta de él mismo.
La máxima muestra de esto fue el desastroso consejo de ministros que el presidente decidió transmitir por televisión nacional en vivo y en directo el martes 4 de febrero de 2025 (Presidencia de la República- Colombia, 2025a) y que mostró la inmensa desestructuración y descoordinación que ha caracterizado este gobierno, así como el desconocimiento o poco respeto que sienten Petro, sus ministros y altos funcionarios por el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes. En esa ocasión los colombianos también pudimos ver las rencillas y desconfianza reinante entre los integrantes del gabinete, incluida a la propia vicepresidenta de la Nación, Francia Márquez, que en ese momento fungía además como ministra de la cartera de la Igualdad y Equi dad, creada al inicio de este mandato.
La realidad es que este "gobierno del cambio y progresista" ha sido el más polarizante de las últimas décadas y, paradójicamente, el menos incluyente o democrático, cuando sus representantes reclamaban hacía años un país donde cupiéramos todos. Ellos, los "progresistas", han sido los más sectarios y excluyentes a pesar de haberse proclamado como "demócratas", y haber manifestado que estaban abiertos a crear coaliciones de gobierno incluso con personas de distintos espectros políticos. Toda la mentira se ha ido develando poco a poco, pero de manera contundente.
Los colombianos sabíamos quién era Gustavo Petro, de dónde venía y que su personalidad no iba a cambiar en su periodo como presidente 1. No obstante, quizás, algunos llegaron a abrigar la ilusión de que, una vez elegido, asumiría el rol de mandatario de todos los colombianos, dejando sus rencillas, rencores y resentimientos personales atrás. Sin embargo, no ha sido así, pues su pugnacidad ha aumentado, sin mencionar su manejo irresponsable de las comunicaciones y de todo el aparato estatal a su antojo. Por fortuna, no todos los funcionarios y entidades públicas se han prestado para su demagogia, ni las otras ramas del poder público, como la legislativa o la judicial, donde con esfuerzo se ha protegido la naturaleza constitucional de independencia y separación de poderes, baluarte de la democracia en todas partes del mundo.
En varias oportunidades, Gustavo Petro en sus extensas intervenciones en todo el país, no ha tenido inconveniente en lanzar acusaciones infunda das contra sus opositores y en culpar a los anteriores mandatarios de la falta de ejecución de su propio gobierno 2. Ha gobernado mirando por el espejo retrovisor y con la excusa de que las viejas estructuras sociales del país no lo han dejado hacer los prometidos cambios; no ha asumido su responsabilidad sobre nada y, por el contrario, ha culpado a todos de lo que él no ha sido capaz de realizar. Incluso, ha acusado a sus propios funcionarios de no obedecerle o de ser cómplices de un supuesto saboteo a sus políticas.
Petro ve enemigos en todos, vive sumido en una constante paranoia y en delirios de persecución. Con sus discursos políticos, muchas veces ininteligibles, ha embaucado a incautos y pobres, se ha aprovechado de la necesidad del pueblo, y con su demagogia ha querido ocultar lo inocultable: su ineficiencia e incompetencia. Según la encuesta de Invamer-Gallup de junio de 2025, sólo el 29% de los encuestados aprobaba el gobierno de Gustavo Petro (lnvamer, 2025, p. 31). Esta desaprobación indica que el 71% de los encuestados comprende la falta de capacidad para administrar, liderar y gobernar de Petro, que ha quedado confirmada en este triste periodo de nuestra historia reciente, el cual no podemos permitir que se repita, ni con él ni encarnado en cuerpo ajeno.
La llegada al poder de la izquierda en Colombia infló las esperanzas de muchas personas y las expectativas de buena parte dela población que abrazaron y apoyaron las banderas del "cambio" y del "progresismo" en esas elecciones; senadores de todo el país y de todas las corrientes, incluso conservadoras, se sumaron al "proyecto" y movieron sus fichas en el territorio nacional para que los electores votaran a favor del candidato de la Colombia Humana, nombre del movimiento de Gustavo Petro, y del Pacto Histórico, alianza de los partidos que lo apoyaron. Las contradicciones éticas y políticas de Gustavo Petro se hicieron evidentes desde la campaña en la que prometía encarnar el cambio, pero en la que incluyó figuras políticas cuestionables, expertos en vivir del Estado, como los exsenadores Armando Benedetti y Roy Barreras que en el pasado habían sido uribistas y santistas, y que, además, estaban inmersos en innumerables escándalos de corrupción y clientelismo3. En un ágil salto, de repente cambiaron de ideología y terminaron defendiendo las tesis de la extrema izquierda. ¿Petro quería cambiar la política o quería ganar a cómo diera lugar las terceras elecciones presidenciales en las que se presentaba?
En las elecciones de 2022, al estar enfrentados un candidato de izquierda y uno de derecha, el centro político se hizo difuso y se diluyó aún más de lo que ya estaba antes: lontananza viendo ballenas. Cuando se realizaron los comicios, se cumplían seis años de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Estado colombiano, y ese era uno de los puntos más candentes de los de bates presidenciales: cómo implementar y cumplir lo pactado y, por lo tanto, qué haría el próximo gobierno con respecto a ese tema.
Durante el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2014-2018), el gobierno se había volcado en el proceso de paz con ese grupo insurgente, el más longevo del mundo, y al final logró el propósito de negociar el retorno a la vida civil y desmovilización de los guerrilleros, quienes empezaron su participación política y a rendir cuentas ante la justicia, a través de mecanismos como la Justicia Especial para la Paz (JEP). Se inició entonces un proceso importante, en cabeza de la Comisión de la Verdad, para esclarecer los delitos cometidos durante 70 años de conflicto por parte de guerrillas, grupos paramilitares e incluso por integrantes de organismos del Estado que se desviaron de su naturaleza de proteger al pueblo. Este mecanismo de justicia transicional no ha sido ajeno a controversias, pero es preferible que exista a que no haya forma alguna de llegar a la verdad, la justicia y la reparación.
En este sentido, la Comisión de la Verdad logró establecer que las FARC cometieron los siguientes delitos: 96.952 homicidios, 29.410 desapariciones forzadas, 20.223 secuestros y reclutaron a 12.036 niños, niñas y adolescentes para la guerra (Comisión de la Verdad, 2O2 2). La JEP, al finalizar 2024, imputó a seis integrantes del secretariado de las FARC por la violación, abuso, tortura, malos tratos, homicidios, violencias reproductivas, sexuales y reclutamiento a niños y niñas con una cifra dolorosamente mayor de 18.677 casos que ocurrieron entre los años 1971y2016 (JEP, 2024).
Sin embargo, son muchas las heridas que aún permanecen por la falta de justicia y reparación, como es el caso de los exguerrilleros que han ocupado las curules que les otorgó el proceso de paz, sin haber pagado un solo día de cárcel, ni haber reparado a sus víctimas. Tal es el caso de la senadora Sandra Ramírez, conocida en la guerrilla con el alias de Griselda Lobo, quien fue la compañera sentimental del máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez alias Tirofijo, y que ha sido señalada, en diversas ocasiones, de haber reclutado a miles de niñas y niños que fueron sometidos a todo tipo de vejámenes por los jefes guerrilleros (Más allá del Silencio Podcast, 2025). La justicia nunca llegó para esas miles de víctimas que ven hoy cómo los exterroristas como Sandra Ramírez y sus camaradas, dictan leyes y amedrentan a quienes se atreven a encararlos por medio de persecuciones judiciales que, curiosamente, sí se mueven con rapidez en los estrados. Casi como un insulto más a las víctimas en vez de un acto de verdadera justicia, la JEP emitió una primera condena a los integrantes del Secretariado de las FARC y los condenó a ocho años de "sanción propia'', que "deberán cumplir a través de proyectos restaurativos, incluidos aquellos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario" (JEP, 2025b). Esto es verdaderamente indignante y no se compadece en lo más mínimo con los vejámenes cometidos.
El Estado colombiano, antes de esta negociación, había demostrado que militarmente era superior a la guerrilla y que esta no lograría nada por la vía armada. Tirofijo, el líder histórico de las FARC, murió de viejo, y sus sucesores, alias Alfonso Cano y alias Mono Jojoy, fueron dados de baja en impecables operaciones militares4, dejando al resto del "secretariado" con una mano atrás y otra adelante. Gracias a ello, a los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-201O), su sucesor, Juan Manuel Santos, logró crear condiciones favorables para que el Estado negociara con ventaja, y mostrarles a los cabecillas de los grupos armados que militarmente siempre serían derrotados por las fuerzas legítimas del Estado colombiano y que la mejor salida era la negociación y su incorporación a la vida constitucional.
Se logró un acuerdo que, por supuesto, no era perfecto, pero representaba la mejor opción posible. Ante las dudas y los debates que suscitaba, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió, en lo que consideraba una acción segura y audaz, someter el texto a un plebiscito. Este fue convocado para el 2 de octubre de 2016 con el propósito de refrendar popularmente los acuerdos realizados en La Habana (Cuba). Santos acudió a esta figura con la confianza de obtener el respaldo mayoritario. Sin embargo, el país se polarizó y quienes votamos por el "Sí" quedamos, de alguna manera, sorprendidos por el resultado. Después de todo, ¿quién no quiere la paz para Colombia? El acuerdo fue rechazado por 6.431.376 personas (el 50,21% votó por el "No"), frente a 6.377.482 votos (el 49,78 %) por el "Sí". Una diferencia de tan solo 53.894 votos (González, F., 2016, pp. 1-2).
El gobierno derrotado simuló que acogía las observaciones de los representantes del "No", y en una pirueta jurídica en el Congreso de la República, mediante una simple "proposición", le torció el cuello a los resultados en las urnas, y el "No", se convirtió en un "Sí". Se firmó, entonces, y a las carreras, un segundo acuerdo con las FARC (JEP, 2016) y Juan Manuel Santos ganó el premio Nobel de Paz (The Nobel Prize, 2016a).
Terminada la presidencia de Santos, asumió el mando Iván Duque Márquez (2018-2022), favorecido en una encuesta interna del Centro Democrático, partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Quienes no compartían los términos del Acuerdo de Paz firmado por el gobierno Santos, se expresaron y castigaron en las urnas el manejo que este último había dado, y optaron por la propuesta de Duque de "acuerdo sí, pero sin impunidad" (Duque, 2018).
El derrotado en esa ocasión fue Gustavo Petro, senador desde 2006.
Durante el cuatrienio 2018-2022, Petro se dedicó a criticar al presidente de la República y a alistar sus filas y a sus alfiles para la contienda electoral de 2022. La cuestionada gestión de Iván Duque (cuya única experiencia previa a ser presidente de Colombia había sido ser senador y funcionario del BID) y sus desatinos políticos fueron la mejor manera de promover y dar fuerza a la candidatura cantada de Petro, que competía por tercera vez a la Presidencia de la República. Durante el gobierno Duque lo pactado en el Acuerdo de La Habana se diluyó, y su implementación se dilató, al punto que surgieron disidencias de las FARC que volvieron a las armas, y aparecieron nuevos grupos guerrilleros, menos ideologizados que los de los años sesenta o setenta, abiertamente actores del negocio del narcotráfico (Gil, J. y Reyes, O., 2022).
Organizaciones como el Clan del Golfo se convirtieron en el enemigo a combatir. De nuevo, Colombia caía en un escenario de guerra interna.
El que persevera, alcanza -dicen-y Petro logró la presidencia. Dicen también que "en río revuelto, ganancia de pescadores", y el escenario de caos es el medio predilecto para un animal político como Gustavo Petro. Si otros no generan la crisis, él es experto en crearlas, porque es el ámbito donde se siente más cómodo, en la paranoia, la desconfianza, los complots, la suspicacia, las mentiras y la sospecha.
Petro ya se había sometido en 2011 a las urnas en Bogotá y logró ganar la Alcaldía Mayor con 721.308 votos. Sin embargo, para entender el contexto de ese triunfo, vale la pena mencionar que el potencial devotos para esa elección era de 4.904.572, de los cuales votaron 2.324.885, lo que implica que Petro ganó solo con el 32.16% de los votos (Observatorio Electoral, s.f.).
Durante los años 2012-2015 desarrolló una gestión atropellada y con resultados negativos en casi todas las áreas críticas de la ciudad. Era la muestra de que su fuerte no es gobernar, sino encantar con su retórica, demostrando, además, que la izquierda no tenía experiencia técnica ni administrativa para llevar el día a día de la capital. En ese momento Petro supo manejar las redes sociales con astucia: afiló su Twitter (hoy X) en contra del dos veces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, otro de sus enemigos declarados, para destruir, a punta de una narrativa de izquierda trasnochada, las grandes obras de infraestructura física y social que Peñalosa había dejado para la ciudad, como el sistema masivo de transporte público (TransMilenio), la red de colegios en concesión, las bibliotecas, parques, ciclorrutas y los centros deportivos y sociales denominados Centros Felicidad (Alcaldía de Bogotá, 2019).
Ahora, a tres años del mandato de Gustavo Petro como presidente de la República, los colombianos solo ven una estela de atraso, corrupción rampante, negligencia, desacatos a la ley y un sinnúmero de problemas en todo el país que ya existían, pero que se han agravado, de manera casi exponencial, en este periodo presidencial que parece eterno y de nunca acabar. Lo anterior, sin contar con una situación de inseguridad urbana desatada y falta de control del orden público en el territorio nacional5, sobre el cual las Fuerzas Armadas han visto su capacidad de operación y respuesta diezmada por las mismas órdenes del gobierno y su Comandante en Jefe, es decir, el presidente de la República que, en el marco de su política de "Paz Total", ha permitido que los grupos al margen de la ley hagan lo que quieran.
No ha habido en estos tres años ningún "progreso"; las cifras y estadísticas lo demuestran, y los indicadores lo confirmarán cuando, el 7 de agosto de 2026 Petro entregue el poder (algo que esperamos muchas personas) a quien gane las elecciones (si las deja hacer libremente y sin constreñir a las instituciones). Los efectos nefastos de querer imponer reformas a la brava, improvisando, imponiendo la ideología por encima del buen juicio, lo técnico y lo razonable, hablarán por sí mismos de la que podríamos catalogar como la peor gestión presidencial en décadas. Lo más grave aún es que todo esto se ha hecho atropellando las bases de la democracia colombiana. Ha habido "cambio", sí, pero no para mejorar o construir sobre lo construido, sino para retroceder y acabar con lo poco que funcionaba más o menos bien en nuestro dolido país.
Así las cosas, hemos estado en manos no de progresistas, sino de regresístas, y se completarán cuatro años perdidos en desarrollo económico, social y político de Colombia, todo por cuenta de los caprichos y devaneos de un líder de talante autoritario y desafiante, que osó poner una foto suya sobre una imagen del eclipse total de sol que vivió Colombia en octubre de 2023 (El Colombiano, 2023a) como si él fuera un mesías o un llamado a "iluminar" con sus brillantes ideas a la humanidad, tratando de ignorantes, por decir lo menos, a los que no pensamos como él pues no ha escatimado en insultos, groserías y mentiras para descalificar a sus opositores.
Soy de quienes piensan que las transformaciones son bienvenidas por que, de hecho, lo único permanente en la vida es el cambio, pero el cambio es para mejorar, crecer, innovar y no para destruir; cambio sí, pero no así. Los cambios se pueden hacer, pero con debates de calidad, altura, sin meterle ideología a lo técnico y en el marco de las leyes y la Constitución.
No vale la pena llorar sobre la leche derramada ni crear alarmas infundadas: los hechos hablan por sí mismos y demuestran que el "progresismo" y el petrismo lo que han hecho es seguir un libreto que se ha puesto en escena en otros países latinoamericanos, donde se ha tratado de imponer el llamado "Socialismo del Siglo XXI", de la mano de "progres" que han estado de moda en toda América Latina, enarbolando las banderas de la libertad, la democracia y la igualdad, pero tergiversadas a su particular manera.
Esta ideología se ha abierto paso en varios países de América Latina, con matices, pero el libreto, la ruta, es más o menos la misma y es lo que pretendo demostrar en este libro. Hay que abrir los ojos a esta funesta realidad a la que nos han conducido, y en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026 elegir bien, esta vez para enderezar el curso. Si no lo hacemos, seremos una nación espejo de nuestra querida vecina maltratada, Venezuela.
Hay que llamar las cosas por su nombre y dejarnos de eufemismos. Lo que Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y el sucesor de los fatídicos hermanos Castro en Cuba, Miguel Díaz-Canel, llaman "democracia", no lo es, son dictaduras. En sus países no hay democracia, así llenen páginas y páginas de discursos eternos en los que afirman que sus regímenes obedecen a los designios del pueblo que los eligió "libremente". Este es el modelo de gobierno que le gusta a Gustavo Petro y a los llamados "progresistas", así lo nieguen una y otra vez en sus redes sociales. Gustavo Petro no es un demócrata.
En Cuba, Nicaragua y Venezuela no hay libertad. Mucho menos igualdad, pues aunque sus gobernantes se declaran líderes de sistemas políticos que proclaman que "todos somos iguales", los hechos demuestran que, en sus países, hay unas personas "más iguales" que otras, y que la élite o los integrantes de los circuitos del poder se han beneficiado a costillas de dejar al pueblo pasando hambre, o forzándolo al exilio en condiciones de mendicidad. En estos tres países hay 43 millones de personas que viven bajo el yugo de dictaduras de extrema izquierda, comunistas o castrochavistas, cuyos defensores (entre ellos Gustavo Petro) insisten en catalogar como "gobiernos rebeldes". Hay personas capturadas de manera ilegal por la represión estatal en esos tres países, sometidos a dictaduras sangrientas6. Petro, que en sus interminables y delirantes discursos pontifica sobre el valor de la vida y de la dignidad humana, se hace el de la vista gorda cuando se trata de las personas sometidas por los gobiernos que él admira tanto.
Los regímenes de extrema izquierda en América Latina ni son democráticos, ni libres, ni igualitarios. Lo grave es que sus émulos, es decir, los demás dirigentes de izquierda del continente, parece que creen que en los tres países mencionados hay democracia, libertades, igualdad y respeto por los derechos humanos. La izquierda latinoamericana ha mantenido un silencio cómplice ante las barbaries y atropellos que los habitantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba sufren.
El avance del Socialismo del Siglo XXI, como fue bautizado por Hugo Chávez, ha puesto en riesgo los pilares fundamentales de la democracia moderna que deberían ser sagrados e irrebatibles, tanto para la izquierda, la derecha y el centro, en cualquier parte del mundo. La democracia pura y esencial implica definiciones y comportamientos que no tienen controversia como lo son el derecho a elecciones libres, a elegir y ser elegido, el derecho a ejercer la oposición, a la libertad de prensa y de opinión, el libre mercado, a la garantía de la alternancia en el poder y a la transición pacífica de un mandato a otro y, por supuesto, la separación y autonomía de los poderes públicos.
En un nivel superior de estos derechos se encuentran los más importantes, los derechos humanos, que no tienen discusión porque, por encima de todo, están la vida y la dignidad humana, no hay ni puede haber "muertos buenos" o víctimas de primera, segunda y tercera clase, no pueden disfrazarse los abusos de las autoridades y la represión con categorías como "presos políticos" o "gobiernos rebeldes". Reitero, son principios fundamentales que deben respetarse en todo gobierno que se jacte de ser democrático, sin importar sise ubica ideológicamente en un espectro de izquierda, derecha o centro.
Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México entre 2018 y 2024, y ahora su sucesora Claudia Sheinbaum, y Gabriel Boric en Chile, han querido llevar también a sus países el modelo socialista. Han ganado en las urnas y cada cual en su territorio ha pretendido imponer políticas de izquierda o del llamado "progresismo latinoamericano".
En otros países, los "vientos de cambio" fueron en realidad huracanes desoladores y raponazos al erario. Ni qué decir de los funestos gobiernos de Néstor Kirschner (25 de mayo de 2003-10 de diciembre de 2007) y Cristina Kirschner (presidenta entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015 y vicepresidenta entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023) en Argentina, Evo Morales en Bolivia (22 de enero de 2006 al 10 de noviembre de 2019), cuestionado incluso por denuncias de violación a una menor de edad (The Guardían, 2025a), o Rafael Correa en Ecuador (15 de enero de 2007 al 24 de mayo de 2017), quien quiso perpetuarse allí, en cuerpo ajeno, en las últimas elecciones realizadas en abril de 2025.
El progresismo ha sabido vender una ficción que consiste en hacerle creer a la gente que es posible un gobierno "popular", benefactor, en el que hay subsidios permanentes e inagotables, y en el que el dictador es el proveedor de los servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda y la alimentación, satanizando la iniciativa privada y la participación de particulares en la administración de estos, sin haber logrado hasta la fecha proponer modelos nuevos que no sean estatizantes. Cuba y Venezuela son la prueba en América Latina de que si no se permite el crecimiento y desarrollo económico de una sociedad en libertad económica, entonces la única alter nativa es la de vivir de la caridad internacional.
Analicemos el caso de Venezuela. El 28 de julio de 2024, el tirano narcodictador Nicolás Maduro realizó por tercera vez unas elecciones fraudulentas, en las cuales, violando los principios democráticos, volvió a autoproclamarse ganador de la presidencia de su país. Pero, con una estrategia finamente diseñada, la líder de oposición, María Corina Machado, logró recoger las actas en cada mesa de votación y le demostró al mundo que el pueblo venezolano derrotó al régimen opresor que mal gobierna a Venezuela desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder. Cada vez que el dictador Maduro convoca elecciones, es más difícil para el régimen esconder la baja participación.
En el siglo XXI, los políticos de extrema izquierda en América Latina entendieron que, para legitimar sus dictaduras, tenían que usar mecanismos y herramientas de la democracia liberal, como lo son las elecciones, para validar el proyecto político del Socialismo del Siglo XXI, inspirado en el modelo que ya lleva 65 años en Cuba. Pero cada vez les cuesta más trabajo ocultar de la mirada internacional que la llamada revolución bolivariana, que es la versión "venezolanizada" de la Revolución cubana, ha sido un ro tundo fracaso y que solo se mantiene por las vías del terror y las amenazas.
El gran temor en Colombia, después de tres largos años de mandato de Gustavo Petro, es que, al ser un declarado admirador del proyecto castrochavista, viole la Constitución de 1991 y se quede en el poder para establecer una "dictadura democrática" como la cubana y la venezolana. Aunque haya dicho que no está interesado en la reelección ni en gobernar en cuerpo ajeno, sabemos que así como Petro dice una cosa un día, dice la otra, o empieza a "hilar" en la red social X, su principal tribuna, argumentos repletos de ambigüedades, impertinencias, errores de ortografía y confusiones que él mismo propicia para aplicar aquello de "divide y reinarás".
Petro ha emulado otros gestos del dictador venezolano Hugo Chávez, de quien se cree un heredero, y quien se creía, a su vez, casi que la reencarnación de Simón Bolívar, así que Petro, por transitividad, imagina que es "un soldado de Bolívar", o por qué no, Bolívar mismo, delirio que ha manifestado y materializado atribuyéndose el poder para blandir la espada del Libertador (Presidencia de la República - Colombia, 2025d, lh01m36s en adelante).
Las más recientes peripecias de Petro para intentar prolongar su estadía en el poder de manera soterrada han incluido las iniciativas de convocar a una consulta popular, idea que fue hundida en el Legislativo, y que luego fue propuesta mediante un decreto, suspendido por el Consejo de Estado7, y posteriormente pretendiendo incluir una "papeleta" más el día de las elecciones presidenciales de 2026 (France24, 2025a). De hecho, ha puesto sobre la mesa la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente varias veces. La propuesta a veces la lanza él y la empiezan a mover sus ministros o la mencionan congresistas afines e intentan ponerla en la agenda legislativa.
La más reciente ocasión fue el 23 de octubre, cuando Luis Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, anunció que tenía listo el borrador del proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente (El Espectador 2025g). El nuevo llamado a esta ocurrió a pocas horas de conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Álvaro Uribe Vélez de la pena de 12 años de prisión domiciliaria que le había impuesto en primera instancia el juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá por fraude procesal y soborno en actuación penal (El Colombiano, 2025h). Sin embargo, Montealegre renunció a su cargo como ministro el 24 de octubre para "reto mar" el ejercicio de "sus derechos como víctima de Álvaro Uribe Vélez". Duró cuatro meses en la cartera de Justicia y Derecho. Con este nuevo cambio, se completan 60 ministros en tres años de desgobierno de Petro (El Espectador, 2025h).
Creo que las dictaduras de Cuba y Venezuela van a caer en un futuro muy cercano. Los cubanos y los venezolanos han entendido que el gran y único bloqueo que les impide vivir mejor son los dictadores que los han esclavizado y que, una vez se restablezca la libertad, encontrarán los caminos y los líderes para que sus sociedades puedan salir del hueco improductivo y triste en el que se encuentran.
Varios países de América Latina han perdido décadas de desarrollo, debido a que sus líderes dictatoriales se han aferrado a la nostalgia del sistema comunista de los países de la Cortina de Hierro, un modelo que fracasó y que dejó a millones de personas sufriendo las secuelas de la confrontación entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética tras la Guerra Fría. La izquierda más radical no ha comprendido que el mundo cambió y se ha mostrado reacia a modernizar su pensamiento, ignorando que incluso bastiones históricos del comunismo, como China, operan hoy bajo lógicas de mercado capitalista y han transformado sus economías para ser productivas y competitivas. Los sectores más extremos de la izquierda parece que todavía no han entendido -décadas después- que el propio Mijaíl Gorbachov reconoció que el modelo socialista había fracasado y que la Perestroika era indispensable. Ahora bien, muchos de estos "líderes" que admiran el comunismo y afirman que "el futuro es socialista", viven como capitalistas y disfrutan de privilegios, mientras sus pueblos padecen hambre y miseria8.
Pero como la historia tiende a repetirse, la Rusia de hoy, que no es comunista ni socialista, ni pretende serlo, pero que aplica muchas de las prácticas del estalinismo, modelo añorado por su presidente Vladimir Putin, continúa teniendo una injerencia real en Cuba, Nicaragua y Venezuela, ahora unida al eje que ha empezado a construir con Irán y con China. Nuestro continente no es ajeno a las tensiones internacionales, nunca lo ha sido. Durante la Guerra Fría, Cuba fue el enclave perfecto de la Rusia comunista en América para amenazar a los Estados Unidos, y para financiar, a través del gobierno de la isla, a las guerrillas latinoamericanas. Estados Unidos, por su parte, mantuvo cercanía con los gobiernos latinoamericanos y en los años sesenta del siglo XX con la Alianza para el Progreso trató de contener la "amenaza comunista", por supuesto, armando a los ejércitos locales, instruyendo a sus mandos, y con ayudas en temas de educación, sociales o cooperación, con el interés de mantener su influencia en la población y defender el sistema capitalista.
El aparato de propaganda que se difunde desde Rusia y China en América Latina no es un invento de una teoría conspirativa (Matura, 2025). Las redes sociales han tenido una enorme repercusión en la influencia de los votantes a través de bodegas digitales que tienen la tarea de difundir mensajes sistemáticos día y noche. Si durante la Guerra Fría el temor eran los ataques con armas nucleares, hoy el temor es la guerra cibernética. De hecho, para el caso colombiano, el propietario de la red social X, Elon Musk, desclasificó archivos que demostraban que, desde Rusia, se enviaron a Colombia millones de mensajes de apoyo para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2021 y 2022 (Berg, 2023).
Y mientras todo esto sucede, el papel de la Organización de Naciones Unidas deja mucho que desear. La comunidad internacional está muy temerosa de contrarrestar el imaginario revolucionario de Cuba y, por eso, en 2024, le otorgó un asiento en el Consejo de Derechos Humanos del organismo multi lateral, al lado de otras dictaduras como la de Qatar -aliado estratégico de los Estados Unidos- y la de China (Naciones Unidas, s.f.).
Aspiro a que estos ejemplos sirvan en Colombia y en el resto de América Latina, para no repetirlos ni caer en ellos de manera ingenua. Lamentable mente, son muchas las personas, en especial jóvenes entre los 14 y 30 años, que desconocen nuestra historia y la de América Latina, y caen fácilmente en las narrativas del "progresismo". De igual forma, hay colombianos que han militado en las alas más radicales de la izquierda, que anhelaron durante mucho tiempo que gobernaran sus partidos, pero no se dan cuenta o aceptan que este gobierno, el de Gustavo Petro, cayó desde muy temprano en las mismas prácticas corruptas, clientelistas y negligentes que tanto criticaban ellos cuando eran oposición.
Necesitamos abrir los ojos y, con evidencia, mostrar la estrategia en la cual nos envolvieron y que lleva a Colombia al despeñadero, de manera inevitable, por el talante de Gustavo Petro, que no sabe gobernar ni quiso aprender a hacerlo. Fue solo presidente para los suyos y, al final de su mandato, terminará preso de sus propias palabras y de las presiones de sus más cercanos colaboradores.
Esta es la razón principal por la que escribo este libro. Mi esperanza es que refresquemos un poco la historia reciente, para ver de manera evidente cómo se ha tejido ese libreto, cómo se ha construido la narrativa del "cambio'', que no es otra que la receta cubana, con la preparación de la debacle venezolana, pero que se quiere cocinar con ingredientes colombianos. En las elecciones de 2022 fuimos muchos los que advertimos el peligro que corría Colombia si ganaba la extrema izquierda. Y fueron muchos los periodistas, políticos, opinadores e influenciadores de centro que nos señalaron de extremistas porque, según ellos, Colombia nunca sería una Venezuela, confiados quizás, en que las instituciones soportarían una embestida que intentaría romper el equilibrio del Estado Social de Derecho.
Hoy, esas voces han cambiado de opinión, y aunque nunca lo van a reconocer, lo cierto es que el terrible gobierno de Petro nos da la razón a quienes vimos venir esta tragedia. Petro es un peligro real para la democracia de Colombia, y por eso el propósito es alertar de nuevo sobre los retos a los que se enfrenta Colombia en sus próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026 y de 2030, si se permite que arrastren al país en el juego incendiario de disfrazar como democracia el estilo dictatorial y el gobierno autoritario que el neocomunismo quiere imponer.
Este libro lo he dividido en siete capítulos en los cuales, al inicio, me remonto a la Revolución cubana como el gran origen de lo que hoy se padece en Venezuela y amenaza con implementarse en Colombia. En el capítulo dos, recapitularé los principales hitos de la llamada revolución bolivariana, para resaltar cómo se puso en escena la estrategia en Venezuela, de la mano de Hugo Chávez, hasta llegar al presente.
En el tercer y cuarto capítulo veremos cómo en Colombia se fue allanando el camino para la llegada al poder de la izquierda en cabeza de unos de sus representantes más radicales y, cómo una vez en el poder, comenzó a armarse el escenario para ir, poco a poco, creando las situaciones, condiciones y narrativas que podrían terminar con la implementación del "Socialismo del Siglo XXI" en Colombia. Será un recuento de los principales hechos cometidos por este gobierno que van ambientando todo para darle una apariencia de legalidad a la instauración de un régimen de corte socia lista, de nuevo, modelo que se ha comprobado en todo el mundo que es un fracaso, inequitativo, corrupto, ineficiente y destructivo.
En los capítulos quinto y sexto daremos una mirada a otros países diferentes a Colombia, en los que han surgido liderazgos radicalmente opuestos a la izquierda y que, de alguna manera, equilibran la balanza en América Latina. Por lo menos, ponen sobre el tablero otros discursos. No diré que son perfectos, ni los ideales para Colombia, aunque han demostrado que las políticas que implementan son más eficaces en la economía y la seguridad. Me referiré a los gobiernos de Javier Milei, Nayib Bukele y el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.
En el séptimo capítulo se abordará, sin ambigüedades, la posibilidad de que Gustavo Petro no tenga la menor intención de abandonar el poder en 2026. A pesar de haber afirmado públicamente que no buscará la reelección, sus actos, discursos y estrategias apuntan en otra dirección: ya sea para perpetuarse él mismo o para imponer, en cuerpo ajeno, a un sucesor que garantice la continuidad de su proyecto ideológico. Se analizan aquí las señales claras de un intento de prolongar su mandato por vías legales o ilegales, disfrazadas de participación ciudadana o poder constituyente, y cómo su gobierno ha venido minando los frenos institucionales que impiden la concentración autoritaria del poder. Este capítulo es una alerta necesaria sobre lo que puede estar en juego en las elecciones de 2026.
Por último, pero no menos importante, he tenido especial cuidado en incluir al final las referencias que dan sustento a cada evento, situación o afirmación que he mencionado.
Colombia merece algo mejor. Ya vimos cómo fue el desayuno, y gracias a ello, sabemos cómo será el almuerzo. Y como sabemos que no queremos terminar como Venezuela o Cuba, por más "sabroso" que nos lo pinten en las redes sociales, a punta de tendencias desde Rusia y China, lo único cierto es que Colombia no merece caer en las garras de las dictaduras "democráticas" de la región y que, más bien, los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua deben terminarse para que más de cuarenta millones de latinoamericanos recuperen por fin su libertad.
María Andrea Nieto Romero
Octubre 26 de 2025
1 Por ejemplo, en su autobiografía (Petro, G. 2021), no hay una sola referencia que sustente o dé algo de veracidad a sus afirmaciones, y muestra el talante mesiánico, grandilocuente, mentiroso y contradictorio de su autor.
2 Por citar otro ejemplo, en la alocución presidencial (Presidencia de la República - Colombia, 2025b) y Consejo de Ministros (Presidencia de la República - Colombia, 2025c) que se llevó a cabo el 16 de julio de 2025, Petro descalificó a gobiernos anteriores ya su propio gabinete.
3 La Corte Suprema de Justicia adelanta siete procesos contra el hoy ministro de Interior, Armando Benedetti, como fue revelado, entre otros, en El Tiempo (Quevedo, 2025a). Por su parte, Roy Barreras se ha visto envuelto en varios escándalos, como fue reseñado, entre otros en Pares (2025).
4 El Mono Jojoy murió como consecuencia de la operación Sodoma en 2010 (FAC, 2010); Alfonso Cano, por su parte, murió en la operación Odiseo en 2011, como fue reportado por medios locales e internacionales, entre otros, El Espectador (2011).
5 A agosto 1 de 2025, y de acuerdo con Indepaz (s.f., a),se habían reportado 41 masacres en Colombia con un saldo de 120 víctimas mortales. También, se reportaron en el mismo periodo, un totalde93 líderes sociales asesinados (Cfr. Indepaz, s.f., b).
6 Para el caso de Cuba, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (2023) y Amnistía Internacional (2024a) han documentado las múltiples violaciones a los derechos humanos en el país. En el caso de Venezuela, Amnistía Internacional (2024b) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2024a) han reportado los sistemáticos abusos y violaciones a los derechos de los ciudadanos. Para Nicaragua, el mismo Alto Comisionado (2024b) y Amnistía Internacional (2024c) han alertado respecto de las graves violaciones a los derechos humanos y las libertades individuales.
7 El 1 de mayo de 2025, Gustavo Petro radicó en el Senado de la República la propuesta de consulta popular que incluía 12 preguntas relacionadas con las reforma laboral (Presidencia de la República - Colombia, 2025e), y luego una segunda propuesta con 16 preguntas, incluyendo cuatro adicionales sobre temas laborales (Presidencia de la República - Colombia, 2025f). El Senado de la República (2025) negó la consulta popular, por lo que el Gobierno expidió el Decreto 639 de 2025, "Por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones"(Alcaldía de Bogotá, 2025a), el cual fue suspendido por el Consejo de Estado (Alcaldía de Bogotá, 2025b), y luego retirado por el Gobierno, mediante el Decreto 703 de 2005(Alcaldía de Bogotá, 2025c).
8 Distintos medios de comunicación han revelado la vida de lujo y derroche en la que viven los dictadores y sus familias: Díaz-Canel (Cibercuba, 2025; ADN Cuba, 2024); Nicolás Maduro (Infobae, 2019), y Daniel Ortega (Medina F., 2022).
