LA "MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA" DEL PSOE Y DE LA EXTREMA IZQUIERDA LIBERTICIDA

La "memoria histórica y democrática" 

del PSOE y de la extrema izquierda

Arnaud Imatz

En los últimos 15 años, el uso de la historia con nes políticos se ha convertido en la marca indeleble del Partido Socialista Español (PSOE) y de los partidos de extrema izquierda o criptocomunista (unidos hoy bajo las siglas PodemosIzquierda Unida). Los mismos hechos son evocados sin cesar por las autoridades políticas y los grandes medios de comunicación: la represión "franquista" contra la izquierda durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por otro lado, se describe subrepticiamente (o se pasa por alto) la represión de la derecha por la izquierda. Esta obsesión por la justicia vengativa provoca una extraña sensación por parte de los observadores extranjeros: una mezcla de asombro, perplejidad y altanera condescendencia o compasión que lamentablemente no deja de nutrir la vieja e indestructible leyenda negra (hablo por experiencia propia con hispanistas alemanes, franceses y anglosajones). 

La historia se ha convertido en algo sospechoso y ha sido reemplazada por la "memoria histórica y democrática". Esta se basa sobre las memorias individuales y subjetivas, no se ocupa de explicar y comprender, sino de discriminar, condenar y denunciar. Y a lo largo de los años, esta ideología memorialista se ha ido endureciendo. 

Tras la dictadura de Franco, entre 1976 y 1982, dos principios animaron "el espíritu de la Transición democrática": el perdón mutuo y la concertación o el dialogo entre el Gobierno y la oposición. No se trataba de olvidar el pasado, sino de superarlo y de mirar resueltamente hacia el futuro. No había entonces una "amnesia voluntaria", como les gusta decir o insinuar a las autoridades de hoy, ni un "pacto de silencio". Por el contrario, la Transición democrática se basó en la perfecta conciencia de los fracasos del pasado y en la voluntad de superarlos. No se trataba de imponer silencio a los historiadores y periodistas, sino de dejarles debatir; se trataba de negarse a dejar que los políticos se ocuparan del tema para sus luchas partidistas. Así que no hubo olvido sino, por el contrario, una especial atención a la historia y un impresionante número de publicaciones, probablemente como nunca había habido antes. 

Pero a partir de los años noventa y, en particular, a partir de la campaña electoral de 1993, la actitud del Partido Socialista cambió. Una oleada de cultura neo-socialista y postmarxista pronto abrumó al país. La historia maniquea de los primeros años del régimen Franco (no totalitario, pero claramente autoritario), que se creía definitivamente enterrada, resurgió, pero en una forma diferente y bajo un signo distinto. 

Con la Ley de Memoria Histórica de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero, se dio un nuevo impulso al argumento de la "memoria histórica" y poco a poco se fue instaurando en el país un verdadero ambiente de preguerra civil. En diciembre de 2018, el grupo parlamentario socialista presentó al Parlamento un nuevo proyecto de ley para reformar y ampliar la ley de 2007. En su primer proyecto, este proyecto de ley preveía la creación de una Comisión Técnica para la Memoria Democrática (rebautizada como Consejo de la Memoria en 2019), compuesta por representantes de entidades públicas y asociaciones de “memorialistas”, encargada de vigilar la correcta aplicación de la ley, es decir, hablando sin eufemismos, de decir la verdad histórica. También preveía multas de hasta 100.000 euros, penas de prisión de hasta cuatro años, la destrucción de obras publicadas y la inhabilitación, por un período de hasta diez años, de los declarados culpables. Por suerte, esta monstruosidad antidemocrática ha sido revisada y hasta la fecha una nueva versión aparentemente "más suave" está a la espera de ser examinada y votada por los parlamentarios. 

Contrariamente a lo que pretende el reciente titular del periódico parisino Le Monde (2 de marzo de 2020), no es la prohibición del culto a Franco lo que divide a España, sino la definición, el significado y la extensión que el nuevo proyecto de ley de la memoria pretende dar a "la apología del franquismo". Es realmente singular y preocupante ver a los partidos de izquierda que se han vuelto amnésicos presentar un proyecto de ley supuéstamente democrático que es básicamente un paso hacia una especie de gestapismo, de sociedad orwelliana o de sovietismo blando. Es sorprendente ver a los partidos de izquierda que fingen ser fieles al legado democrático de la Segunda República mientras olvidan u ocultan su propia "memoria histórica" antidemocrática. 

¿Cómo se puede olvidar la responsabilidad de las izquierdas en el origen de la Guerra Civil, cuando se sabe que el mito revolucionario de la lucha armada era compartido por todas ellas? ¿Cómo se puede olvidar que el PSOE bolchevizado, el Partido Comunista y los anarquistas consideraban la democracia liberal como solo un medio para conseguir sus fines: la "democracia popular" o el Estado socialista? ¿Cómo se puede olvidar el uso de la violencia política del PSOE durante el “putsch” o golpe de Estado de octubre de 1934 contra el gobierno liberal-centrista del radical Alejandro Lerroux, líder de un partido que contaba muchos masones en sus filas? ¿Cómo se puede olvidar que durante las elecciones del Frente Popular en febrero de 1936, 50 escaños de la derecha fueron invalidados y entregados al Frente Popular para que este tuviera la mayoría? 

¿Cómo se puede olvidar que el Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, considerado demasiado conservador, fue destituido "en violación de la Constitución" después de un verdadero "golpe de Estado parlamentario", según sus propias palabras? ¿Cómo olvidar el terror en las calles (más de 300 muertos en tres meses), la marginación y la exclusión de la oposición parlamentaria en junio? ¿Cómo olvidar que la sublevación militar del 18 de julio de 1936 fue apoyada no sólo, como hoy se dice, por monárquicos y falangistas, sino también por el conjunto de la derecha liberal y el centro (el dirigente de la derecha liberal la CEDA Gil Robles y el líder del partido radical Alejandro Lerroux le dieron claramente su apoyo)? ¿Cómo olvidar que los padres fundadores de la República, los intelectuales Marañón, Pérez de Ayala, Ortega y Gasset, o Unamuno - mal que le pase a Alejandro Amenábar -, los verdaderos liberales y demócratas de la época, se opusieron al Frente Popular y eligieron el campo nacional? ¿Cómo olvidar que las exacciones y ejecuciones extrajudiciales durante la Guerra Civil fueron tan terribles, numerosas y lamentables en un lado como en el otro? 

¿Por qué difundir la idea de que desde el inicio de la instauración de la democracia los españoles han sido incapaces de asumir y superar el pasado, que la Transición fue un acto de cobardía y que la derecha sigue siendo esencialmente franquista? ¿Por qué deslegitimar el proceso de democratización de España y socavar los fundamentos de la Constitución de 1978? ¿Por qué no dejar que los muertos entierren a los muertos? En 1547, después de tomar la ciudad de Wittenberg, Carlos V visitó la tumba de su más duro enemigo Martín Lutero. Algunos asesores le sugirieron que quemara los restos del "hereje". Magnánimamente, como lo son los grandes políticos, el emperador respondió: "Ha encontrado a su juez. Hago la guerra a los vivos, no a los muertos". 

El historiador de la Guerra Civil no puede suscribir una empresa de odio, venganza y demolición. Sabe muy bien que no hay que confundir los orígenes y antecedentes de la Guerra Civil con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, ni la Guerra Civil con la dictadura de Franco; que todos estos son hechos muy distintos y que, como tales, pueden ser juzgados e interpretados de maneras muy diferentes. 

Confundiendo todo, hundiéndonos en la amalgama, nos condenamos a no entender nada. De manera adecuada, el artículo 16 de la Constitución de 1978 garantiza la libertad de expresión, la libertad ideológica y la libertad de culto sin más restricciones posibles que las derivadas del mantenimiento del orden público protegido por la ley. Esperemos que los parlamentarios lo recuerden a la hora de examinar y votar este nuevo proyecto de ley, tan antidemocrático y obscurantista, tan radicalmente incompatible con lo que son o deberían ser “los valores de la Unión Europea”.