EL Rincón de Yanka: TEORÍA PURA DE LA REPÚBLICA DE ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO

«Para que existiera verdadera opinión pública se necesitaría ‒dice Antonio García-Trevijano‒ que tuviera la naturaleza de criterio, no la de simple creencia, y, en segundo lugar, que fuera la opinión del público, no la difundida por opiniones privadas en el público. Esas condiciones hacen muy difícil que exista auténtica opinión pública. La que pasa por tal es la opinión hegemónica de la información dominante, repetida como un eco de la desinformación actuante.»

La ausencia de libertad de pensamiento, como consecuencia del consenso partidocrático y de su secuestro por obra de los medios de comunicación pertenecientes al monopolio estatal y al oligopolio privado puesto a su servicio, explica, a nuestro entender, la insuficiencia a la que se refiere el autor de la Teoría pura de la República.

"La cleptocracia partitocrática quiere unos vasallos amorales y corruptos para seguir sometiéndoles ". Yanka

"Mi libertad no termina cuando empieza la libertad del otro; más bien, empieza con la libertad del otro. No puedo ser libre si tú no lo eres". Antonio García-Trevijano

Teoría Pura de la República es un afinado análisis de pensamiento político -abarca desde la Revolución Francesa a nuestros días- que posee fundamentos teóricos y propuestas concretas, huyendo, por tanto, de las abstracciones y de la utopía.

“Sin antecedentes doctrinales y sin pensadores de referencia, la Teoría Pura ha tenido que observar y contrastar los hechos de evidencia y de experiencia, repetidos sistemáticamente en todos los Estados de partidos, para llegar a la conclusión de que las razones del fracaso moral, político y cultural de éstos son congénitas e institucionales. La causa es debida a dos hechos decisivos: ausencia de libertad política colectiva y falta de representación de la sociedad ante el Estado. La libertad política está secuestrada por los partidos estatales, únicos agentes y gestores del monopolio político de la representación (de sí mismos), comportada por el sistema proporcional de listas de partido”.

La democracia formal no es sinónimo de libertad. Antes bien, puede convertirse en una oligarquía tan poderosa, corrompida y asfixiante como pocas tiranías. Antonio García-Trevijano se ha distinguido siempre por su compromiso irrenunciable con la libertad política real y concreta. Para ello aboga por unas instituciones definidas y operantes, respaldadas por una Constitución tan clara, sencilla y expresa como sea posible, y por un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad civil, consciente de que el ejercicio del poder es posible gracias a la cesión del mismo por su parte.

Sobre el autor

Antonio García-Trevijano es un político y pensador republicano, destacado por su lucha en pro de la libertad. En 1974 fue el coordinador y redactor del manifiesto de la Junta Democrática de España. Posteriormente, tuvo un papel relevante en la fusión de ésta con la Plataforma de Convergencia, dando lugar a la famosa Platajunta. En 1977 fundó la revista Reporter. Ha publicado numerosos artículos en los principales periódicos de España. Es, además, autor varios libros sobre pensamiento político, entre los que se encuentran, El discurso de la República, Frente a la gran mentira o Pasiones de servidumbre.

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PRINCIPIOS PARA EXIGIR UNA
VERDADERA DEMOCRACIA

Movimiento Ciudadano hacia la
República Constitucional (MCRC)

I. Porque los seres humanos no nacen iguales en capacidad física y mental, ni en condición social, la Sociedad y el Estado deben garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades.

II. Porque existe un imperativo moral en todas las conciencias, es condenable el oportunismo personal, social y político.

III. Porque los individuos no pueden desarrollar sus vocaciones ni sus acciones fuera del contexto social, la lealtad es fundamento de todas las virtudes personales y sociales.

IV. Porque los españoles padecen temores derivados de su tradicional educación en el Estado autoritario, sólo la valentía personal puede crear la fortaleza de la sociedad civil frente al Estado.

V. Porque durante siglos (y sobre nuestro pecado capital de LA ENVIDIA) se ha sacrificado y despreciado la inteligencia y el espíritu creador, apartándolos de los centros de enseñanza, del Estado y de los Partidos, esas facultades individuales han de organizarse para tener presencia activa en la sociedad civil.

VI. Porque la decencia constituye el decoro de la civilización, la sociedad civil debe civilizar a los Partidos y Sindicatos, sacándolos del Estado.

VII. Porque entre el Estado de Partidos y la sociedad civil no existe una sociedad política intermedia, la parte más civilizada de aquella debe orientar la formación de ésta, sin el concurso del Estado.

VIII. Porque la política afecta al universo de gobernados, si el lenguaje de políticos y medios comunicativos no es directo, correcto y expresivo del sentido común, disimula una falsedad o esconde un fraude.

IX. Porque no son legítimas las razones ocultas del poder político, siempre será ilegitima la razón de Estado.

X. Porque a la razón de gobierno sólo la legitima la libertad política de los que eligen el poder ejecutivo del Estado, son ilegítimos, aunque sean legales, todos los gobiernos que no son elegidos directamente por los gobernados y no pueden ser revocados por éstos.

XI. Porque la razón de la ley está en la prudencia de legisladores independientes, elegidos por los que han de obedecerlas, no son respetables, aunque se acaten, las leyes emanadas de Parlamentos dependientes del Gobierno.

XII. Porque la razón de la justicia legal está en el saber experto de una judicatura independiente del gobierno y del parlamento, no pueden ser justas ni dignas las resoluciones de una organización judicial dependiente de ambos poderes.

XIII. Porque la razón del elegido está en el mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector, es fraudulento el sistema proporcional de listas, que sólo representa a los jefes de partido.

XIV. Porque los medios de comunicación forman la opinión publica, no puede ser imparcial ni veraz la información controlada por un oligopolio de poderes económicos.

XV. Porque la corrupción es inherente a la no separación de los poderes estatales, sólo la puede evitar, con su separación, el recelo y la desconfianza entre sus respectivas ambiciones.

XVI. Porque las Autonomías fomentan los nacionalismos discriminadores o independentistas, deben ser compensadas integrándolas en la forma presidencial de Gobierno.

XVII. Porque las Autonomías fomentan gastos públicos improductivos, sus competencias susceptibles de ser municipalizadas deben de ser transferidas a los Ayuntamientos.

XVIII. Porque la Monarquía de Partidos carece de autoridad para garantizar la unidad de la conciencia española, y ha sido foco de golpes de Estado y corrupciones, debe ser sustituida por una República Constitucional, que separe los poderes del Estado, represente a la sociedad civil y asiente el natural patriotismo en la forma presidencial de Gobierno.

XIX. Porque la única razón de la obediencia política reside en el libre consentimiento de los gobernados, éstos conservan su derecho a la desobediencia civil y resistencia pasiva, sin acudir a la violencia, frente a todo gobierno que abuse del poder o se corrompa.

XX. Porque el pasado no puede ser revivido, sin imponerlo la fuerza del Estado, no es posible la restauración pacífica de la II República, cuya forma de gobierno parlamentario tampoco era democrática.

XXI. Porque el sistema de poder de las naciones europeas, ideado para la guerra fría, no es democrático, los españoles están obligados a innovar su cultura política para llegar a la democracia como regla formal del juego político.

PARA QUE HAYA DEMOCRACIA CONSTITUYENTE EN ESPAÑA SE REQUIERE:

1.- Separación de poderes: los ciudadanos eligen al poder Legislativo y al poder Ejecutivo directamente y por separado.

1.1.- Poder Legislativo: España se divide en cuatrocientas o cuatrocientas cincuenta circunscripciones electorales de cien mil o ciento veinticinco mil habitantes cada una. Mediante el sistema electoral mayoritario -a doble vuelta si fuese necesario-, sólo un representante por circunscripción sale elegido para la Asamblea Nacional -única cámara existente-.

1.2.- Poder Ejecutivo: una sola circunscripción, la Nación en su totalidad, para elegir al presidente de la República.

1.3.- Poder Judicial: desaparición del Tribunal Constitucional. La única y más alta instancia del Judicial es el Tribunal Supremo, que es elegido mediante sufragio restringido a los miembros de la judicatura.

1.4.- La independencia de los poderes queda, a grandes rasgos, asegurada por las siguientes reglas de juego:

El Ejecutivo puede vetar una ley aprobada por el Legislativo, para lo que tendrá que dimitir.

El Legislativo puede interponer una moción de censura al Ejecutivo, para lo que tendrá que disolverse.

Potestad de cualquier juez para declarar inconstitucional una ley. El recurso será automática y directamente elevado al Tribunal Supremo, que habrá de pronunciarse -no hay un órgano intermedio entre el juzgado y el Supremo-.

2.- Representación y participación de los ciudadanos: se asegura el derecho de los ciudadanos a elegir y deponer a sus representantes y gobernantes de la siguiente manera:

2.1.- Poder Legislativo: debe ser representativo de la sociedad, y las mónadas republicanas, circunscripciones electorales con el mismo número de representantes, así lo aseguran. ¿Cómo sería el proceso de elección? Mediante sistema electoral mayoritario, el representante ganador es investido en presencia de los aspirantes perdedores, alcaldes y demás fuerzas políticas de la mónada, en acto solemne. A partir de ahora, él representará a la mónada en la Asamblea y a aquélla regresará cada cierto tiempo para rendir cuentas de sus actuaciones. Los electores, con mandato imperativo, pueden revocar el nombramiento de su representante si éste no cumple las promesas de la campaña electoral o si es declarado culpable de algún hecho delictivo. Es la mónada la que paga el sueldo del diputado.

2.2.- Poder Ejecutivo: es el representante del Estado, elegido en circunscripción única. El Ejecutivo recaerá en dos figuras: el presidente de la República, con sus ministros, y una figura mediadora entre el Estado y la sociedad civil: el presidente de la Asamblea Nacional, a cuyo nombramiento podrá acceder cualquiera de los diputados del Legislativo que se postule y que será elegido entre ellos mismos mediante votación. Como vemos, la presidencia de la Asamblea se define como una institución mixta mediadora entre los que aprueban las leyes y quien la ejecuta. Así pues el presidente de la Asamblea tendrá la potestad de sancionar las leyes emanadas del Legislativo, no en nombre del Jefe de Estado -el presidente de la República- sino en el de la República misma. La intermediación se hará efectiva en el momento en que el devenir político se crispe por la confrontación ideológica. Así, por ejemplo, el presidente de la Asamblea puede vetar una ley; consecuentemente, el Legislativo elevará el conflicto al presidente de la República. Éste puede hacer dos cosas: o sancionar finalmente la norma aprobada o, siguiendo la iniciativa del presidente de la Asamblea, vetarla, para lo que tendrá que dimitir y disolver la Asamblea para que los ciudadanos diriman el conflicto creado. La idea que establece esta institución mediadora es que, así como el Estado no debe interferir en la propuesta y en la aprobación de las normas que han de regir a la Nación, la sociedad y sus representantes no deben intervenir en la eficacia de las leyes y su sanción, pues esta potestad únicamente pertenece al Estado.

3.- Los partidos políticos dejan de ser órganos estatales. Pasarán a financiarse con las cuotas de sus afiliados; las donaciones habrán de llevarse a cabo con luz y taquígrafos. El Estado sólo financiará -equitativamente- la campaña electoral.

4.- Municipios: el mismo sistema para los municipios. Separación del poder Legislativo -concejales- y el poder Ejecutivo -alcaldes-. Ambos accederán mediante elecciones distintas y con sistema electoral mayoritario.

5.- Distribución territorial: las competencias básicas de gobierno -fiscalidad, educación, sanidad, fuerzas del orden y justicia- pasan a depender del Estado central. Las actuales Comunidades Autónomas sobreviven como demarcaciones judiciales y/o administrativas. Las tres comunidades lingüísticas conservarán sus Parlamentos, pero no el Ejecutivo. Es una solución intermedia -al estilo del parlamento escocés o galés- entre el centralismo absoluto -que no ha dado buenos resultados- y el dislate autonómico actual -que los ha dado peores-. Los nacionalismos no serán erradicados, obviamente, pero tendrán la justa fuerza que los ciudadanos quieran darles. La mayoría de las competencias que actualmente tienen las Comunidades Autónomas -excluyendo las cinco mentadas más arriba- pasarán a los ayuntamientos.

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LO QUE DEBE Y NO DEBE HACERSE CON LA LIBERTAD

EL MUNDO. MARTES 18 DE OCTUBRE DE 1994

ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO

España es un pueblo de traidores, un pueblo de pícaros sin sentido del honor

¿Cuál es el principal problema de España?

La cobardía y que es un pueblo de traidores, un pueblo de pícaros sin sentido del honor. Todo se explica con la Guerra Civil. Clausewitz dijo que la guerra es la continuación de la política con otros medios, pero hay otro axioma mejor: la política es la guerra por otros medios. ¿No es acaso la Monarquía una continuación de la Guerra Civil por otros medios? ¿No fue el 23-F la continuidad de la Guerra Civil por otros medios? ¿Hay alguien informado en España que no sepa que el golpe de Estado lo montó el Rey? ¿No es el independentismo una consecuencia de la Guerra Civil, de la represión posterior?

HABLAR de España en una tribuna pública ha estado vedado a los españoles desde que el poder residual de la dictadura les otorgó la gracia de las libertades. Decir la verdad sobre España como hecho nacional, en esta transición inacabada de la dictadura a la libertad política, es un acto de subversión de los valores. Tan escandaloso era decir antes que aquello era una dictadura nacionalista como decir ahora que esto es una oligarquía apátrida. Las reacciones de rechazo social son las mismas. Y, sin embargo, aquello era una dictadura y esto no es una democracia. Aquello, una nación infamada y esto, una infamia nacional.

Si me decido a romper el imprudente silencio que reina en España sobre la cuestión de España, no es debido a que vea mejor que otros la gravedad del peligro que le acecha como nación, o a que no vea los riesgos personales que entraña su denuncia, sino a la sola circunstancia de que otro, pudiendo y debiendo hacerlo antes que yo, no lo ha roto. Hablaré, pues, en voz alta de España; no de esta o de aquella idea de España, sino del puro hecho nacional de España.

Porque el hecho nacional de España, dígase lo que se diga, es una realidad independiente de la libertad o la conciencia que tengamos para afirmarlo o negarlo. Esta realidad fue ayer tan maltratada por la dictadura, sin libertad, como hoy lo está siendo, con libertades, por la Monarquía. El solo dato de que el nombre de España pueda ser impuesto o depuesto del discurso público por la coacción social, según sea el régimen político, prueba la identidad coactiva de las dos falsedades nacionales de España: la franquista y la juancarlista.

Gracias a ellas se ha extendido la opinión de que España no es una realidad objetiva, que se puede ver, tocar y contar sino una idea subjetiva fabricada por el consenso de las clases dominantes, sobre un destino de pseudograndeza nacional o sobre un proyecto de pseudomodernidad regional. Como si el ser español, que es un hecho de existencia histórica y no sólo de experiencia generacional, tuviera necesidad de ser reconocido o negado por la circunstancia política, por la ausencia o la presencia de las libertades populares. Al parecer, España lo era todo antes, sin ellas. Y ahora parece que no es nada, con ellas.

Ambas falsedades ideológicas sobre el hecho nacional -la franquista y la juancarlista- obedecen a un mismo empeño político de identificar a España, mediante un consenso de los poderosos, con la fórmula de su poder en el Estado. Bien sea con la versión dictatorial de un destino histórico, o bien sea con la diversión oligárquica de un proyecto sugestivo. Ambos ideogramas amputan la realidad social y temporal de España, estampándose en cada una de las grotescas caras de esa falsa moneda nacional, fabricada con ilusas esperanzas y despropósitos morales, que las clases dirigentes acuñan y ponen en circulación para fomentar el miedo social sobre el que edifican sus bastardas ambiciones.

Moneda falsa que seguirá circulando mientras no tomemos la precaución de eliminar, con otras pasiones de orden superior, esas bajas pasiones de miedo injustificado y ambición desaforada que producen el más nefasto de los criterios humanos para ordenar la sociedad política por medio de la libertad: el criterio de que la libertad del Estado, el poder, se utilice para lo que en modo alguno debe hacer, es decir, para alterar la integridad social y territorial de la nación, o la de su propia historia; y el criterio de que la libertad ciudadana se prohíba para lo que más utilidad puede reportar a la sociedad, es decir, para constituir y destituir al poder político en el Estado.

Miedo, ambición y libertad. He aquí tres palabras cargadas de significados culturales y de emociones sociales, que deben ser depuradas de toda ambigüedad conceptual, para poder apreciar el verdadero sentido y la fiel exactitud de la idea expresada, con ellas, sobre ese torcido criterio político que ha dictado a los españoles la constitución de una oligarquía partidista en el Estado y la manipulación ahistórica de su realidad nacional.

El miedo colectivo, cuyo estudio era hasta hace poco tiempo un tabú entre historiadores y ensayistas, es una pasión universal muy distinta de la cobardía individual. Cuando el miedo de muchos está justificado por un peligro real, actúa de acicate y estímulo para todas las facultades mentales. La realidad del peligro impone siempre la necesidad de realismo en el pensamiento crítico y en la acción colectiva de defensa. Pero el miedo producido por una situación de peligro imaginario, largo tiempo entretenida en el espíritu público por la propaganda, dispara la fantasía social hasta el absurdo y embota las capacidades de percepción de lo real. Son las pesadillas de la mente, no los sueños de la razón, las que producen acciones monstruosas. La irrealidad del peligro determina siempre la irrealidad del criterio de conducta y la desproporción de las medidas adoptadas para enervarlo.

El poder establecido en el Estado pone en marcha este ciego mecanismo social, desencadenándolo con la propagación de un miedo injustificado, cada vez que un peligro real amenaza las bases de su legitimidad. Dicho de otro modo, cuando se propaga el temor social a un peligro inexistente es porque la clase o el partido gobernante están en peligro real de perder el poder. Y echando sobre el pueblo el miedo propio consiguen una nueva legitimación para seguir dominándolo. Esto sucedió al final de la dictadura, con la cínica propaganda de un peligro irreal de guerra civil, para justificar el consenso moral de la transición contra la ruptura democrática de la «dulce» tiranía. Y esto mismo vuelve a suceder ahora, con la propagación de conjuras imaginarias, cuando el régimen de la transición está en trance de perecer, porque sin riesgo alguno de guerra civil, ni de comunismo o fascismo, ha desaparecido el temor a la libertad política del pueblo, único motivo real del miedo que ha embargado a la clase dirigente española durante todo el siglo XX.

La ambición política es una pasión legítima, con total independencia de que vaya acompañada de egoísmo o desprendimiento personal, siempre que se desarrolle dentro de un fuero externo.

La ambición política requiere sujetarse, a causa de su evidente peligrosidad social, a un fuero especial definido por la coherencia entre la idea y la acción, entre lo que se dice y lo que se hace, y por la identificación de la ambición personal con la del grupo, clase, región o nación en cuya promoción se apoya. La bastardía de las ambiciones se delata a sí misma por el uso de la mentira, el más grave de los vicios políticos, y por la subordinación de los intereses sociales al cargo o estatus logrado por la ambición personal gracias a ellos.

En este sentido, todas las ambiciones políticas desatadas por el pacto fundador de la transición, sin excepción alguna, han sido ambiciones desaforadas. Ninguna ha sido legítima porque todas han tenido que romper, para prosperar, el fuero externo que las dignificaba socialmente. Las que salieron de la legalidad franquista tuvieron que renegar de los principios a que habían jurado lealtad. Y las que emergieron de la oscura clandestinidad predemocrática abandonaron, de repente, todo lo que había dado justificación, durante décadas, a su dignidad política.

Basta constatar que la clase trabajadora se encuentra hoy más alejada del poder político y del poder social que cuando murió el dictador, y que el estatus de sus dirigentes ha subido, para saber que el Partido Socialista, el Partido Comunista y los sindicatos sacrificaron esos intereses sociales a la ambición personal de sus aparatos de entrar en el reparto patrimonial de los cargos y presupuestos del Estado, de los que han hecho su modo de vivir. Y todas las ambiciones se basaron, además, en la miserable mentira de la reconciliación nacional entre franquistas y demócratas para evitar una guerra civil imaginaria.

Con ese miedo infundado en la población y esas ambiciones desaforadas en la clase política es natural que el criterio de la transición haya sido:

a) emplear la libertad del Estado para diezmar a la nación, base de la potencia popular, multiplicando los cargos a repartir entre las espurias ambiciones,

y b) impedir que la libertad ciudadana pudiera ser usada para elegir y deponer a los gobernantes, imponiendo en el Estado un régimen de partidos oligárquicos, como si eso fuera la democracia. Una «democracia» que no puede elegir y controlar el poder del Gobierno, ni evitar la continua segregación de competencias del Estado para dar satisfacción a las ambiciones regionales. La desnacionalización de España y la corrupción del Estado de partidos están inscritas en ese veto de la Constitución a la verdadera libertad política de los ciudadanos, y en esa licencia concedida al Estado para modificar a su antojo la base nacional y el hecho histórico de España. Comparado con este daño incalculable, los perjuicios de la corrupción económica son despreciables.

La tarea de levantar esa prohibición constitucional de la libertad política a los ciudadanos da un fundamento actual a la causa democrática de la República presidencialista. Tratar de impedir que el poder del Estado pueda seguir decidiendo, en nombre de la libertad, sobre asuntos históricos excluidos de la voluntad de los gobiernos es la finalidad de la denuncia pública que hago del grave daño causado a la nación por la «estadolatría nacionalista», el «patriotismo de Constitución», el «patriotismo de Estado» y el «patriotismo de partido». Sentimientos bastardos que han suplantado, mediante un cínico consenso de traición a la causa democrática, el sentimiento español de la patria.

Desacostumbrados a la libertad, los españoles no han mirado el terreno que pisaban con ella. Y les ha sucedido que, creyendo estar liberándose de algo viejo, han permitido y festejado que los encadenen, con libertades sin tino, a la gótica costumbre de las servidumbres y vasallajes regionales. Porque hay cosas que nos vienen dadas sin libertad, como el oxígeno del aire que respiramos, y que podemos destruir con ella. Una de esas cosas es la nación. Difícil de definir pero fácil de identificar y de sentir. Sobre todo, cuando sufre. Y nadie podrá negar que España está hoy sufriendo, como nación, el gran malestar de su propia identidad existencial. Y lo más triste es que se trata de un mal innecesario, causado por la imprudencia de las ambiciones de la fronda partidista en el uso indebido de la libertad para lo que no es de su incumbencia.

Conviene, pues, empezar la reflexión sobre nuestra nación meditando acerca del escaso papel que ha desempeñado la libertad de los españoles en su nacimiento y conservación, y acerca del peligro que entraña el juego liberal de la oligarquía política con las realidades nacionales.

Este artículo es un amplio extracto de la introducción del libro de Antonio García-Trevijano «Del hecho nacional a la conciencia de España o el discurso de la República».