UN ANÁLISIS ACERCA DE LOS PELIGROS DE AUPAR LA VOLUNTAD POPULAR POR ENCIMA DE LEYES E INSTITUCIONES
Definido como la doctrina política que se proclama defensora de los intereses y aspiraciones del pueblo, el populismo punitivo ha penetrado con fuerza arrolladora en los espacios de la justicia y so pretexto de sosegar los efectos de la inseguridad ciudadana y de la poca confianza en la efectividad del aparato judicial, ha logrado expandir el derecho penal, desquiciar el sistema de juzgamiento, socavar el espíritu garantista de las normas y acomodarlo a interpretaciones arbitrarias y restrictivas, ostensibles en la actuación de un amplio sector de fiscales y en las desconcertantes providencias de algunos jueces y magistrados.
Populismo penal es el terrorismo judicial que amenaza al defensor que se opone a los desafueros; que intimida al fiscal que archiva o impetra preclusiones; que procesa disciplinaria y/o penalmente al juez constitucional que cumple a cabalidad su sagrada misión. Populismo es derecho penal del enemigo y al enemigo hay que inocuizarlo a cualquier precio.
La crisis del bipartidismo ha supuesto la irrupción en nuestro país de nuevos partidos políticos, algunos de marcado carácter populista, cuyos líderes no dudan en atribuirse la representación del «la gente», de la voluntad popular, como excusa para instrumentalizar en su beneficio las instituciones y cuestionar la legitimidad del Estado democrático y liberal de Derecho.
Al contrario de otros movimientos populistas anteriores en los que la revolución popular antecedió al cambio legislativo, el de nuevo cuño parece haber asumido que la ley puede ser la mejor herramienta revolucionaria para propiciar el cambio social.
Actualmente vivimos inmersos en un proceso de ideologización del Derecho Penal que los populistas excusan en la protección de identidades colectivas, principalmente el género (sexo) y la idiosincrasia nacional. En torno a la erróneamente llamada «violencia de género» y las actuaciones delictivas cometidas por inmigrantes se ha generado una alarma social impostada y sobredimensionada políticamente, que no se corresponde con su escasísima incidencia a nivel estadístico, pero que revela que la pretensión de sus respectivos agitadores no es solventar un problema real, sino convertir la identidad colectiva en un arma de agitación social y en un catalizador para subvertir el Estado de Derecho.
Con un lenguaje claro, que permite su comprensión tanto a juristas como a personas legas en Derecho, Guadalupe Sánchez analiza ambas vertientes identitarias, con el objetivo de facilitar al lector tanto la identificación de los discursos populistas contemporáneos que intentan imponer su visión manipulada de la voluntad popular sobre la ley, como el conocimiento de las herramientas jurídicas de las que pretenden hacerse valer para destruir el sistema desde sus cimientos.
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