PROPUESTA PARA LA GENERACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA DEMOCRACIA DE DON ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO

PROPUESTA PARA LA GENERACIÓN 
Y CONSTITUCIÓN DE LA DEMOCRACIA DE 

DON ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO

1.- Separación de poderes: los ciudadanos eligen al poder Legislativo y al poder Ejecutivo directamente y por separado.

1.1.- Poder Legislativo: España se divide en cuatrocientas o cuatrocientas cincuenta circunscripciones electorales de cien mil o ciento veinticinco mil habitantes cada una. Mediante el sistema electoral mayoritario -a doble vuelta si fuese necesario-, sólo un representante por circunscripción sale elegido para la Asamblea Nacional -única cámara existente-.

1.2.- Poder Ejecutivo: una sola circunscripción, la Nación en su totalidad, para elegir al presidente de la República.

1.3.- Poder Judicial: desaparición del Tribunal Constitucional. La única y más alta instancia del Judicial es el Tribunal Supremo, que es elegido mediante sufragio restringido a los miembros de la judicatura.

1.4.- La independencia de los poderes queda, a grandes rasgos, asegurada por las siguientes reglas de juego:

El Ejecutivo puede vetar una ley aprobada por el Legislativo, para lo que tendrá que dimitir.

El Legislativo puede interponer una moción de censura al Ejecutivo, para lo que tendrá que disolverse.

Potestad de cualquier juez para declarar inconstitucional una ley. El recurso será automática y directamente elevado al Tribunal Supremo, que habrá de pronunciarse -no hay un órgano intermedio entre el juzgado y el Supremo-.

2.- Representación y participación de los ciudadanos: se asegura el derecho de los ciudadanos a elegir y deponer a sus representantes y gobernantes de la siguiente manera:

2.1.- Poder Legislativo: debe ser representativo de la sociedad, y las mónadas republicanas, circunscripciones electorales con el mismo número de representantes, así lo aseguran. ¿Cómo sería el proceso de elección? Mediante sistema electoral mayoritario, el representante ganador es investido en presencia de los aspirantes perdedores, alcaldes y demás fuerzas políticas de la mónada, en acto solemne. A partir de ahora, él representará a la mónada en la Asamblea y a aquélla regresará cada cierto tiempo para rendir cuentas de sus actuaciones. Los electores, con mandato imperativo, pueden revocar el nombramiento de su representante si éste no cumple las promesas de la campaña electoral o si es declarado culpable de algún hecho delictivo. Es la mónada la que paga el sueldo del diputado.

2.2.- Poder Ejecutivo: es el representante del Estado, elegido en circunscripción única. El Ejecutivo recaerá en dos figuras: el presidente de la República, con sus ministros, y una figura mediadora entre el Estado y la sociedad civil: el presidente de la Asamblea Nacional, a cuyo nombramiento podrá acceder cualquiera de los diputados del Legislativo que se postule y que será elegido entre ellos mismos mediante votación. Como vemos, la presidencia de la Asamblea se define como una institución mixta mediadora entre los que aprueban las leyes y quien la ejecuta. Así pues el presidente de la Asamblea tendrá la potestad de sancionar las leyes emanadas del Legislativo, no en nombre del Jefe de Estado -el presidente de la República- sino en el de la República misma. La intermediación se hará efectiva en el momento en que el devenir político se crispe por la confrontación ideológica. Así, por ejemplo, el presidente de la Asamblea puede vetar una ley; consecuentemente, el Legislativo elevará el conflicto al presidente de la República. Éste puede hacer dos cosas: o sancionar finalmente la norma aprobada o, siguiendo la iniciativa del presidente de la Asamblea, vetarla, para lo que tendrá que dimitir y disolver la Asamblea para que los ciudadanos diriman el conflicto creado. La idea que establece esta institución mediadora es que, así como el Estado no debe interferir en la propuesta y en la aprobación de las normas que han de regir a la Nación, la sociedad y sus representantes no deben intervenir en la eficacia de las leyes y su sanción, pues esta potestad únicamente pertenece al Estado.

3.- Los partidos políticos dejan de ser órganos estatales. Pasarán a financiarse con las cuotas de sus afiliados; las donaciones habrán de llevarse a cabo con luz y taquígrafos. El Estado sólo financiará -equitativamente- la campaña electoral.

4.- Municipios: el mismo sistema para los municipios. Separación del poder Legislativo -concejales- y el poder Ejecutivo -alcaldes-. Ambos accederán mediante elecciones distintas y con sistema electoral mayoritario.

5.- Distribución territorial: las competencias básicas de gobierno -fiscalidad, educación, sanidad, fuerzas del orden y justicia- pasan a depender del Estado central. Las actuales Comunidades Autónomas sobreviven como demarcaciones judiciales y/o administrativas. Las tres comunidades lingüísticas conservarán sus Parlamentos, pero no el Ejecutivo. Es una solución intermedia -al estilo del parlamento escocés o galés- entre el centralismo absoluto -que no ha dado buenos resultados- y el dislate autonómico actual -que los ha dado peores-. Los nacionalismos no serán erradicados, obviamente, pero tendrán la justa fuerza que los ciudadanos quieran darles. La mayoría de las competencias que actualmente tienen las Comunidades Autónomas -excluyendo las cinco mentadas más arriba- pasarán a los ayuntamientos.

Una Constitución (1978) para oligarcas, 

de Antonio García Trevijano 

El próximo viernes se cumplirán 35 años del mayor engaño sufrido por el pueblo español en toda su historia. Nos referimos a la llamada Constitución, que no es tal, sino en realidad la Ley Fundamental de la Monarquía de Partidos. En ella se establecen las directrices para vaciar de competencias al Estado central a través del reparto autonómico.

Para que ese reparto y el del inmenso botín económico que suponía se hicieran con normalidad, se necesitaba una ley electoral que, en lugar de ser representativa de la sociedad civil, lo fuera de los jefes de partido que hacen las listas. Y para no dejar ningún cabo suelto, impusieron en la Constitución la no separación de poderes estatales, poniéndolos en manos del ejecutivo. El poder legislativo y el judicial quedaban así sometidos al poder ejecutivo, lo que garantiza a este la total impunidad ante la corrupción, la malversación de fondos públicos, el nepotismo más absoluto y la prevaricación.

El primer agente de esta oligarquía, el rey Juan Carlos, traicionó a su padre y a Franco. La clase franquista traicionó a Franco para sobrevivir y participar en el reparto del botín con los nuevos allegados. Estos, la nueva clase política procedente de la ilegalidad, descubrirían de pronto que si también ella traicionaba a sus principios ideológicos, con los que había tenido que vivir pobremente en la sombra, también podrían participar del botín y enriquecerse sin riesgo alguno a costa de los demás.

El segundo agente, el presidente Suárez, fue tres veces traidor: traicionó los principios del Movimiento Nacional, a los españoles no permitiendo que alcanzaran la libertad política y a España, dividiéndola en diecisiete trozos, contrarios todos ellos a la realidad histórica y objetiva de la Nación. En el caso del PSOE de Felipe González, un diseño de partido de ‘izquierdas’ realizado por la CIA a través de Willy Brandt para frenar al comunismo, renegó de sus principios marxistas y desde el poder traicionó a la clase obrera en favor de las elites financiera y mediática. Miguel Boyer les entregó los monopolios públicos por la décima parte de su valor.

Con estos mimbres, la Carta Magna fue el resultado de un simple reparto de poderes entre traidores: a sí mismos, a la libertad política constituyente y a la unidad de España. La Constitución de 1978 ha destruido la unidad administrativa del Estado, la unidad de mercado, todas las referencias éticas en lo público y las morales en lo privado, ha aniquilado el sentimiento patriótico de España y suprimido la representación política de los ciudadanos.

Asesinos de la libertad

Los autores de este engendro son auténticos criminales de la paz, porque no hay mayor delito que el de matar las esperanzas de libertad de un pueblo que llevaba casi 40 años sin conocerla. Fue el asesinato de la libertad colectiva y el abuso sin medida de las libertades individuales por parte de los oligarcas. Los culpables visibles de esta traición a todo un pueblo fueron siete, queden sus nombres en la historia negra para vergüenza de sus descendientes y desprecio de las generaciones futuras, porque aunque eran sólo los ‘chicos de los recados’, ya que la Constitución les fue dictada, se prestaron a representar y avalar la farsa infame que supuso todo el proceso.

Gabriel Cisneros (UCD)

Miguel Herrero de Miñón (UCD)

José Pedro Pérez Llorca (UCD)

Gregorio Peces Barba (PSOE)

Miguel Roca (Pacto Democrático por Cataluña)

Jordi Solé Tura (Partido Comunista de España)

Manual Fraga (AP)

Los verdaderos artífices fueron sus jefes políticos, Adolfo Suárez por un lado, y Felipe González por otro, y más directamente sus respectivas manos derechas, Fernando Abril y Alfonso Guerra, que discutían y pactaban en secreto todo lo esencial, completamente al margen de los ciudadanos, a los que no se consideraba dignos de conocer cómo se estaba decidiendo su destino. En particular, pactaron la monarquía de partidos estatales, donde todo el poder se reparte en exclusiva entre las agrupaciones políticas, aunque el Rey siempre conservó el derecho de designar ministros por vía de pasillo.

En los artículos de contenido social, la Constitución trata cínicamente de convertir en norma obligatoria los simples deseos de bienestar. Los partidos estatales basaron su propaganda demagógica en estas simplezas utópicas que ninguna constitución seria puede albergar, pues son engaños siniestros. “Los españoles son iguales ante la ley”,mentira: el Rey, los partidos, y los jueces demuestran a diario este colosal engaño. “Todos los españoles tienen el derecho al trabajo y una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, mentira: las estadísticas millonarias de paro y pobreza evidencian tan escandaloso embuste.

“El derecho a una vivienda digna y adecuada”, mentira. Familias hacinadas en una sola habitación, sin agua ni electricidad, dos millones de ellas que viven en infraviviendas, según Cáritas, y más de 400.000 desahuciadas prueban no sólo la falsedad, sino la maldad de esta norma contraria a la normativa europea. “La independencia de la Justicia respecto a los órganos políticos”, mentira. PP y PSOE, sin recato ni vergüenza alguna, nombraron a los rectores de la judicatura para que los jueces no persigan la corrupción política. Somos un país arbitrario sin seguridad ni ordenamiento jurídico.

Al menos, el régimen de Franco cumplía las normas administrativas y civiles. Hay infinidad de pruebas, entre ellas, por ejemplo, la sentencia del Supremo que el abogado Trevijano ganó al Estado franquista y a la presión de Carrero Blanco logrando una fuerte indemnización (11.000 millones de euros en valor actual) por el cierre ilegal del diarioMadrid. Hoy eso sería inconcebible, ¿imaginan Uds. al actual Tribunal Supremo obligando a indemnizar al Estado con 11.000 millones de euros por el cierre ilegal de un periódico?

Los españoles ni siquiera pueden concebir el daño que está causando a nuestra economía la falta de seguridad jurídica. Otras mentiras escandalosas de la Constitución se comentan por sí mismas: “El Estado debe garantizar una redistribución de la renta más justa”, pero tenemos la más injusta de Europa; “ninguna autoridad podrá adoptar legislaciones para obstaculizar la libertad de circulación y establecimiento”, cuando todos los caciques locales lo hacen; “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado”, un rimero de mentiras y así todo lo demás.

“Los españoles estuvieron a la altura de las circunstancias”, afirmó cínicamente el Rey después de la aprobación de este engendro. Los españoles no estuvieron a la altura de nada, se comportaron como un rebaño de borregos que fueron a votar su propia ruina y la de sus hijos, haciendo lo que les dijeron los capos de la nueva mafia política oligárquica, un nuevo “vivan la caenas” en versión moderna.

(...)

A día de hoy, el Estado de las autonomías ha destruido la unidad de la conciencia de España; arruinado la economía nacional, destruido la clase media, que lo tiene más que merecido por ser el principal sostén de estos miserables; convertido en mileuristas o menos al 60% de los trabajadores ocupados y llevado a la pobreza y al hambre a mas de tres millones de españoles. Y lo único seguro para 2014 son nuevos recortes – pensiones, salarios y desempleo – y más injusticia social, mientras Gallardón y el ministro del Interior siembran las semillas de un regreso al autoritarismo y de un recorte, esta vez, de las libertades personales.

Don Antonio García-Trevijano

ARTICULOS DE ANTONIO GARCIA... by Fernando Go

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